Venta callejera, género y desigualdades en tiempos de pandemia

MALDOVAN BONELLI JOHANNA; HOPP MALENA VICTORIA; FREGA MARIANA; TRAJTENBERG AGUSTINA

Un fantasma recorre el mundo: Las ciencias sociales ante la pandemia

Editorial UNSE

Lugar: Santiago del Estero; Año: 2021; p. 1 - 1

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de prevención tomadas desde el gobierno nacional y los estados provinciales para prevenir la propagación del virus, así como aquellas orientadas a asistir a la población en materia económica, sanitaria y social, están teniendo un fuerte impacto sobre las formas de vida de los hogares, que han visto trastocada su cotidianeidad ante este inédito contexto. Esto se refleja tanto en la emergencia de nuevas problemáticas como en el agravamiento de situaciones ya conocidas que, en este escenario, complejizan la situación de los hogares atravesados previamente por diversas desigualdades económicas, sociales y de género. En este marco, la restricción a la movilidad de las personas trajo inmediatas consecuencias para el habitual desarrollo de las actividades de producción y de servicios. La reconfiguración de la actividad económica tiene diversos tipos de impactos, algunos más y otros menos visibilizados, aunque no por ello de menor importancia. Entre los impactos de mayor visibilidad se encuentra la modificación en los ingresos de los hogares, afectados por una reducción que se agrava según los niveles de formalidad, llegando a verse reducidos por completo en algunos casos. De menor presencia en la agenda, pero fundamental para la producción de políticas públicas, es el análisis del trastocamiento de la organización reproductiva de los hogares. Entre éstos se destaca la sobrecarga de tareas domésticas y comunitarias que involucra principalmente a las mujeres, en tanto que refieren a actividades naturalizadas como propias del ámbito de lo ?femenino?. La sobrecarga de tareas dada ?en los casos de hogares con niños/as y adolescentes- por el cierre de escuelas y la virtualización de actividades educativas, sumada a los nuevos requerimientos de cuidado de adultos mayores o sectores de la población en riesgo, mayor sostenimiento emocional de familiares y vínculos cercanos y de tareas de limpieza asociadas a la seguridad frente al COVID-19 y el mayor tiempo de permanencia en el hogar, entre otras situaciones, colocan a las mujeres (tradicionalmente encargadas de estas tareas) en una situación de mayor desventaja en relación a sus pares varones. A estas situaciones, se añade la participación en redes comunitarias ya sea en asistencia o bien en la búsqueda de recursos para el sostenimiento del hogar, que se incrementa en las mujeres de sectores populares.En este contexto, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular constituyen uno de los sectores del trabajo más fuertemente afectados por la pandemia. Entre ellos/as, la inmensa mayoría vive al día con ingresos de subsistencia, se desempeña en ocupaciones y oficios signados por la precariedad e informalidad laboral, realiza sus tareas de manera individual y/o familiar, muchas veces dentro de los hogares y/o en la vía pública, sus condiciones de hábitat están marcadas por el hacinamiento y la falta de servicios básicos y se encuentran por fuera de los dispositivos formales de protección social, entre otras características. A nivel global se estima que cerca de 2.000 millones de trabajadores/as forman parte de la economía informal y que, dentro de éstos cerca de 1.600 millones se están viendo afectados por las medidas de confinamiento y contención del virus. En palabras de la Organización Internacional del Trabajo, la imposibilidad de trabajar y, por ende, de obtener ingresos para subsistir ha situado a este sector en un dilema de compleja solución: ?morir de hambre o por el virus?, lo cual se ve particularmente intensificado en el caso de las mujeres . En América Latina y el Caribe alrededor de 126 millones de mujeres trabajan en el sector informal. La elevada participación en la informalidad y la precariedad laboral lleva a que se vean afectadas de manera desproporcionada ante las medidas adoptadas a nivel global para evitar la propagación del virus. A esto se suma que más de uno de cada cuatro hogares de la región están a cargo de mujeres, son éstas quienes tienen más probabilidades de perder su fuente de ingresos en el actual contexto y tienen menor acceso a los mecanismos formales de protección social que los varones, llevando ello a profundizar aún más los niveles de feminización de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres frente a las consecuencias sanitarias y económicas del COVID-19.En Argentina, según la estimación realizada por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, la economía popular comprende a 4,2 millones de personas, entre las cuales el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación señala que el 56% son mujeres, insertas principalmente en ocupaciones precarias y escasamente reconocidas y remuneradas, tales como el trabajo doméstico y las tareas de servicio comunitario. Ligado a esto, entre los/as beneficiarios/as de programas sociales que han promovido el trabajo a través de cooperativas y entre quienes perciben el Salario Social Complementario y el Programa Hacemos Futuro también las mujeres tienen una participación mayoritaria.Dentro de este sector aquellos/as trabajadores/as que se desempeñan en la vía pública (vendedores/as ambulantes, feriantes, cuidacoches, artistas callejeros y artesanos/as) están atravesados/as por un conjunto de problemáticas específicas tales como la exposición a riesgos relacionados al trabajo a la intemperie, los accidentes de tránsito, la falta de servicios básicos durante la realización de su trabajo y, en este contexto, una mayor exposición al riesgo de contagio del COVID-19. Al respecto, un relevamiento reciente realizado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) destacó que para más del 90% de las personas encuestadas que integran la rama de espacio público, ésta es su única fuente de ingresos y que sólo el 3,5% está inscripto en el régimen de monotributo. El 90% no recibe asistencia ni tiene cobertura social y más del 70% tampoco percibe la Asignación Universal por Hijo, a pesar de que éstos/as tienen un promedio de tres hijos por trabajador/a. Asimismo, a nivel nacional los/as vendedores/as ambulantes representan más de la mitad de los trabajadores/as de esta rama de actividad (55,1%), de los cuales el 51,3% son varones y el 48,7% mujeres. Este grupo de trabajadores/as se encuentra especialmente afectado por las medidas de aislamiento social, debido a la imposibilidad de salir a la calle para trabajar y la consiguiente merma o carencia absoluta de ingresos y las dificultades de acceso a recursos para sobrellevar la cuarentena. En el transcurso del último mes la flexibilización para la realización de actividades no esenciales en el territorio porteño, llevó a incrementar el movimiento de personas que se trasladan a trabajar o bien a realizar compras. Algunos/as vendedores/as fueron retomando sus actividades habituales y a la par de ello, volvieron a padecer abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del gobierno local, a los que se encontraban sometidos/as antes de las medidas de aislamiento. La falta de reconocimiento de su trabajo como tal, los deja por fuera de las medidas de apoyo del gobierno nacional destinadas a los distintos sectores productivos de la economía, reforzando su lugar de asistidos/as en la sociedad. Asimismo, esta falta de reconocimiento lleva a que su trabajo no sea considerado para habilitar su ejercicio en el actual contexto ni para diseñar protocolos específicos para su desarrollo. A pesar de ello, dado que estos/as trabajadores dependen de poder salir a la calle para ganarse el sustento diario, ?quedarse en casa? no parece ser una opción viable, al menos en el mediano plazo.A partir de estas consideraciones, en lo que sigue reflexionaremos sobre la situación en la que se encuentran miles de trabajadores/as dedicados/as a la venta callejera en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) frente a la pandemia, considerando la dimensión de género y el acceso a las políticas públicas destinadas a atender las necesidades de este sector como ejes centrales de la (re)producción de desigualdades que se intensifican en contextos de crisis social y económica.