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Es un hecho que no toda la población accede a la educación superior. Estudios de la CEPAL encuentran que el status educativo tiende a mantenerse entre generaciones, generando una especie de trampa educativa. Entonces, ¿qué hace a la universidad verdaderamente pública? Esta interpelación no se resuelve sólo mediante la gratuidad del acceso (condición necesaria, no suficiente). La llamada extensión constituye una vía relevante para pensar otras formas de inclusión. A través de la intervención en el medio, se puede dar a la universidad un peso en las construcciones sociales, favoreciendo la transmisión y generación de conocimiento por fuera del ámbito estrictamente formal. No se propone aquí la generación de un Sistema Nacional de Innovación, que articule con el sistema productivo abaratando el desarrollo de tecnología, sino la interacción con grupos sociales tácitamente excluidos del sistema educativo. Ahora bien, para encarar esta intervención, ¿es el compromiso de la universidad plegarse a los procesos de construcción de hegemonía de los gobiernos de turno? ¿O dedicarse a complementar procesos de ajuste estructural, tratando de matizar sus efectos sobre la población? ¿O fomentar sinergias entre aquellos grupos rezagados por el mercado? En esta presentación, basada en reflexiones surgidas del trabajo de campo de un grupo de estudiantes, sostenemos la intención de que la universidad aporte a procesos de empoderamiento colectivo (Fernández, 2006). Esto exige una redefinición de la forma y el sentido con que se interactúa con el medio, de modo que la extensión no sea una aplicación unidireccional de los contenidos formales, sino que sirva para cuestionar y redefinir los mismos. Así, la tarea docente, de investigación y de extensión construyen sentido en tanto sean parte de una misma práctica.

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