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En esta reunión, se continuó el proceso simultáneo de elaboración de la Convención Americana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el seno de la OEA (Organización de Estados Americanos). Un precedente importante de este avance regional ha sido, sin dudas, la aprobación de la Carta de derechos humanos de las personas mayores de San José de Costa Rica. Esta Carta fue aprobada por los países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año 2012. Pero el documento fue el resultado final de la tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, que se realizó del 8 al 11 de mayo de ese mismo año . En la Carta de San José, los representantes gubernamentales reafirmaron su compromiso expresado en la Declaración de Brasilia de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia y crear redes de protección de las personas mayores para hacer efectivos sus derechos. Respaldaron también la labor del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas de composición abierta sobre el envejecimiento y la del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los delegados exhortaron a estudiar la viabilidad de una convención internacional y otra interamericana de los derechos de las personas mayores y la designación de un relator especial, encargado de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de este colectivo de edad avanzada. Junto a todo ello, los Estados expresaron su compromiso de reforzar la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional mediante medidas tales como: trato diferenciado y preferencial hacia las personas mayores; adopción de leyes especiales de protección; atención prioritaria a las personas mayores en la tramitación de procesos administrativos y judiciales, así como en los beneficios y prestaciones que brinda el Estado. También señalaron la necesidad de desarrollar políticas públicas y programas dirigidos a aumentar la conciencia sobre estos derechos y su participación en organizaciones de la sociedad civil y en los consejos. Se acordó, además, mejorar los sistemas de protección social para que respondan efectivamente a las necesidades de las personas mayores, por medio de la universalización del derecho a la seguridad social y a la salud. Se instó a la creación de los servicios sociales necesarios para brindarles cuidado, promoviendo a la vez su independencia, autonomía y dignidad. Por otra parte, la Carta de San José hizo hincapié en las obligaciones que tienen los Estados para erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, con especial énfasis en la discriminación basada en el género y entregar asistencia prioritaria y preferencial a las personas mayores en situaciones de emergencia o desastres naturales.

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