Derechos que fluyen: Un análisis comparado de las prácticas de propiedad en torno al agua de riego en los códigos rurales de 1893 y 1915, Valles Centrales de Jujuy

NICOLÁS HERNÁNDEZ APARICIO

La Falda

Jornada; VI Jornadas Nacionales de Historia Social; 2017

Centro de Estudios Históricos "Carlos Segreti"-CONICET-AGENCIA

Para la segunda mitad del siglo XIX, en la provincia de Jujuy comenzó a ser notoria la intencionalidad del Estado de regular las formas de acceder al recurso hídrico, plasmado en una serie de disposiciones provinciales a partir de 1871, y que desde dicha fecha comenzarían a promulgarse con mayor regularidad. Anterior a dicho proceso, las formas de distribución del agua habían sido reguladas por diversas prácticas de propiedad, que no pocas veces, creaban un espacio rural altamente conflictivo por concepciones antagónicas sobre los derechos de uso y propiedad del agua para riego. Con la redefinición de los mercados regionales a finales del siglo XIX, y la llegada del ferrocarril a la provincia en 1891, las viejas propiedades hacendatarias iniciarían un proceso de subdivisión y de generalización del arriendo, creando formas indirectas de acceso a la propiedad. En dicho proceso los derechos sobre el agua se verían fuertemente atravesados, generando amplias disputas y litigios por su uso y posesión, que llevarían a las autoridades provinciales a legislar sobre su uso en 1893 con la promulgación del primer Código Rural. El objetivo de ésta ponencia es analizar dicho código, contrastando los postulados legales con las prácticas efectivas, para visualizar, desde una óptica crítica y no fetichista de la propiedad, las concepciones en pugna y que, en el largo plazo, creemos llevó a la transformación de las relaciones de producción en torno al agua de riego.En la misma línea, se realizará una comparación en el tiempo con el segundo Código Rural provincial de 1915, tratando de visualizar los grandes cambios, o no, que transcurrieron en los veintidós años que median entre uno y otro. Los expedientes gubernamentales y judiciales serán el principal sostén para evaluar los efectos prácticos de dicha normativa.