Medios e imagen presidencial

LIZÁRRAGA, FERNANDO ALBERTO

Buenos Aires

Encuentro; III Encuentro Latinoamericano Comunicar las Instituciones; 2001

Fundación Walter Benjamin-Fundación Konrad Adenauer

En sus esfuerzos por rescatar la imagen presidencial de las manos de humoristas y periodistas críticos, el gobierno nacional incurrió en profundas contradicciones y -lo que es más grave aún- se colocó a un ápice de violentar derechos constitucionales absolutos. Primera contradicción: si, como reza un aserto normativo, la crisis se supera con más democracia, es absurdo procurar un ajuste al principio de la libertad de expresión, instrumento inherente al sistema que se dice defender. Segunda contradicción: si los postulados económicos del gobierno nacional se fundan en el sostenimiento de la libertad de mercado, resulta errático el intento de regular la circulación de la mercancía “opinión” en la esfera pública. Ronald Dworkin ha identificado dos corrientes justificatorias de la libertad de expresión: la instrumental y la constitutiva. La primera, abundante en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos -incluso en la doctrina de la real malicia- destaca la importancia de la libre expresión como herramienta democrática. La segunda, mucho más radical, se funda en una concepción densa del ciudadano como agente moral. Ambas corrientes parecen estar fuera del ámbito de reflexión política del gobierno nacional. Incluso, podría advertirse una inquietante inclinación a violentar la más antigua y restrictiva garantía de la expresión sin censura previa. La única explicación posible a la actitud del delarruísmo se obtiene si se recurre a la doctrina del “peligro claro y actual” (clear and present danger) también consagrada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es dable suponer que, frente al temor a la cesación de pagos y a la creciente protesta social, el gobierno nacional haya creído necesario silenciar las voces “piqueteras” instalando un artificial debate sobre la necesidad de acallar a los satiristas y comunicadores desafectos. De haber reconocido como legítimas las voces de la protesta social, el Ejecutivo Nacional habría enfrentado un cuestionamiento de fondo al mismo sistema en que sustenta su legitimidad. El gobierno optó por el “mal menor”, desplazó el objetivo de sus intenciones de censura y de ese modo, paradójicamente, acabó lesionando aún más su propia capacidad para justificar públicamente sus actos.