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Esta ponencia es un aporte al estudio de los exiliados como receptores de prácticas burocráticas regulares de una agencia formal y específica del Poder Ejecutivo dictatorial -el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - que en su funcionamiento habitual y en articulación con el poderoso Ministerio del Interior, participó en tareas ligadas a la gestión, vigilancia y control de los movimientos de egreso e ingreso de cierto grupo de argentinos del territorio nacional entre 1976 y 1983.El trabajo está organizado en tres partes. La primera inscribe el problema de investigación en la encrucijada de los estudios sobre el Estado, la acción exterior de la dictadura y los exilios políticos, tratando de reconocer en qué medida los aportes en estos territorios historiográficos permiten avanzar en la reconstrucción sistemática de las políticas dictatoriales en relación con los exiliados. La segunda analiza a partir del fondo OEA-ONU del Archivo Histórico de la Cancillería argentina, las prácticas del Estado dictatorial orientadas a la administración, vigilancia, control y prohibición de la salida o entrada de dos colectivos exiliares: por un lado, los opcionados y por el otro, los huidos, prófugos, condenados y procesados. La tercera que opera como cierre, reflexiona sobre la persistencia de la lógica punitiva de control del movimiento poblacional en la última dictadura militar y sobre el modo en que ciertos -argentinos en el exterior- constituyeron un "problema de seguridad nacional y de orden público" frente al que el MREyC operó, primero, intentando administrar las salidas en previsión del rol que los "subversivos" podían jugar en el aislamiento internacional de la dictadura y en su integración en redes humanitarias internacionales; y más tarde, gestionando restrictivamente los reingresos en una dinámica que definió tempranamente (septiembre 1977) y mantuvo sin cambios hasta el final del Proceso de Reorganización Nacional.

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