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A partir del 2003 se fue consolidando en Argentina un modelo de política social que puso en el centro la cuestión del trabajo. Desde ese año, comenzaron a implementarse diversas políticas públicas orientadas a la promoción y apoyo de formas de trabajo asociativas y autogestionadas en el marco de la Economía Social y Solidaria, a fin de promover la integración social y económica de personas en situación de desempleo y/o vulnerabilidad social. En este contexto, el objetivo de este capítulo es reflexionar acerca de las posibilidades y límites de las experiencias laborales impulsadas por las políticas de promoción de la Economía Social y Solidaria en la Argentina entre los años 2003 y 2011. Para ello utilizamos un enfoque plural que articuló el análisis exhaustivo de las normativas (resoluciones, leyes, decretos, reglamentaciones, etc.) que regulan los programas y acciones de promoción de la Economía Social y de diversos documentos producidos por las agencias estatales vinculadas con la implementación de estas políticas (informes, evaluaciones, noticias, información publicada en las páginas web, etc.), con la información recabada a partir de observaciones, entrevistas a destinatarios y a empleados de distintas agencias gubernamentales que participan de la implementación de programas socio-productivos. La investigación realizada muestra que en el periodo estudiado se produjo un proceso de consolidación y ampliación de la política de fomento de la Economía Social que abre posibilidades para el desarrollo de formas de trabajo asociativas y cooperativas, pero la consolidación y el sentido de las mismas es aún una cuestión abierta. El desarrollo de instituciones de regulación, promoción, articulación y fortalecimiento de estas formas laborales en el periodo estudiado, fue impulsado fundamentalmente por el Ministerio de Desarrollo Social y estuvo orientado prioritariamente a personas, grupos y unidades económicas en situación de vulnerabilidad social, marcando una tendencia hacia la construcción de la Economía Social como espacio heterogéneo de inclusión de quienes han sido desplazados del mercado de trabajo en las últimas dos décadas y se encuentran en situación de pobreza. Estas acciones implementadas por el Gobierno Nacional suponen un nuevo sujeto social y económico que, contradictoriamente, no logran reconocer plenamente.

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