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El 7 de octubre, por medio del decreto 479/55, el gobierno de facto que se constituyó tras el golpe de estado contra Juan Domingo Perón creó la Comisión Nacional de Investigaciones. Isaac Rojas, el vicepresidente de la Nación, fue quien quedó a cargo de esa nueva institución, que formaba de la nueva ingeniería institucional del nuevo régimen. En el discurso que ofreció como reconocimiento a sus miembros ante el cierre de las mismas, el contraalmirante Rojas en ejercicio de la vicepresidencia, sostuvo que fue frente a «la insólita situación de malversación de caudales públicos y violación de las normas de la moral, la ética y el derecho, por parte de numerosos funcionarios públicos del régimen despuesto »[Comisión Nacional de Investigaciones 1958, I,6] que el gobierno de facto decidió crear este nuevo organismo. En efecto, la malversación de caudales públicos, descripta en el artículo 260 del Código Penal, fue uno de los tipos delictivos que organizó las acusaciones de corrupción contra el gobierno depuesto. Sin entrar en detalles legales que escapan a este análisis, nos interesa destacar que la acción reprimida era la de dar a los caudales y efectos administrados por el funcionario una aplicación diferente a aquella que estaban destinados.[Sosa, Omar Julián 2012, 95]Lejos de buscar simplificar un fenómeno complejo como el de las acusaciones de corrupción bajo una tipificación penal única, nos parece interesante utilizar esta etiqueta común para rastrear la diversidad de prácticas y actores que contuvo. Una vez más, creemos que la historiografía regional nos puede ayudar en esta reconstrucción de lo heterogéneo, al habilitar la reconstrucción de las acusaciones de malversación en diversos escenarios subnacionales. No obstante, la multiplicación de denuncias en distintas escalas también debería ayudarnos a imaginar nuevas preguntas. En la introducción a Handbook sobre corrupción política, Heywood construye un interrogante que puede propiciar varias reflexiones sobre el tema que estamos trabajando. El autor nos invita a imaginar un escenario en que hay dos países, el País A y el País B, con características muy similares. En el país A, la pequeña corrupción está muy extendida, los casos de soborno de bajo nivel se dan a gran escala y cada persona espera que se le pida que pague aproximadamente un soborno significativo al año. Esta corrupción equivale a un "impuesto sobre la renta" corrupto de aproximadamente el 2% de los ingresos de los ciudadanos, además de los demás impuestos formales que deben pagar. En el país B, la corrupción menor es casi inaudita. Sin embargo, una alta ministra del Gobierno ha organizado de forma corrupta que el Ministerio de Defensa adquiera material militar exclusivamente a una empresa de su propiedad a través de un tercero. El coste para el país B de este material militar es aproximadamente un 50 por ciento superior, para productos idénticos, al que podría obtenerse en el mercado libre. Para que el país B pueda hacer frente a estos costes, el impuesto sobre la renta debe aumentar un 5% a perpetuidad. ¿Qué país es más corrupto? ¿Se trata de un problema de monto o de volumen de delitos? En última instancia se trata de reflexionar sobre la imposibilidad de pensar la corrupción como una cosa, una propiedad visible de los sistemas políticos que puede resumirse en una sola cifra o puntuación. [Heywood 2014, 3] En otras palabras, se trata de pensar a la corrupción como un delito de percepción [Rosenmüller and Ruderer 2016, 12]En efecto, en la escena de 1955, los actores que integraron las comisiones investigadoras y el gobierno que emergió de la revolución libertadora posiblemente tuvieron visiones enfrentadas en torno cuál era la perspectiva que mostraría al peronismo como un régimen más corrupto. Mientras que varios de los integrantes de las comisiones recolectaron denuncias que apuntaban no sólo a funcionarios sino también a empleados de baja jerarquía, otro sector decidió concentrarse en las evidencias sobre corrupción en las altas esferas. Por otra parte, la descentralización que experimentó la Comisión Nacional de Investigaciones hizo que la referencia a los niveles más altos de la administración implicase desde Perón hasta el gobernador de una provincia, desde un ministro nacional hasta el intendente de una pequeña localidad.Para identificar buena parte de los casos que se tipificaron bajo la figura de malversación exploramos exhaustivamente las memorias de la Comisión Nacional de Investigaciones. Con este fin, realizamos un proceso para el reconocimiento óptico de caracteres a partir de las imágenes digitalizadas con las que contábamos. De este modo, logramos detectar 549 menciones de la palabra malversación que exploramos de manera intensiva. Una detección similar pudimos realizar en el Libro Negro, aunque en este caso el material ya se encontraba disponible online y con opción de búsqueda de texto. Por último, complementamos esta exploración con una revisión aleatoria de expedientes caratulados con este delito, recopilados del Fondo de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial del Archivo General de la Nación [en adelante AR-AGN.DAI/FNRP.CNI.CCA].El capítulo se organiza en tres apartados en los que exploraremos la acusación de malversación de fondos públicos en tres dimensiones : nacional, provincial/local y a ras de suelo. Nos interesa analizar como variaron las percepciones sobre esta acusación, cuya base legal no fue modificada. Asimismo, nos interesa explorar como los discursos sobre rendición de cuentas ataron los delitos cometidos por las altas cúpulas y empleados de menor jerarquía en torno a esta figura delictiva.

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