Disputas por el reconocimiento de la economía popular como actor socioeconómico y político en la Argentina

HOPP MALENA VICTORIA; VALERIA MUTUBERRIA LAZARINI

Bahía Blanca

Seminario; XVI Seminario Internacional de Procesos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS); 2021

Departamento de Ciencias de la Administración, el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos (AUGM)

La economía popular es un sector importante en Nuestra América, y contamos con antecedentes teóricos, desde los setenta, que lo caracterizan económica y socialmente (Razeto, 1986; Quijano, 1979, 1997; Coraggio, 1989) poniendo en discusión la noción de “economía informal” acuñada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la década de los años setenta. En Argentina, esta categoría cobra visibilidad y comienza a ser conceptualizada durante los noventa. Uno de los primeros en referir a ella, fue Coraggio (1989, 1999), destacando la importancia de comprenderla desde la perspectiva del trabajo y no del capital. Al mismo tiempo, la economía popular cuenta con un fuerte impulso desde la praxis, a partir de la crisis que estalló en Argentina en 2001–2002. Aunque previamente, la heterogeneidad de experiencias que conforman este sector ya venía dando respuestas a las consecuencias socioeconómicas y a las transformaciones del mundo del trabajo ligadas a la implementación de políticas neoliberales, mediante estrategias de generación de ingresos para la reproducción de la vida y el sostenimiento de las comunidades. Estas transformaciones se profundizaron con el paso de los años, y la economía popular fue ampliando sus bases. Este proceso tuvo su correlato en la organización de distintos movimientos sociales e instancias de articulación, donde una de las demandas centrales es el reconocimiento y el acceso a derechos del trabajo, que se traduce, tanto en la conformación de un sindicato que nuclea a trabajadores/as de la economía popular, como en un lugar relevante en las políticas públicas, de la mano de la incorporación de referentes/as de estas organizaciones a las estructuras del Estado. Un aspecto interesante de este proceso que habilitó el desarrollo de una nueva ingeniería institucional que la contempla, refiere a la correlación de fuerzas que se dio desde las bases para que esto ocurra. El Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (RENATEP), creado mediante la Ley 27.345, es un ejemplo de ello. Los sistemas de información participan de la definición de los problemas sociales y contribuyen a la construcción de formas de reconocimiento específicas de los sujetos destinatarios/as de las intervenciones del Estado. Como respuesta a las demandas de distintas organizaciones que buscan inscribir el apoyo estatal en el espacio del trabajo y del reconocimiento de derechos de laborales, se puso en marcha este Registro que, por primera, ofrece datos oficiales sobre este grupo de trabajadores/as y las actividades que realizan. Durante las últimas dos décadas asistimos a un crecimiento sostenido de la economía popular producto de las grandes transformaciones en el mundo del trabajo y como respuesta a las crisis económicas y políticas. Esto fue gestando la organización social de movimientos de trabajadores/as de la economía popular, en algunos casos, con espacios por rama de actividad, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), creada en 2011 y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), constituida en 2020, en la que confluyen un amplio número de organizaciones con orientaciones diversas.La pandemia del COVID-19 y las medidas de restricción de la circulación desplegadas para hacer frente a la emergencia sanitaria, pusieron al desnudo la precarización del trabajo, las desigualdades y la desprotección. Como contracara se puso en evidencia la centralidad de estas “otras economías” para el sostenimiento de la vida de amplios sectores sociales, a partir de su capacidad de reinventar su trabajo y desplegar estrategias de apoyo a los hogares cuyos ingresos se vieron drásticamente reducidos por la imposibilidad de salir a trabajar, en un contexto de crisis económica.Las experiencias de trabajo que se despliegan en la economía popular existente buscan la reproducción de la vida de las unidades domésticas y comunidades que dependen de ella, algunas se encuentran vinculadas estrechamente con el cuidado del ambiente y la agroecología, también claman por la soberanía alimentaria en sus prácticas cotidianas y mediante los trabajos que realizan para su subsistencia y el sostenimiento de los territorios que habitan. Entre ellas podemos mencionar las ramas de actividad de recuperación y reciclado de residuos o la agricultura familiar y campesina. Al mismo tiempo, padecen condiciones laborales y de vida de suma precariedad, que llevan a algunos de sus voceros a definirla como una “economía de los excluidos” o del descarte de un mercado incapaz de ofrecer al conjunto social “un trabajo digno y bien remunerado como obreros en una fábrica o empresa” (Grabois y Pérsico, 2015: 33). Todas estas experiencias, aún con importantes limitaciones, integran a quienes por distintas razones encuentran dificultades de inserción en un mercado que expresa la crisis de la sociedad salarial y del ideal del empleo como principal medio de producción de riqueza, distribución de ingresos, derechos y protecciones (Meda, 2007). En estas formas (espontáneas u organizadas) de respuesta a las necesidades, se construyen alternativas socio-económicas y políticas que disputan el reconocimiento de lo que son -trabajadores/as de la economía popular- y del valor social de las tareas que realizan en tanto trabajo. Para ello, disputan recursos de poder frente al Estado y contra la lógica de acumulación y explotación del mercado. Estas experiencias socioeconómicas y productivas mediante las cuales amplios sectores “inventan” sus trabajos y se ganan la vida no son plenamente reconocidas como actores sociales, económicos y políticos de relevancia por el Estado en la construcción y el sostenimiento de nuestras sociedades.En este marco, el objetivo de esta presentación es caracterizar a la economía popular en la Argentina actual y visibilizar su rol económico y social, a fin de aportar al debate teórico y político en dos claves. En primer lugar, la valoración de la economía popular en relación con la generación de trabajo y riqueza, y sus posibles articulaciones e integración con otras entidades de la economía social y solidaria. Esto supone una reflexión que trascienda la noción clásica del trabajo y coloque el foco en la comprensión de estas formas de producción autogestionadas, no asalariadas, “no clásicas” (De la Garza, 2005), sus sentidos, finalidad, lógicas de producción, intercambio, consumo y valorización. En segundo lugar, pensar el reconocimiento de la economía popular, las tareas que se realizan allí como trabajo y a las personas que las llevan adelante como trabajadores/as, implica la construcción de políticas públicas que favorezcan el fortalecimiento y expansión de su capacidad de atención de las necesidades sociales. Utilizamos una metodología cualitativa, sostenida en un trabajo documental. El corpus construido incluyó las normativas e informes de implementación del RENATEP. Asimismo, consideramos trabajos de investigadores y centros de estudios, y documentos producidos por organizaciones de la economía popular de relevancia nacional. Asimismo, realizamos una entrevista a la directora del Registro Nacional de Efectores Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de la implementación del RENATEP. En cuanto a los resultados, en primer lugar, observamos que la institucionalización y puesta en práctica del RENATEP fue un proceso que se impulsó y se sostiene “desde abajo” en estrecha articulación con la expansión de la economía popular y el fortalecimiento de sus organizaciones de representación. Luego, a partir del análisis de los datos sociodemográficos y laborales de los trabajadores/as de la economía popular presentados en el primer y segundo informe de este Registro, publicados en mayo y agosto de 2021, mostramos el peso y las potencialidades del sector para aportar al desarrollo socioproductivo y la urgencia de reconocer y proteger a estos trabajadores/as, a partir de una transformación de la institucionalidad del trabajo y de la economía que comprenda su especificidad, los saberes implicados en ella y su aporte al bienestar del conjunto social. Desde su puesta en marcha hasta agosto de 2021, el RENATEP cuenta con 2.830.520 inscriptos/as en todo el país. Del total, 737.114 (28,8%) se dedican a la rama de servicios socio-comunitarios, en su mayoría son mujeres cuya labor es clave para el sostenimiento de la vida y para la implementación de las políticas públicas: organizando la distribución y preparación de los alimentos, manteniendo las condiciones de higiene, seguridad y cuidado en los comedores y espacios comunitarios, organizando espacios de formación, trabajo y acompañamiento de situaciones de violencia de género, entre otras tareas, que hacen posible que los recursos estatales lleguen efectivamente a sus destinatarios/as y agregando valor a estos recursos que muchas veces resultan insuficientes o inadecuados para atender las necesidades y abordar los problemas que se proponen. Otras de las ramas de actividad de la economía popular caracterizadas por el RENATEP son los servicios personales y otros oficios (32,8%), el comercio popular y el trabajo en espacios públicos (12,1%), la construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental (9,2%), la agricultura familiar y campesina (8,3%), y la recuperación, reciclado y servicios ambientales (3,9%). Todas estas actividades generan trabajo y responden a necesidades sociales fundamentales: los circuitos de comercio popular viabilizan el acceso a bienes y servicios en los barrios y hogares a precios accesibles allí donde ni el mercado ni el estado los garantizan. El trabajo de recuperación de residuos es clave para pensar los desafíos del cuidado y la sostenibilidad del ambiente y la agricultura familiar y campesina es una pieza fundamental para garantizar el acceso a alimentos saludables a precios justos. La construcción de viviendas, la mejora y ampliación de la infraestructura social es una necesidad urgente para resolver el déficit habitacional y las condiciones de precariedad de más de 5 millones de personas que habitan en los 4.416 barrios populares del país (RENABAP, 2021). Estas actividades también forman parte de distintas cadenas de valor que se articulan con la economía formal en un lugar subordinado. Algunos ejemplos de ello son el trabajo que realizan los cartoneros que aportan materiales reciclables para la producción industrial, los vendedores ambulantes que comercializan productos de grandes empresas que no podrían ser colocados en otros circuitos comerciales, los productores de ladrillo artesanal para la construcción, entre otros. La posibilidad de reconocer, fortalecer y orientar estas capacidades hacia la atención de estas necesidades es una estrategia que permitiría abordar de forma integral distintos problemas sociales a través del trabajo que desarrollan cotidianamente estas personas. A pesar de ello, quienes las llevan adelante muchas veces no son reconocidos/as como trabajadores/as. Esto se expresa en las condiciones de precariedad en las que desarrollan el trabajo, los bajos o nulos ingresos que perciben por sus tareas, la criminalización, principalmente en el trabajo en espacios públicos, la discriminación, estigmatización, racismo y las barreras de acceso a derechos sociales y laborales que encuentran. De acuerdo con los datos del Primer Informe (RENATEP, 2021a) solo 22,4% de las personas inscriptas eran titulares de la Asignación Universal por Hijo y 22,1% del Programa Potenciar Trabajo. Además, solo 5,2% se encontraban registradas en alguna categoría tributaria, la mayor parte, como monotributistas sociales (4,65%) o de las categorías A y D (las más bajas) del régimen simplificado. Esto significa que la gran mayoría no cuenta con aportes para una jubilación futura ni con cobertura de salud, tampoco con la posibilidad de tener licencias o asegurarse contra otros riesgos del trabajo. La mejora de las condiciones laborales y de vida de millones de trabajadores/as de la economía popular requiere nuevos diagnósticos que habiliten una lectura compleja y una comprensión de estas formas de trabajo orientadas a la reproducción de la vida, que ponen en juego nuevas formas organizativas, de sociabilidad y de articulación entre las esferas laboral, doméstica y comunitaria. No se trata de estrategias transitorias. Este cambio de perspectiva puede contribuir a ampliar nuestra imaginación y capacidad de construcción de nuevas instituciones de protección que potencien la capacidad estas economías de dar respuesta a necesidades sociales esenciales a partir del reconocimiento de su especificidad y las particularidades de cada rama de actividad en las que se organizan estas. Esto requiere de consensos sociales respecto de la legitimidad y el valor social de las diversas modalidades de trabajo que se desarrollan en nuestra sociedad y de un sujeto colectivo capaz de impulsar este proceso de transformación del trabajo y de las políticas públicas. ReferenciasCoraggio, José Luis (1999). Política Social y Economía del trabajo. Alternativas a la política neoliberal para la ciudad, Buenos Aires: UNGS- Miño & Dávila. --(1989). Política económica, comunicación y economía popular, Ecuador Debate, 17, 57-94.De La Garza Toledo, Enrique (2005). Introducción. Del concepto ampliado de trabajo al sujeto laboral ampliado. In: De La Garza Toledo, Enrique. Sindicatos y Nuevos Movimientos Sociales en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.Grabois, Juan y Pérsico, Emilio (2015). Organización y economía popular. CTEP. Recuperado de https://ctepargentina.org/documentos Meda, Dominique (2007). ¿Qué sabemos sobre el trabajo? Revista de Trabajo. Buenos Aires, 3(4), 17-32.Quijano, A. (1979) Imperialismo clases sociales y Estado en el Perú 1890-1930. Lima: Mosca Azul Editores.---(1997). Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina, Anuario Mariateguiano, 9(9).Razeto Migliaro, Luis (1986). Economía popular de solidaridad Identidad y proyecto en una visión integradora. Santiago de Chile: PET.Registro Nacional de Barrios Populares. RENABAP (2021) Informe de gestión Primer semestre 2021. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_primer_semestre_2021-_sisu_9_de_agosto.pdf Registro Nacional De Trabajadores De La Economía Popular. RENATEP (2021). Diagnóstico y perspectivas de la economía popular. Reporte Agosto 2021. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/renatep_-_diagnostico_y_perspectivas_de_la_economia_popular_reporte_agosto_2021.pdf ---(2021a). Hacia el reconocimiento de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. Primer informe de implementación. Mayo 2021. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/informe_completo_renatep.pdf