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Durante los últimos 20 años, el acceso a fuentes de agua potable fue reconocido por numerosos tratados internacionales y estados nacionales como un derecho humano inalienable (UN-Water 2012). Un hito importante en dicho proceso fue la declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre otros objetivos, por entonces la ONU se propuso ?garantizar la sustentabilidad ambiental? y ?erradicar la pobreza extrema? a nivel mundial, comprometiéndose a cumplir la meta de ?reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo? para 2015 (ONU 2000: 5). Cumplida esta meta antes del tiempo estipulado (UN-Water 2012), la ONU ratificó su compromiso, reconociendo explícitamente el derecho humano al agua potable (Resolución 64/292, ONU 2010) y renovó sus metas mediante la declaración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ONU 2015). En este caso, el organismo se comprometió a ?garantizar la disponibilidad universal de agua y su gestión sostenible? para 2030 (Ibídem: 2).Recientemente, países de América Latina incluyeron artículos referentes al derecho al agua potable en sus cartas magnas (Uruguay en 2007, Ecuador en 2008 y México en 2012) o sancionaron leyes nacionales para regular el sector de agua potable y saneamiento (tal es el caso de Brasil y Costa Rica). A pesar de este reconocimiento, gran parte de la población de América Latina aún carece de acceso al agua potable o accede a servicios deficitarios e irregulares (Pisarello 2013, Cáceres y Minaverry 2014). Así como en el resto del mundo, en el conjunto de la región la falta de acceso a dichos servicios es tanto más grave cuanto más pobres los sectores que la padecen (UN-Water 2012). Aunque Argentina se encuentra entre los países mejor posicionados en América Latina en materia de porcentajes de población servida por redes de agua potable, la distribución de dichas redes es muy desigual entre las zonas que componen el territorio nacional y entre los sectores sociales que habitan en ellas (CEPAL 2014). Incluso la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), el mayor conglomerado urbano del país, es un territorio de grandes contrastes (INDEC 2010). Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) -centro de la RMBA- se encuentra abastecida casi en su totalidad por redes de agua potable desde fines de 1920, los barrios en donde residen los sectores más pobres del Conurbano Bonaerense -periferia de la región- sufren serias dificultades para acceder a dichas redes (Catenazzi 2009, Cáceres 2013).El accesoal servicio de agua potable de red es notoriamente deficitario en los asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (Besana 2014, Besana, Grinberg, Gutiérrez 2015, Besana 2016, TECHO 2016). A éste se sumanlas dificultades que sufren quienes allí residen para acceder aotros servicios públicos:cloacas, energía eléctrica, gas, barrido, limpieza y recolección de residuos, etc.La falta o inadecuada provisión de servicios públicos se convierte en un agravante más de las condiciones ambientales queya de por sí presentan los asentamientos (Besana, Grinberg y Gutiérrez 2015). Factores de distinta índole someten a la población de asentamientos informales a condiciones de extrema pobreza y de alta degradación ambiental, dos problemáticas que se refuerzan mutuamente (Merlinsky et al. 2012). El bajo poder adquisitivo de amplios sectores populareslos obliga a asentarse en tierrascon poco o nulo valor comercial, mayormente en áreas inundables y/o expuestas a riesgosambientales tales como: contaminación por vuelcos industriales, descargas cloacales, basurales ?acielo abierto?, cursos de agua degradados, entre otros (Curutchet et al. 2012). En ese contexto, quienes residen en asentamientos suelen encontrarse en situación de pobreza energética y de injusticia ambiental respecto del resto de la población (Swyngedouw 2004).Desde el retorno de la democracia en 1983, tres gestiones, una de ellas privada y dos públicas, se hicieron cargo del servicio de agua potable en la RMBA. Además de hacerse cargo de la provisióny extensión del servicio en barrios formales, las tres gestiones implementaron diversas prácticas y políticas orientadas a facilitar el acceso al agua potable a quienes residen en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense -este sector de la población no paró de crecer desde el retorno de la democracia (Cravino et al. 2007). . Pese a ello, las dos primeras gestiones, pública hasta 1993 y privada desde entonces y hasta 2006, mostraron escasos logros en extender redes de agua potable en asentamientos informales (Catenazzi 2009). Cuando el estado nacional recuperó para sí la gestión del servicio de agua potable en 2006, autoridades nacionales y de la nueva empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) declararon concebir el acceso al agua potable como un derecho humano, adherir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (AySA 2006: 13) y priorizar la incorporación al servicio de áreas marginales y de población de bajos recursos (AySA 2006, 2011). A nivel agregado, los logros que ostenta AySA en la extensión de redes de agua potable no son para denostar (AySA 2015). Según varios expertos en el tema, esto parecería indicar que la empresa, efectivamente, se guía por una lógica de gestión basada en la concepción del acceso al agua potable como un derecho humano (Castro 2011, Rocca 2011, Azpiazu y Castro 2012, Merlinsky et al. 2012). No obstante, las disparidades entre los porcentajes de población servida en asentamientos informales y en barrios formales de la región continúan siendo enormes. Según los últimos datos de AySA disponibles, para 2015 el porcentaje de población servida por redes de agua potable en la RMBA se calculaba en aproximadamente 78% (AySA 2015). Por su parte, los últimos datos sobre provisión de agua potable en asentamientos informales arrojan que sólo un 12% de la población que reside en ellos accede al servicio por medio de conexiones formales (Techo 2016). De aquí en adelante veremos cómo los bajos porcentajes de provisión en asentamientos informales se relacionan, entre otras cosas, con las formas en que acceden al servicio de agua potable quienes allí residen. Para analizar dichas formas, que difieren de las formas en que acceden al agua potable quienes residen en barrios formales, este estudio se basa en un diseño de investigación que combina la realización de análisis etnográfico en un asentamiento informal del Conurbano Bonaerense con otras herramientas de recolección de datos (tales como entrevistas semi-estructuradas a funcionarios públicos e informantes clave, análisis de documentos públicos y de estadística descriptiva, entre otros). El trabajo de campo etnográfico, enfocado en el acceso al agua potable de un sector en particular, permite analizar elementos de la gestión del servicio que no pueden ser observados por análisis basados en datos a nivel agregado. Al respecto, veremos cómo el discurso en torno al derecho al agua potable construido por la empresa que gestiona el servicio desde 2006 no se lleva a la práctica en la extensión de las redes de agua potable en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense. Por el contrario, dicha extensión presenta una serie de continuidades con las formas en que se extendió el agua potable bajo las gestiones pública y privada que precedieron a AySA. En consecuencia, el capítulo trata de responder dos interrogantes que han sido poco indagados por la literatura: ¿De qué modos se accede al servicio de agua potable de red en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense? ¿Cómo se relacionan quienes residen en asentamientos informales con el estado para acceder a dicho servicio? Al respecto, este trabajo busca mostrarque la población de asentamientos informales accede al servicio de agua potable de red por medio de vías alternativas que requieren necesariamente de la participación directa de vecinos. En ese sentido, quienes residen en asentamientos informales se relacionan con el estado en calidad de ?socios?, puesto que, en gran medida, de ellos mismos depende acceder o no al servicio de agua potable.A diferencia de otros sectores de la población, estos no se relacionan con el estado en calidad de usuarios que obtienen la prestación del servicio de agua potable a cambio de una tarifa y tampoco lo hacen en calidad de ciudadanos a los que se les garantiza íntegramente el acceso al agua potable como un derecho, independientemente de su capacidad de pago. Como veremos más adelante,en los asentamientos ni elservicio de agua potablede redes prestado íntegramente por agencias del estado o empresas privadas ni los vecinos disponen del conjunto de los medios para acceder a él. En cambio, el estado se ?asocia? a ciertos vecinos, complementando su esfuerzo con algunos recursos, para que estos últimos procuren proveer el servicio a su comunidad. De ese modo, dichos vecinos son o se convierten en intermediarios entre el estado y las necesidades de agua potable de los asentamientos donde residen. A lo largo del capítulo, veremos cómo el tipo de intermediarios entre el estado y el barrio varía durante el período analizado (1983-2015). No obstante, todos ellos tienen en común el hecho de ser vecinos y agentes partidarios y/o estatales al mismo tiempo.En el apartado que sigue, este trabajo repasa cómo se fue extendiendo el servicio de agua potable en el territorio actual de la RMBA desde mediados del siglo XIX a 2015. Allí, podremos observar cómo, durante gran parte de su historia, el estado fue bastante más exitoso en extender el servicio en zonas centrales y/o de buen pasar que en zonas periféricas y/o de bajos ingresos. Esto último fue determinante para que muchos de los vecinos que residen en las últimas zonas busquen por sí mismos vías alternativas para acceder al servicio de agua potable. Luego, el apartado tres da cuenta de distintas prácticas y políticas focalizadas en la extensión del servicio de agua potable, específicamente, en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense entre1983 y 2015. Allí, se confronta la adopción del discurso sobre el acceso al agua potable como derecho humanocon las formas en que, efectivamente, accedieron al servicio de red vecinos de asentamientos informales. Para ello, se analizan documentos públicos, estadística descriptiva y el testimonio de funcionarios públicos vinculados a la gestión del servicio . El apartado cuatro reconstruye la experiencia y perspectiva de los propios vecinos de asentamientos informales del conurbano, a partir de un estudio etnográfico que ilustra dos formas en que vecinos de un asentamiento accedieron al agua potable en distintos años del período 1983-2015. Como veremos allí, los relatos etnográficos coinciden con algunas de las opiniones vertidas por funcionarios públicos, por lo que es de presumir que ilustran elementos generales de la provisión de agua potable en asentamientos informales del Conurbano, al tiempo que ilustran elementos que los funcionarios no mencionan. Este apartado, además, da cuenta de la importancia que adquieren los intermediarios que se involucran en el acceso al agua potable en asentamientos informales. Por el último, el capítulo finaliza con una serie de conclusiones.

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