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Las ciudades latinoamericanas son profundamente desiguales y presentan crecientes procesos de fragmentación y segregación socioespacial, que condicionan las formas de acceso de la población al suelo urbano. A su vez, estos patrones de ocupación retroalimentan dichas dinámicas, generando un círculo vicioso, que históricamente ha afectado de particular manera a los sectores más empobrecidos de la población. En ese sentido, la configuración de la ciudad de Mar del Plata, ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina), fue históricamente presidida por particulares, que establecieron las bases del mercado de tierras como derivación de sus intereses, mientras que el Estado llegó a posteriori; con instrumentos legislativos que no cuestionaron la centralidad ni de la ciudad ni de la estructura fundiaria, legitimando intereses privados. Casi desde su origen mismo, uno de los intereses que prevaleció en este grupo de terratenientes fue la obtención de rentas inmobiliarias. El gran desarrollo parcelario, tanto en lo que se refiere a la subdivisión de lotes urbanos como rurales, trajo consigo un rápido loteo de tierras extensas, incluso con anterioridad a los verdaderos procesos de ocupación y asentamiento poblacional. Así, rápidamente comenzaron a consolidarse las diferencias cualitativas del crecimiento urbano y la división social del espacio, ya que dependió de muy pocos qué, cómo, dónde y cuánta tierra urbana producir y comercializar (Núñez; 1994; 2000). Como contrapartida, los sectores más vulnerables, en general, quedaron imposibilitados de acceder a la tenencia legal del suelo, haciéndolo tanto a través de formas mercantiles no reguladas oficialmente y que quedan por fuera de los requisitos normativos y jurídicos dominantes (subastas públicas, alquiler de tierra, etc.), creados en función de la maximización de la renta del suelo; como a partir de lo que Abramo llama la lógica de la necesidad, es decir los procesos de acción colectiva de ocupaciones de terrenos e inmuebles que se originan a partir de la incapacidad de satisfacer la necesidad de acceso al hábitat a través del mercado (formal o informal) y la ausencia de respuesta por parte del Estado. Se considera que ambas lógicas, de la necesidad y del acceso a través del mercado ?informal?, e incluso muchas veces combinadas, han sido el patrón mayoritario de ocupación del suelo urbano en las grandes ciudades latinoamericanas (Abramo; 2003). De hecho, en Mar del Plata, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, se calcula que casi un 15% de la población accede a la tierra a través de la ocupación gratuita, la cesión, el préstamo y otros mecanismos ?no formales?. De esta forma, el acceso al suelo urbano a partir del consumo, es y ha sido un proceso en crecimiento, como respuesta a una necesidad humana y ante la imposibilidad de hacerlo mediante otros mecanismos. Los estudios urbanos han tendido a soslayar esta cuestión central en la discusión acerca de la dinámica de configuración de las ciudades, en general; y del acceso al suelo, en particular. En este sentido, coincidimos con Pereira (1986) en cuanto al corrimiento del eje de la problematización: en lugar de discutirse la producción y apropiación del espacio se discurre sólo sobre el consumo. Concomitantemente, las prácticas que priorizan esta dimensión, de la tierra como valor de uso, son consideradas como ilegales y, con su penalización, refuerzan las situaciones de marginalidad de quienes se ven obligados a implementarlas: no sólo están privados del derecho al hábitat sino que además están penalizados por la estrategia de acceso puesta en juego; que además, en general, se produce en condiciones mínimas de habitabilidad. En este sentido, Núñez (2000) plantea la contradicción entre un derecho constitucional, como es el acceso a una vivienda digna (artículo 14 bis) y un artículo del Código Civil (artículo 2506), sobre el derecho real de propiedad: el Estado al permanecer inactivo frente al primero, impulsa a transgredir el segundo, tiñendo a una práctica social como ilegal. A partir de estas inquietudes, consideramos que es necesaria una discusión acerca del papel del derecho, concebido como práctica discursiva y forma estatal, en los procesos de apropiación del espacio urbano, en tanto norma los límites entre la legalidad y legitimidad de esas prácticas. El presente trabajo tiene como objetivo hacer un aporte a dicha reflexión a partir del estudio de los conflictos por la apropiación del espacio urbano, tomando como referenciación empírica el debate por la relocalización de un asentamiento precario de la ciudad de Mar del Plata, conocido como ?Villa de Paso?. Hacemos hincapié en la comprensión de la problemática partiendo del concepto de apropiación del espacio urbano, entendido como proceso social en el que se unifica la producción y el consumo del suelo urbano y que presupone una base legítima para la utilización de valores de uso sociales; a diferencia de la noción de propiedad, que, en tanto institución, supone una base legal para el intercambio y en donde producción y consumo aparecen separados; siendo aquella requisito para este último (Núñez; 2000). En ese sentido, nos preguntamos ¿qué contradicciones atraviesan a la producción jurídica en la reglamentación del derecho a la ciudad, en general, y de acceso al hábitat en particular?; ¿qué instrumentos se ponen en juego?, ¿quiénes, cuáles y cómo logran imponerse?, ¿cómo se define lo legal y lo legítimo en las prácticas desplegadas?, ¿qué vigencia sigue teniendo una concepción civilista del derecho que deja por fuera a las necesidades humanas?; en última instancia, ¿qué nos están diciendo los hechos que se van sucediendo y la recurrencia de determinadas prácticas?. A nivel metodológico trabajamos tanto con fuentes primarias y secundarias. Un soporte fundamental son las entrevistas en profundidad realizadas a distintos actores involucrados en el conflicto: habitantes de la villa, vecinos, funcionarios municipales, integrantes de la sociedad de fomento barrial, integrantes de la comisión conformada para la erradicación del asentamiento, etc. Otra fuente esencial lo constituye la legislación producida tanto a nivel nacional como provincial y, esencialmente, local. Además, se recopilan diversas leyes, ordenanzas, decretos, debates de sesiones legislativas, etc. Finalmente, se utilizan datos censales: tanto los provistos por el INDEC como los realizados en la Villa por parte de la Municipalidad. También se recurre a la utilización de material gráfico como fotos aéreas, planos de distribución de tenencia irregular de la tierra, de localización de asentamientos precarios, etc.

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