Unión Civil en Buenos Aires, la incorporación de las identidades sexuales disidentes en la agenda política

BOY MARTÍN; MAGDALENA GUALTRUZZI; NADINA KOKOT

Guadalajara

Congreso; XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).; 2007

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guadalajara, México

En Diciembre de 2002 se aprueba en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la ley de Unión Civil, la cual permite que dos personas, independientemente de su sexo, su identidad de género y su orientación sexual, puedan registrarse formalmente como pareja. Este hecho político constituye a Buenos Aires como el primer antecedente jurídico en Latinoamérica que reconoce jurídicamente a las relaciones afectivas que no respondan al modelo heterosexista. La inminencia de la aprobación de la ley trajo consigo un debate acerca de la representación social de familia. En este artículo se enfatizará en los argumentos esgrimidos por los diferentes actores sociales involucrados: las instituciones que responden a los intereses de la Iglesia Católica, organizaciones de la sociedad civil autoproclamadas como defensoras de los derechos humanos de la población GLTTTBI. La incorporación de las identidades sexuales disidentes en la agenda política no es una novedad. Pecheny sostiene que la aparición de la epidemia de VIH/sida marca una ruptura entre lo público y lo privado. Si antes la homosexualidad era concebida como parte de la privacidad de cada una de las personas, con la aparición del VIH “la homosexualidad se convirtió en un tema del cual se habla en los medios de comunicación y en las instancias gubernamentales”(Pecheny, 2005:143). De esta forma, ciertas sexualidades ocultas comienzan a visibilizarse y surgen las primeras protestas acerca del estatus jurídico y la protección social de las parejas no casadas y de las parejas homosexuales. Así es como dentro del movimiento gay la defensa de la salud, un valor compartido universalmente, se conforma como un vector de legitimación de derechos humanos y comienza la defensa de una ciudadanía sexuada que “reconoce la diferencia sexual y la legitimidad de las distintas orientaciones sexuales” (Pecheny, 2005: 144). En el debate de la Unión Civil nuevamente se visibilizan e incorporan en el escenario político las identidades sexuales disidentes que no se conforman con vivir entre las cuatro paredes. Si la salud fue el primer paso, el reconocimiento de la vida afectiva de las personas GLTTTBI y el consecuente acceso a derechos legales, se constituye como un segundo momento de visibilización. El recorrido de una instancia a la otra no fue lineal ni fácil, sino que se fue legitimando a partir de rechazos y reconocimientos aislados que fueron marcando precedentes jurídicos. Algunos de ellos fueron el otorgamiento de la personería jurídica por primera vez a una organización no gubernamental avocada a la resolución de las demandas de estos grupos, y la extensión de las coberturas médicas a las parejas homosexuales por parte de las obras sociales. A lo largo de este artículo, se analizarán los argumentos presentados por los diferentes sectores, que giran entre, por un lado, la defensa del modelo tradicional de familia basado en fundamentos biologicistas y religiosos y, por el otro, la proclamación de la igualdad frente a la ley, la no discriminación y el reconocimiento a los tipos de familia que no responden al modelo tradicional de familia nuclear. Esta sigla hace referencia a Gays, Lesbianas, Travestis, Transexuales, Transgéneros, Bisexuales e Intersex.