¿Puede la objeción de Nivelar hacia Abajo afectar a la igualdad política?

GARCÍA VALVERDE, FACUNDO

La Plata

Jornada; VIII° JORNADAS DE JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA DE PROFESORES, GRADUADOS Y ALUMNOS; 2011

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN -UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

 La objeción de Nivelar para Abajo (NA) es una de las críticas más poderosas a las que se ha enfrentado el igualitarismo. De acuerdo con ella, si la igualdad entre los individuos es valiosa en sí misma, entonces toda posición igualitarista conduciría al juicio profundamente contra intuitivo de preferir una situación en la cual los individuos mejor situados estén en una peor situación y los menos aventajados estén en la misma posición, es decir, una situación en la cual ninguno mejore su posición.  En la discusión sobre la igualdad política, esta objeción ha sido empleada por numerosos autores (Walzer, Dworkin, Arneson) para desestimar cualquier intento de igualar la influencia política que cada ciudadano puede ejercer sobre los asuntos públicos y sobre las deliberaciones colectivas; si la igualdad de influencia política entre los ciudadanos fuese un ideal valioso en sí mismo, entonces existiría una justificación para educar a los individuos sin que intenten argumentar a favor de sus posiciones o convencer a los otros individuos o, simplemente, exigiendo que al tomar parte de las reuniones políticas, los ciudadanos más convincentes e influyentes se pongan pequeñas piedras en la boca, como en el célebre ejercicio de Demóstenes.  La fuerza de esta objeción ha llevado a que los defensores de la igualdad política deban definir y sostener posiciones o bien suficientaristas ? que cada ciudadano pueda superar un umbral mínimo de influencia política (Bohman, Knight y Johnson) ? o bien prioritarias ? que la mayor cantidad de influencia política de los sectores más aventajados redunde en una situación mejor para los menos aventajados (Estlund).  En esta presentación, intentaré explorar y contrastar una posible respuesta a NA en la esfera del poder político. La estructura de esta respuesta viene dada por el carácter específico del poder político y por su absoluta irreducibilidad a otras fuentes de bienestar u otro tipo de recursos. Esta especificidad puede traducirse, en términos de Harry Brighouse (2006), a su carácter de bienes posicionales, es decir, aquellos bienes cuyo valor absoluto depende no de la cantidad sino de la posición que ocupen sus poseedores en un ranking de distribución de ese bien. Este tipo de bienes son particularmente importantes en contextos competitivos, por ejemplo, en las deliberaciones sobre asuntos públicos o en los litigios en el área jurídica: así, por ejemplo, lo relevante para un acusado no es la calidad y capacidad de su abogado, medidas en términos absolutos, sino en comparación con las del abogado de la parte contraria.  Si la influencia política es un bien posicional, entonces existirían razones para aceptar las consecuencias de NA ya que empeorar la situación de los más influyentes mejoraría la posición absoluta de los menos influyentes con respecto al valor de ese bien. Al mismo tiempo, si esta caracterización es adecuada, obtendríamos una razón para no aceptar desigualdades importantes con respecto a la influencia política y otros bienes posicionales ya que eso necesariamente perjudicaría la posición absoluta de los peor situados.  La forma de contrastar esta caracterización del poder político consistirá en enfrentarla al dilema que James Bohman planteó para todas las concepciones de la democracia deliberativa y que representa un criterio taxonómico adecuado para comprender y evaluar la discusión sobre el valor de la democracia que se dio en el siglo pasado y que continúa en la actualidad. El dilema bohmaniano afirma que las virtudes epistémicas de la deliberación (corrección del resultado, corrección de los juicios, etc.) pueden entrar en conflicto con sus virtudes morales: si la democracia deliberativa se articula como un ideal de legitimidad y postula que un procedimiento ideal que encarna los ideales de igualdad, libertad y publicidad produce decisiones que todos los ciudadanos podrían aceptar, no se podría explicar por qué las razones que se esgrimen en esos procesos son buenas razones epistémicas; por el otro lado, validar las credenciales epistémicas de la deliberación entraría en contradicción con su carácter moral, ya que la única forma de evaluar las razones que los ciudadanos argumentan para una decisión es mediante la apelación a criterios que son independientes tanto de las reglas procedimentales como de la deliberación misma.  Por un lado, es claro que si la influencia política y los demás recursos políticos son considerados como posicionales y NA es aceptable, entonces las virtudes epistémicas de las deliberaciones colectivas se verían seriamente amenazadas ya que, por ejemplo, sería preferible que todos los participantes tuvieran menor educación y, por lo tanto,  menores probabilidades de alcanzar decisiones justificadas extrínsecamente. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias para el otro cuerno del dilema, el de la legitimidad? La última sección de esta presentación consistirá en contestar a esta pregunta prestando especial atención a los valores implícitos en la legitimidad democrática, tales como las bases sociales del autorrespeto y la construcción de relaciones entre iguales.