Introducción. Dinámicas locales de género en América Latina: la alquimia del "triángulo ideal"

RODRÍGUEZ GUSTÁ, ANA LAURA

Marchas y contramarchas en las políticas locales de género: dinámicas territoriales y ciudadanía de las mujeres en América Latina

CLACSO / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Lugar: Buenos Aires; Año: 2019; p. 15 - 56

Esta compilación está motivada por el interés en debatir, una vez más, en qué medida los gobiernos locales influyen en la ciudadanía de las mujeres, una relación de muy larga data. A principios del siglo XX, la afinidad entre servicio público y las ideas feministas de entonces (de impronta higienista) favoreció el surgimiento de alianzas entre las mujeres y los municipios, al punto que éstos habilitaron el sufragio femenino, adelantándose, en varias ocasiones, al gobierno nacional (Molyneux 2001: 169). Como el título indica, el compromiso de actores estatales, políticos y sociales con una agenda de género conforman, en términos de Massolo (2006), un "triángulo ideal" para la transformación de las desigualdades en los ámbitos territoriales.Para las ciencias sociales, el gobierno local es más que una unidad jurisdiccional del estado. Es la representación institucional inmediata a la vida cotidiana que, en tanto administración formal del espacio local, se mimetiza con el tejido social. En virtud de ello, en este nivel gubernamental se dirime el acceso a recursos y oportunidades para la construcción de proyectos de vida. En la región, se estiman unos 16.000 gobiernos locales, principalmente municipalidades. América del Sur reúne un 77% del total (concentrados en Brasil, Argentina, Perú y Colombia), seguida por México (15,6%) y Centroamérica (7,8%) (Eguino et al. 2010). Más allá de esta impronta numérica, la región lideró la transferencia de potestades y recursos a los niveles locales (e intermedios), con experimentos radicales e influyentes para el resto del mundo en materia de descentralización (Eaton 2012:33). Un amplio corpus de estudios abordó las vinculaciones entre las acciones del gobierno local y la ciudadanía de las mujeres, incluyendo su participación social y representación política (por estudios regionales y panorámicos véase, entre otros, (Bonder 2013, Jelin 1987, Massolo 2007, PNUD 2013, Raczynski y Serrano 1992). La ciudadanía tiene una dimensión formal que es el reconocimiento legal de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales los cuales, a su vez, son interdependientes e indivisibles. La ciudadanía tiene, además, una dimensión sustantiva, que es la deliberación en torno a los valores que guían la vida colectiva. El protagonismo de las mujeres como actoras en el ámbito público implica, entonces, la acción concertada en una comunidad política. Parafraseando a Jelin (1993), la ciudadanía activa puede concebirse en términos de "quiénes podrán decir qué, al definir cuáles serán los problemas comunes y cómo serán abordados" (25). En el análisis sociológico, los gobiernos locales constituyen, a nuestro juicio, un terreno empírico estratégico (Merton 1987: 11), dada su utilidad para despejar interrogantes respecto de las dinámicas de igualdad de género y ciudadanía de las mujeres. Esto se debe a la naturaleza contradictoria de este nivel gubernamental, dada según (Barrera Bassols 2007), por su condición simultánea de poder cercano pero también excluyente. En consecuencia, no parecería existir, a priori, un argumento unívoco acerca de las consecuencias de la gestión local, sus condiciones de vida y el acceso a la toma de decisiones (por una revisión puede consultarse (Cos-Montiel 2013, Güémez Perera 2003). A riesgo de simplificar las proposiciones de un conjunto heterogéneo de investigaciones, es posible identificar dos hipótesis respecto de los efectos de la gestión local en la ciudadanía de las mujeres y su bienestar. En una primera hipótesis, se plantea que los gobiernos locales podrían promover la ciudadanía de las mujeres. Esta proposición se fundamenta en el supuesto efecto democratizador de la cercanía de estos gobiernos a su población y, más específicamente, a los grupos con mayores vulnerabilidades y discriminaciones. La proximidad abre oportunidades para la expresión colectiva de las demandas sociales ante las autoridades gubernamentales (Cortés 2002, La Rosa 2004). Esta cercanía también operaría, favorablemente, para el acceso de las mujeres a la política institucional local. En principio, los municipios podrían ser una "escuela para la democracia" precisamente por el potencial para acercar a las mujeres a los asuntos públicos y, en consecuencia, habilitar su presencia en cargos de gobierno (Vázquez García 2010: 112). Como contrapunto, en una segunda hipótesis se establece que cercanía no implicaría accesibilidad y, además, las acciones de los gobiernos locales podrían normalizar el papel de las mujeres en la reproducción social (Raczynski y Serrano 1992). Es en los ámbitos cercanos donde se producen relaciones de control social sobre las mujeres y, por ende, su exclusión de los recursos de poder. Las políticas municipales pueden ser asistencialistas en lugar de transformadoras de las relaciones de género (Centeno Orozco 2007). Asimismo, las mujeres podrían incorporarse en forma condicionada a la política formal, ubicándose en cargos de menor valor y enfrentando obstáculos en sus carreras políticas (Bareiro y Torres 2009). Los hallazgos empíricos muestran nexos contradictorios entre la gestión local, la ampliación de la ciudadanía de las mujeres, y su bienestar social . Entre múltiples factores, esta diversidad responde a la heterogeneidad de los ámbitos locales en sus atributos socioestructurales y políticos (Eguino et al. 2010), situación que demanda mapeos empíricos e intentos explicativos. La presente compilación busca ser un aporte en esta dirección, desde una perspectiva regional, a partir del estudio de municipios urbanos. Este recorte no es aleatorio, sino que reconoce que, entre las regiones en desarrollo, América Latina es la más urbanizada, con dos tercios de su población en ciudades de al menos 20.000 habitantes. Esta condición demográfica, dada la urbanización de la pobreza, es un desafío para los gobiernos locales (CEPAL 2012). Por ello varias investigaciones examinan la gestión urbana desde el ángulo del derecho a la ciudad de las mujeres (Falú 2015, Segovia y Rico 2017).