La inclusión social de la agricultura familiar durante el período 2003-2015. Entre la mayor institucionalización y el nuevo objeto del desarrollo rural

FERNÁNDEZ LISANDRO

Santa Fe

Jornada; Las políticas publicas en tensión: entre la fragmentación y la integración del territorio; 2015

Centro de Estudios Urbanos y Regionales y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral

La siguiente ponencia tiene por objetivo analizar la inclusión social propuesta e implementada por las políticas públicas destinadas a los agricultores familiares en Argentina, durante el período 2003-2015.Desde el año 2003, el concepto inclusión social se difundió e inscribió como objetivo central de las políticas públicas. El mismo hace referencia a las políticas activas contra la exclusión caracterizadas por: i) un mayor grado de cobertura de los programas implementados, ii) la inserción en instituciones sociales y iii) el caracter muldimensional del bienestar social que persigue, buscando superar la concepción de pobreza entendida únicamente como insuficiencia de ingresos. Las políticas y nuevos derechos sociales implementados durante los últimos doce años abarcan a diversos sectores de la sociedad, entre ellos a la agricultura familiar (AF), aunque la inclusión social propuesta hacia ella representa similitudes y diferencias con respecto a los sectores urbanos, que merecen un análisis detallado.En efecto, desde el año 2004, principalmente por iniciativa regional de la órbita del MERCOSUR, la categoría ?Agricultura Familiar? se incorporó en la agenda pública ante la necesidad de darle un encuadre y un reconocimiento estatal al sector más vulnerable y a la vez más numeroso de la estructura social agropecuaria. La difusión en el ámbito público y académico del término expresa un heterogeneo conjunto de actores compuesto por pequeños productores, chacareros, medieros, campesinos, etc. La construcción de dicha categoría no está exenta de debate, y aún en la actualidad, se discute sobre sus alcances e implicancias. No obstante, se reconoce que su implementación sirvió para la ampliación de la base social contemplada en las políticas públicas, así como el reconocimiento de nuevas problemáticas del sector que repercutieron sobre las identidades de la AF, especialmente en la región pampeana.A partir de allí, pero especialmente luego del llamado ?conflicto del campo? de 2008, se inició un proceso de jerarquización político-institucional de la agricultura familiar materializado en cambios de la estructura administrativa estatal (creación de la Secretaría de Agricultura Familiar en 2014), creación de centros de investigación (CIPAF-INTA), creación de un registro especial (ReNAF) y la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar en 2014, entre otros. Estos cambios fueron denominados como un ?proceso de institucionalización incluyente?.Al mismo tiempo, se produjo una reformulación del objeto de desarrollo rural contenido en los programas y proyectos destinados a la AF, los cuales buscan pasar de un enfoque centrado en la mitigación de la pobreza rural que primaba en la década de 1990, a otro de tipo relacional abocado a la realidad de los sujetos en sus múltiples dimensiones. Este nuevo enfoque se compone principalmente por: i) una ampliación de la población objetivo de los programas, ii) una revalorización del rol económico-productivo de la AF, iii) el otorgamiento de derechos sociales relacionados con el acceso a la salud y la jubilación y, iv) la consideración de la problemática medioambiental.De este modo, el proceso de inclusión social se compone de la mayor jerarquización político-institucional experimentada a los largo de los últimos años, junto a una reconfiguración del objeto de desarrollo rural de los programas destinados a la AF.Desde las recientes investigaciones sobre el tema, las políticas destinadas a la agricultura familiar son caracterizadas de diversas maneras. Para algunos representan ?un momento de oportunidad?, para otros es una ?cuestión socialmente problematizada?, o un ?nuevo referencial? de política pública, en alusión al renovado interés por parte del Estado hacia los actores de la agricultura familiar y sus problemáticas. En los análisis queda implícito el debate sobre las condiciones de oportunidad que estas políticas representan ante el avance de una economía agraria de exportación de comodities, que proveen de recursos fiscales al estado.La presente ponencia entonces, se propone un estudio teórico y empírico acerca del significado particular que adquiere el concepto inclusión social para la agricultura familiar en un contexto marcado por un proceso económico que tiende a excluirlos.La metodología propuesta para el estudio recurrirá al análisis de la información cuantitativa y cualitativa, proveniente del Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el Censo Nacional Agropecuario, datos de institutos de estadística provinciales, documentos de programas, proyectos y planes, entrevistas semi-estructuradas a informantes calificados, información de medios periodísticos y trabajos de investigación académicos.Como resultados preliminares de la investigación, se señala que la agricultura familiar experimenta un proceso de inclusión social controversial, ya que por un lado se observa una reconversión de la formulación de las políticas públicas, dada por la mayor visibilización e institucionalización de sus problemáticas en la estructura estatal y cambios del objeto de desarrollo rural, pero por otro lado, está enmarcado en un contexto de profundización de un modelo productivo que tiende a excluirlos