La experiencia del Consejo Nacional de Desarrollo en el gobierno de Onganía

GOMES GABRIELA

San Fernando del Valle de Catamarca

Jornada; XIII Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia; 2011

Universidad Nacional de Catamarca

A partir del derrocamiento de Perón en 1955, se abrió un período de dieciocho años en los cuales la tensión peronismo-antiperonismo desarrolló un "juego imposible". Argentina padeció una crónica inestabilidad política signada por la ilegitimidad de los gobiernos civiles y militares como consecuencia de la proscripción del Partido Peronista. Entre 1955 y 1973, cada vez que el peronismo era parcialmente legalizado y ganaba elecciones, le seguía una intervención militar tendiente a impedir su ingreso en el sistema político. Esta situación generó un creciente espiral de radicalización política que derivó en la formación de las organizaciones guerrilleras, las movilizaciones populares y la consolidación de la ideología represiva en las Fuerzas Armadas. El golpe de estado que puso fin al gobierno de Illía da comienzo a la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973). Hacia 1966, los militares tanto liberales, corporativistas como nacionalistas, en articulación con la Doctrina de la Seguridad Nacional compartían la misma hipótesis de guerra: el enemigo se hallaba dentro de las fronteras y era necesario eliminarlo, para lo cual había que desterrar la política y modernizar la economía. En ese contexto, la tarea de planificación del desarrollo y la seguridad fueron claves para el gobierno militar. Onganía preconizaba una reestructuración política, institucional y económica que corrigiera los "vicios de la democracia" generados por el populismo. Para ello, se reestructuró el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo), se creó el CONASE (Consejo Nacional de Seguridad), y el CONACYT (Consejo de Ciencia y Tecnología). Consideramos que tanto la creación de nuevas instituciones como la reestructuración del CONADE, formó parte de un plan mayor que tuvo como principal objetivo eliminar la política y estructurar la sociedad sobre la base de un Estado organizado, jerárquico y apolítico, en un intento por suprimir a las estructuras partidarias como intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. En este escenario, el proyecto era establecer una estructuración de la comunidad a través de grupos profesionales, y en la cual las formas de representación y participación fueran tuteladas por el Estado. De acuerdo a la visión corporativista e integrista de Onganía, el Estado debía estar organizado jerárquicamente y la sociedad tenía que ser estructurada y ordenada de forma corporativa según patrones que concretarían en todos sus niveles a una integradora arquitectura social. Se concebía la representación de clases y sectores sociales a través de organizaciones ajustadas a criterios técnicos y "apolíticos" de especialización funcional, jerárquicamente articuladas, que se relacionarían de forma desigual pero armónica para el logro de un interés común. El proyecto corporativista suponía que la participación sociopolítica se daría en consejos y comisiones, integrados por las organizaciones básicas de la comunidad (la familia, el sindicato y el municipio). Según este modelo, los municipios eran las instituciones básicas de la comunidad, en las que la ciudadanía podría participar y canalizar sus intereses y demandas. En este marco, se inscribe el objetivo de Onganía de "despolitizar" la sociedad mediante la supresión del parlamento y los partidos políticos, concebidos como sinónimo de divisiones y faccionalismos que atentaban contra la unidad nacional.