“Violencia y política en el Juarismo. Dificultades las organizaciones de Derechos Humanos para articular de un discurso público crítico de la violencia en el sistema político santiagueño”

CELESTE SCHNYDER

Biblioteca Sarmiento, Santiago del Estero

Jornada; Encuentro de Jóvenes Investigadores / 9; 2009

CONICET, Fundación El Colegio de Santiago, INDES

El presente trabajo colabora, de modo general, con los objetivos generales del proyecto “Santiago del Estero: estructura, coyuntura y tendencias” (PAE–ANPCyT) y en particular con los del sub-proyecto Unse “Acción colectiva y representación de derechos políticos y civiles en Santiago del Estero”. Éste último se propone analizar “las representaciones sociales sobre derechos civiles y políticos existentes entre las organizaciones políticas y no políticas de Santiago del Estero”. Decidí enfocarme en las organizaciones de derechos humanos provinciales (ODHP) dado que considero que, a nivel nacional, el movimiento por los derechos humanos -quizá más que los partidos políticos- ha tenido un rol activo en el proceso de democratización argentino al instalar en el seno de la sociedad una concepción global sobre la naturaleza del nuevo orden democrático. Dicha concepción aportó a la conformación de un consenso que trató de asociar la política con la ética (y la separó de la violencia) y que modificó –en diversos grados y alcances- las representaciones y las prácticas de los actores sociales, los partidos políticos y los ciudadanos. Engendró otra representación de la política que vino a acompañar el proceso de cambio de régimen político de uno autoritario a otro democrático que se dio entre fines de los setenta y principios de los ochenta. Sin embargo, la instalación del régimen democrático no ha sido acompañada de igual modo en todas las provincias, en particular en aquellos territorios distantes política y simbólicamente de los poderes y ciudades centrales donde la problemática de la violencia estatal y la defensa de los derechos humanos no se han instalado con la misma temporalidad que en el nivel nacional. Este es el caso de Santiago del Estero. El advenimiento de la democracia encontró en la provincia como autoridad electa a Carlos Juárez. En la constitución del juarismo como actor más gravitante del sistema político provincial se puede reconocer dos etapas. Una primera que corresponde a sus dos primeros mandatos (1949-1952 y 1973-1976) donde se definen aspectos de la identidad y la arquitectura de poder juarista que cobrarán gran relevancia en la segunda etapa. Segunda etapa que correspondería al periodo 1983-2004 en el que identificamos cuatro periodos: a) retorno (1983-1987) y alejamiento temporal del ejercicio formal del gobierno pero conservando poder de veto (1987 y 1993). Tras los sucesos conocidos como “El Santiagueñazo” el 16 de diciembre de 1993 y una intervención federal durante 1994 se abriría un periodo de continuidad del matrimonio Juárez en la gobernación de la provincia que se extendería desde 1995 hasta el año 2004: b) consolidación y hegemonización del sistema político (1995-2001) c) lucha por la sucesión y crisis interna (2000-2002) d) pérdida de alianzas políticas intra y extra provinciales, Intervención Federal y detención del matrimonio Juárez (2003-2004). Hacia 1983 el juarismo ya constituía una identidad política ligada, por un lado, al proceso formativo del peronismo en la provincia y, por otro y de forma menos nítida, a la violencia política a través de la conformación de una burocracia policial represiva. A la continuidad del juarismo y como su corolario, debemos añadir que desde el retorno a la democracia se fue gestando una particular configuración socio política que ha sido caracterizada como de “excepcionalidad institucional” dada por “la ausencia de independencia de los poderes legislativo y judicial, subordinados a un poder político y económico concentrado [que] conspira abiertamente contra los principios éticos y jurídicos que caracterizan al Estado de Derecho” (Lanusse–Duhalde, 2004). De lo anterior, se desprende que la articulación pública de representaciones acerca de los derechos políticos, sociales y económicos que nos corresponden en virtud de nuestra condición de ciudadanos del estado argentino se vieron limitadas o fueron constreñidas por actores y/o instituciones que conforman el estado en el nivel sub-nacional. Entonces partimos de que existen factores ubicados en la estructura política-jurídica que sofocan la vigencia de los derechos que formalmente dicen y deben garantizar. Prueba de esto último fue la conformación de una Secretaría Diocesana de Derechos Humanos casi como único espacio desde donde impulsar demandas de justicia que habían sido desoídas en los tribunales de justicia provincial. Demandas que si bien eran diversas tenían como denominador común el hecho de denunciar situaciones de abuso de poder. Demandas que no sólo eran desconocidas por la Justicia santiagueña sino que además fueron objeto de intimidaciones realizadas por la fuerza policial tal como lo evidencia la persecución a referentes del movimiento campesino o de las Madres del Dolor, por ejemplo. En ese contexto de devaluación de la práctica del derecho que lo colocaba casi en un plano de la mera existencia formal, ¿hasta qué punto era posible que los distintos actores de la sociedad civil, en particular las ODHP, pudieran apropiarse de sus derechos y constituirse en sujetos de derecho si la misma estructura político-jurídica los limitaba? ¿Cuáles eran las posibilidades reales de que sus representaciones de derechos pudieran articularse efectivamente en prácticas sociales y políticas democráticas y democratizantes de un sistema político que no admitía oposición?. En todo caso, ¿podemos entender la continuidad, la capacidad de hegemonización del espacio político o la perduración de ciertas prácticas de violencia estatal ilegal e ilegítima del juarismo a partir de las dificultades que tuvieron, en este caso, las ODHP para instalar en el espacio público un discurso capaz de delimitar e impugnar al juarismo?. Concretamente, en esta ponencia busco analizar las dificultades con las que se han encontrado las ODHP para instalar un discurso público en torno a los derechos humanos capaz de delimitar e impugnar la violencia del juarismo?.