Demandas de comunidades indígenas por las represas en el río Santa Cruz

RODRIGUEZ MARIELA EVA

Ciudad de Buenos Aires

Jornada; Jornadas de Fundamentos y Aplicaciones de la Interdisciplina (JFAI); 2019

Universidad de Buenos Aires

La historia del avance del capitalismo neoextractivista en Santa Cruz, en la Patagonia argentina, tuvo como protagonista a la explotación hidrocarburífena y a las minas de carbón. Entre fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI se iniciaron proyectos de explotación de otros minerales, entre los que se encuentran oro y plata y, posteriormente, uranio. Estos proyectos fueron percibidos como fuentes de trabajo y "avance hacia el progreso" y, en consecuencia, las voces disientes han sido minoritarias. Sin embargo, los inicios del proyecto de dos megarrepresas en el río Santa Cruz en el 2015 (río de origen glaciaro que se nutre en el glaciar Perito Moreno) despertaron la resistencia de organizaciones ambientalistas, de unos pocos ciudadanos y de los pueblos originarios. Dicho proyecto forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Si bien la idea de construir dos represas en el río Santa Cruz comenzó a ser discutida a fines de la década del sesenta, el proyecto comienza a materializarse en el siglo XXI e involucra tanto a la gestión kirchnerista como a Cambiemos. En diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar en la que ordenó suspender las obras hasta que el Estado nacional presentara la evaluación de impacto ambiental y convocara a una audiencia pública en Congreso de la Nación, tal como estipula la Ley de Obras Hidráulicas. En 2017 una comunidad mapuche-tehuelche presentó una demanda cautelar contra el Estado provincial, contra el Estado nacional y contra la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada en su mayor parte por capitales de China. El punto central de la demanda es la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado, que inició las obras sin realizar el proceso de consulta, previa, libre e informada con los pueblos indígenas. La presentación judicial expone preocupaciones de las comunidades por la destrucción del paisaje, el patrimonio y los enterratorios indígenas, así como también sobre los desequilibrios cosmológicos que acarrea la construcción de las represas, que afectan las relaciones entre seres humanos y no humanos entre los cuales se encuentra el río. La demanda habilitó una mesa de diálogo en la que participan catorce comunidades indígenas, junto a un equipo de asesoras convocadas por las comunidades, entre las que me encuentro.En este trabajo analizaré las tensiones presentes en este campo de interlocución particular, en el que comunidades tehuelches, mapuches y mapuche-tehuelches, organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, instituciones estatales (nacionales y provinciales), empresas privadas transnacionales, artistas e investigadores científicos no solo disputan sentidos y prácticas desde marcos conceptuales e interpretativos diferentes, sino también desde distintas epistemologías y cosmologías. Estas disputas se juegan en diversos terrenos, entre los cuales el binomio patrimonio-museo ocupa un lugar central.