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El artículo analiza la trayectoria seguida por la acción de justicia encarada por un grupo de vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, quienes en el año 2004 reclamaron a los poderes públicos por su inacción en el control de la contaminación ambiental. Este último reclamo se encausó por vía jurídico-institucional cuando, en 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró su competencia originaria en la cuestión. A partir de allí, la causa ?Beatriz Mendoza? se volvió un caso testigo para el futuro de la política ambiental en Argentina. Cuando la Corte declaró su competencia originaria, estructuró el caso en relación a la exigencia de cumplimiento del derecho constitucional al ambiente sano (art. 41), de este modo, estableció que el Estado tiene la obligación perentoria de recomponer el daño ambiental ocasionado a los ecosistemas y sus habitantes así como prevenir el daño futuro. Al hacer comparecer a las diferentes jurisdicciones de gobierno frente al tribunal, la Corte abrió una arena pública de deliberación en torno a un caso estructural. El presente trabajo se propone analizar los cambios sucedidos desde 2008 en adelante, cuando el PISA debió ajustarse a diferentes escenarios de implementación, se generaron nuevos conflictos y otros que antes estaban latentes se hicieron visibles. En ese nuevo contexto, se plantean numerosos interrogantes acerca de la exigibilidad del derecho al ambiente sano en su relación con otros derechos, particularmente el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. A diferencia de otras producciones en la literatura sobre acceso a la justicia, este trabajo no se propone analizar la genealogía del caso, es decir las condiciones que permitieron que un reclamo social ingresara en las puertas de los tribunales. Por el contrario, lo que nos interesa es analizar la relación existente entre el ámbito judicial de ejecución de la sentencia y la arena política que se abre cuando los mandatos del poder judicial deben transformarse en una ruta de implementación de las políticas públicas Nuestro interés central se focaliza en los problemas de implementación de las políticas públicas, en términos de la exigibilidad de los derechos que están en juego y también en relación a la ?tensión entre derechos?. Nos vamos a concentrar en dos problemas. En primer lugar nos interesa analizar la implementación de las políticas públicas en la CMR donde la pregunta clave apunta a indagar cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de las metas del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo (PISA) y cómo puede esto ser analizado en materia de exigibilidad de derechos. En segundo lugar, nos interesa analizar el rol que juegan diferentes actores en este proceso, las tensiones que se producen en relación a la complejidad de medidas, sus efectos positivos y negativos (es decir, dilemáticos en términos distributivos) con respecto a la exigibilidad de los derechos. En particular queremos plantear problemas referidos a la tensión entre el derecho al ambiente sano y el derecho a la vivienda.

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