Programas Sociales y acceso a la justicia. Del discurso del derecho a la practica asistencial

LUIS CAMPOS, ELEONOR FAUR Y LAURA PAUTASSI

Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007

Siglo XXI

Lugar: BUenos Aires; Año: 2007; p. 311 - 330

La crisis político-institucional ocurrida en diciembre de 2001 en Argentina impulsó al por entonces gobierno de transición a implementar políticas sociales que procuran atender la creciente conflictividad social. En este contexto, surgió el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), que constituye el primer programa de transferencia de ingresos aplicado masivamente en el país. Posteriormente, entre los años 2003 y 2004 el Estado Nacional implementó nuevos programas sociales que mantuvieron la centralidad discursiva de los programas sociales asistenciales como herramienta para mitigar situaciones de pobreza extrema. Entre ellos se encuentran el Programa Familias por la Inclusión Social y el Programa Adulto Mayor Más (PAMM). En todos los programas, la vía utilizada para satisfacer el derecho familiar de inclusión social consiste en el pago de una ayuda económica “no remunerativa”, difiriendo el tipo de contraprestaciones que deben realizar los “beneficiarios”. En el caso del PJJDH consiste en una contraprestación productiva que debe ser realizada por cuatro horas diarias por el beneficiario y recibe a cambio una ayuda de pesos 150 por cada titular, que se ha mantenido sin modificaciones tras casi cinco años de implementación. En septiembre del 2006, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados contaba con 1.271.886 beneficiarios. Para acceder al programa, los postulantes debieron inscribirse con anterioridad al 17 de mayo de 2002, fecha en la que se cerró el plazo de ingreso al mismo, por lo que en la actualidad resulta imposible, al menos formalmente, ingresar como beneficiario. En función de ello, en el presente capítulo, se analizan los mecanismos institucionales de reclamo previstos en el diseño de los programas referidos, y la forma en que los mismos fueron analizados en expedientes administrativos y judiciales. De esta manera, se constata la presencia o ausencia de mecanismos de tipo administrativo y judicial, así como su idoneidad para garantizar el acceso a la justicia de los potenciales afectados. Este análisis permite, por un lado, extraer conclusiones acerca del diseño institucional de estos programas, y por el otro, considerar las percepciones de los operadores judiciales respecto de su consideración como derecho o como una mera concesión estatal. Finalmente se recomiendan líneas de acción específicas que consideren mecanismos sencillos, gratuitos y rápidos para el reclamo administrativo o judicial y que no supongan una erogación adicional para los (potenciales) beneficiarios.