Sentidos disputados en el proceso de mesa de diálogo vinculado a la construcción de dos represas en el río Santa Cruz

FIGUERERO MARÍA JOSÉ; RODRIGUEZ MARIELA EVA

Corrientes

Congreso; XXI Congreso Nacional de Arqueología Argentina; 2023

Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes

La expansión extractivista --ligada en su mayor parte a proyectos impulsados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)-- genera cuestionamientos por parte de comunidades y organizaciones indígenas, no solo hacia las políticas estatales que la promueven, sino también hacia las prácticas científicas que la legitiman. Los estudios de impacto arqueológico --solicitados, auspiciados y financiados por empresas que ligan al sector privado con el Estado-- han suscitado numerosos debates en la Antropología, tanto dentro del ámbito exclusivamente de la Arqueología como en su relación con otros subcampos, entre los cuales se encuentran (y desencuentran) la Antropología social y la Bioarqueología. Dichos debates suelen girar en torno a una serie de preguntas incómodas en las que confluyen reflexiones epistemológicas, teóricas y éticas; un abanico de posibilidades cuya variedad depende de cuánto y cómo nos dejamos interpelar por las demandas de los pueblos originarios, como así también de la voluntad para habilitar espacios en el ámbito académico que permitan llevar adelante articulaciones e investigaciones comprometidas. Entre los interrogantes frecuentes se encuentran los siguientes: ¿Qué ciencia hacemos? ¿Para quiénes trabajamos? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras investigaciones? y, en particular, ¿cuáles son las implicancias del término "patrimonio arqueológico"? ¿Cómo se circunscribe? ¿Quiénes son sus legítimos poseedores? ¿Quiénes lo gestionan? ¿Por qué los pueblos indígenas impugnan algunas de las definiciones científicas y estatales derivadas de UNESCO? ¿Cuáles son los marcos jurídicos sobre los que se asientan las diferentes posiciones? ¿En qué medida tales impugnaciones resultan inteligibles, ya sea para los equipos que realizan arqueología de rescate, o bien para los funcionarios públicos que toman decisiones sobre las intervenciones en el territorio? En este trabajo reflexionaremos sobre algunos de los temas surgidos en el marco de una mesa de diálogo, que ya lleva ocho encuentros, cuyo inicio (a principios del año 2018) fue ordenado por un fallo de la justicia federal (firmado unos meses antes), en respuesta a la medida cautelar presentada por la lof mapuche-tehuelche Fem Mapu de la provincia de Santa Cruz. En la presentación judicial, la lof llamó la atención sobre la ausencia de consulta previa, libre e informada —tal como reza el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— y manifestó su preocupación sobre diversos puntos, dos de los cuales abordaremos en esta ponencia: ¿cómo serán afectados los restos humanos? y ¿cuáles son las implicancias de aquello que los discursos oficiales refieren con el término “patrimonio arqueológico”, pero que para las cosmologías indígenas remite a una materialidad cargada de energías y afectividades asociada a la memoria colectiva? Esta acción legal dio lugar al involucramiento de quince comunidades (tehuelches, mapuches y mapuche-tehuelches), en un proceso donde interactúan autoridades ancestrales junto con distintos organismos dependientes del Estado provincial y del Estado nacional, personal de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) --que lleva adelante la construcción de las dos represas en el río Santa Cruz, y que está conformada, en su mayor parte, por capitales estatales de China (Gezhouba Group Company Limited)--, el equipo de arqueología --que realiza los informes de impacto, la remoción del material en la zona de obras, el almacenamiento en contenedores y los estudios derivados-- y un grupo de asesores convocados por las comunidades en el cual, además de tres abogados, participamos las autoras de esta ponencia (una arqueóloga y una antropóloga social).