Introducción

SANTIAGO ALVAREZ; ANA GUGLIELMUCCI; JULIO SPOTA

El proceso de paz de Colombia en la encrucijada

Cedead

Año: 2020; p. 7 - 20

Con el ánimo de contribuir a una deliberación informada y cualificada en torno a la implementación de la Reforma Rural Integral (rri), y en particular de los mecanismos de acceso al Fondo de Tierras por parte de los campesinos y trabajadores rurales sin tierra o con tierra insuficiente —que hacen parte del primer punto del Acuerdo entre el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc–ep)—, haré una presentación sucinta de la experiencia histórica en lo relativo a la asignación de tierras por parte del Estado colombiano a los productores del campo, tanto de terrenos baldíos de propiedad pública como de parcelas de reforma agraria. Plantearé asimismo unos interrogantes que en mi opinión requieren respuestas claras, oportunas y bien documentadas por parte de las agencias estatales del sector rural. De los distintos y complejos asuntos sobre los que tratan el Acuerdo Agrario y la nueva normatividad expedida por el Ejecutivo para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral (Decretos 902 y 893 de mayo de 2017), me referiré aquí a las metas de asignación de tierras yformalización de propiedades rurales, y a los resultados de las políticas de tierras del Estado colombiano a lo largo de más de un siglo. Los referentes históricos ayudan a dimensionar mejor las políticas de tierras para la rri y a la vez contribuyen a la reflexión sobre la capacidad Administrativa y financiera que deben tener la Agencia Nacional de Tierras (ant) y las demás agencias estatales del sector rural, para cumplir cabalmente las metas del Acuerdo Agrario, las cuales fueron precisadas en el Decreto 902 de mayo de 2017.