DESIGUALDAD EN EL ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y MEDIO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN RESISTENCIA (AMGR). APORTES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

RAMIREZ, MIRTA LILIANA

Territorios, configuraciones y problemáticas en el Nordeste Argentino

EUDENE

Lugar: Corrientes; Año: 2021;

En un reciente informe de la Comisión para el Estudio de la Población de América Latina ?CEPAL- se expresa que la educación formal constituye un derecho humano fundamental y un requisito clave para el desarrollo de las personas y de las naciones. Aun cuando existen diferencias entre países respecto de la edad de inicio de la educación y cantidad de años de estudio, su obligatoriedad consagra un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente del lugar donde vivan en cada país. No obstante, se evidencian importantes brechas territoriales en todos los indicadores de logros educativos (CEPAL, 2016: 70). En este informe Chile, aparece como el país con mayor logro educativo (10,5 años) y menor desigualdad territorial, considerando el rango entre el mínimo y el máximo de años de escolaridad alcanzados. Por otro lado, Panamá, el país que le sigue en cuanto a promedio nacional (10,0 años de escolaridad), es el que presenta mayor desigualdad territorial: las comarcas indígenas son las regiones que presentan el menor nivel educativo de América Latina frente a los territorios no indígenas. En oposición, Nicaragua, es el país que presenta a nivel nacional más bajo de América Latina, 5,4 años de educación en promedio y también exhibe grandes desigualdades territoriales (CEPAL, 2016:70).Paralelamente el proceso de urbanización en la región de América Latina y el Caribe determinó una alta concentración de la población en zonas urbanas la que supera el 80% de la población en la región pero que, en ciertas jurisdicciones o provincias, ya alcanzó el 90%. Esta situación hace necesario que la mirada y preocupación respecto de lo que acontece con la población urbana así como la producción de conocimiento y de evidencia respecto de las desigualdades, asimetrías o injusticias espaciales en las urbes, ocupe un lugar destacado en las agendas académicas de formación e investigación y en las agendas de políticas públicas.Las competencias que se adquieren a través del sistema educativo formal pueden ser clasificadas como competencias básicas, ciudadanas, laborales y profesionales y si bien sabemos que el acceso a la educación es multidimensional, no podemos desconocer que la disponibilidad de un equipamiento o establecimiento educativo accesible en términos espaciales y temporales, es el primer eslabón de una cadena que requiere adicionalmente de recursos humanos, tecnológicos, presupuestarios, entre otros.En definitiva, según Daza Wady, la posibilidad de acceder a servicios básicos como la salud, la educación o la recreación en infraestructuras adecuadas no es pues un asunto de mera intervención arquitectónica sino que se ubica también en el plano de lo representativo en la medida en que dichas instalaciones permiten la integración efectiva de todas las capas de la sociedad, logrando de esta manera una reducción de las brechas que median entre unos y otros estratos socioeconómicos (Daza Wady, 2008: 18-19).En Argentina el artículo 12 de la Ley de Educación Nacional (LEN 26.206/2016) expresa: ?El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional. Garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración de los establecimientos educativos de gestión estatal. El Estado nacional crea y financia las Universidades Nacionales?. Es así que el cumplimiento de este derecho personal y social, entendido además como un bien público, debe estar apoyado en una planificación de la localización y distribución de los equipamientos, instalaciones, actividades o servicios públicos, de tal forma que garantice una equitativa y justa accesibilidad geográfica considerando distancias y tiempos de recorrido de cada uno de los grupos poblacionales que asisten a cada uno de los niveles en que se estructura el Sistema Educativo.Entendemos que para cumplir acabadamente con lo que expresa el artículo citado en el párrafo anterior se requiere de una red de establecimientos o equipamientos educativos concebidos éstos como servicios públicos provistos por el/los estado/s. Estos servicios públicos emergen tras la instalación del modelo político y social de ?estado de bienestar? a mediados del siglo pasado; desde entonces su tratamiento multidisciplinario provocó que tanto su definición como su delimitación no sean concluyentes. Existe por tanto una copiosa bibliografía que aborda diferentes aspectos de los servicios públicos, desde la geografía de los servicios, la geografía urbana y económica, la economía política, el urbanismo, la administración pública, el derecho administrativo, entre otros. En todos los casos los enfoques u orientaciones con que tratan los temas son disímiles pero complementarios (Cfr. Moreno Jiménez, A.1991).De acuerdo con lo expuesto, la planificación de la localización de los sitios óptimos de cualquier actividad, servicio, establecimiento, equipamiento o instalación de carácter público y colectivo, en cualquier ámbito geográfico (urbano o rural) requiere de un adecuado análisis a partir de cuyos resultados se podrá seleccionar el mejor lugar en el que desarrollar esa actividad o servicio a la población, intentando alcanzar la maximización de los beneficios esperados y la minimización de las externalidades o efectos negativos. En este sentido, Olaya señala que puesto que son muchos los factores implicados que han de tenerse en cuenta en esta planificación, el Sistema de Información Geográfica es imprescindible para poder combinarlos todos, ya que permite un manejo fluido y potente de un gran número de distintas variables que se presentan como capas en el sistema (Olaya, V., 2012:744). Efectivamente, la utilización de un SIG permite integrar y armonizar un elevado número de variables a considerar en el análisis, luego del cual es posible esbozar diversos escenarios verosímiles ya que alterando el comportamiento y las interrelaciones de las variables intervinientes se pueden presentar contextos espaciales disímiles y de este modo elegir aquel modelado que más beneficie en el acceso de los grupos sociales a los equipamientos.Dentro de un contexto de investigación para dotar a la población que reside en un determinado espacio geográfico de nuevos equipamientos colectivos, el primer paso consiste en conocer el grado o nivel de accesibilidad espacial y temporal de los distintos grupos poblacionales a las instalaciones existentes. Si bien es harto conocido que la distancia y el tiempo no son los únicos factores explicativos del acceso a la educación, estas dos variables tienen una importancia relevante en la utilización efectiva de estos servicios por parte de la población. De este modo al analizar la accesibilidad temporo-espacial es posible presentar los escenarios de desigualdades o desequilibrios referidos a la distancia y tiempo que separa a la población a los establecimientos ya existentes e identificar las áreas más desfavorecidas. Es así que en el marco de este análisis espacial con apoyatura en los Sistemas de Información Geográfica nos proponemos analizar las diferenciaciones espaciales en torno al acceso a los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario y complementariamente cuantificar la población que accede según diferentes categorías de distancia y tiempo teniendo en cuenta los grupos de edad involucrados en cada caso.