Argumentación Jurídica, conocimiento lingüístico y comunicación. El caso de los argumentos ´mayor abundamiento'

CUCATTO, MARIANA

Medoza

Congreso; I Congreso internacional de Retórica e Interdisciplina y II Coloquio Nacional de Retórica "Los códigos persuasivos: historia y presente"; 2013

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo y Asociación Argentina de Retórica

En el sistema judicial argentino las sentencias deben ser fundadas (art.163 inc. 5 CPCC de la Nación, ídem de la Provincia de Buenos Aires), lo cual significa que deben estar sostenidas por argumentos. No obstante, todos los argumentos que utilizan los Jueces no poseen igual peso o importancia. En efecto, se suele distinguir entre los que constituyen la "ratio decidendi" y los que no forman parte del fundamento jurídico de la decisión, es decir, los denominados "obiter dicta". A pesar de tal distinción, en este trabajo se procurará demostrar, a partir de los resultados obtenidos de encuestas realizadas a postulantes a ocupar cargos en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que dichos aspirantes, a pesar de contar con experiencia previa en el ámbito jurisdiccional, y de haber superado parcial y satisfactoriamente ciertas etapas de este proceso de selección, desconocen el significado y alcance que posee la expresión técnica "a mayor abundamiento" como introductora de argumentos que no determinan la decisión. Se explicará cómo: a- no parecen diferenciar entre los usos más generales de "a mayor abundamiento" y aquellos más específicos propios del quehacer jurídico, esto es, aquellos que surgen en el marco de un lenguaje especializado o profesional en el que dicha expresión funciona con un comportamiento similar al de una unidad terminológica (Cabré, 1999, 2002); b-detectan que "a mayor abundamiento" es un argumento excedente en cuanto a la cantidad y no un argumento de menor valía en cuanto a la calidad. Indudablemente, ignorar la función de esta expresión indica que se puede estar fundamentando incorrectamente, lo cual no solo puede ocasionar problemas de comunicación dentro y fuera del ámbito jurisdiccional, sino que, además puede dar como resultado resoluciones judiciales potencialmente arbitrarias, emanadas, así, de un servicio de justicia deficitario.