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Si bien con el reinicio de la democracia en la Argentina los derechos humanos se incorporan en la agenda política, persiste en la actualidad la aprobación de normas que legitiman y reproducen prácticas represivas, violencia institucional. En este sentido, en diciembre de 2006, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires otorga media sanción a dos proyectos de ley, en los cuales se hace presente un doble juego: la despenalización de quien en la vida diaria se vista y haga pasar por persona de sexo contrario y, a su vez, da continuidad a la penalización de la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo Teniendo en cuenta que, según diferentes fuentes, aproximadamente el noventa por ciento de la población travesti subsiste gracias a la prostitución, la aprobación de este tipo de proyectos de ley no representa un cambio real en la vida cotidiana de las personas con identidades de género disidentes, sino que da cuenta de un cambio en la estrategia del poder represivo. En este artículo se intentará, por un lado, reconstruir el proceso político que posibilitó la media sanción del proyecto mencionado, teniendo presentes las estrategias elaboradas por los diferentes actores involucrados: los legisladores, las ONGs y los organismos de derechos humanos. Por otro lado, se realizará un breve recorrido histórico para dar cuenta de la necesidad de crear un Código de Faltas, en 1973, que regulara los comportamientos cotidianos de las personas. Se utilizarán en este artículo las palabras travesti,transexual y transgénero para referirse indistintamente al colectivo que podría agruparse bajo el término trans, visto que resulta suficientemente amplio para incluir a aquellas personas que manifiesten características disímiles al esquema binario de género tradicional hombre/mujer (Rocco y Zambrini, 2006).

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