Desigualdad, gobernanza y participación ciudadana. Un análsis normativo de la problemática de salud públicaIPACIÓN CIUDADANA. ANÁLISIS NORMATIVO DESDE LA PROBLEMÁTICA DE LA SALUD PÚBLICA

DE ORTÚZAR, M. G

Bariloche ( Trabajo enviado en 2014 y aceptada su publicación y su exposición en el 2015)

Seminario; III Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina; 2015

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, Sede Andina - Universidad Nacional de Rio Negro (Reunión Científica, financiada por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología)

En las últimas décadas se ha puesto de moda el concepto de gobernanza, definido como un nuevo modo de gobernar conforme al cual, en la formulación y aplicación de políticas públicas, no sólo participan las autoridades estatales, sino también las organizaciones privadas y ciudadanos activos. Si bien la gobernanza nace con la crisis del Estado de Bienestar Europeo y es utilizada por el Banco Mundial para justificar programas neoliberales de salud; también ha sido  enarbolada por sectores de izquierda como una herramienta útil para analizar las asimetrías de  poder entre los participantes. El problema es que éste modelo legitima -bajo una supuesta estructura democrática y participativa- las desigualdades pre-existentes. Un claro ejemplo de ello es la gobernanza en salud. Se presenta como un modelo participativo de decisiones compartidas donde el ciudadano activo, informado, participa de la toma de decisiones sanitarias (individuales y colectivas). La gobernanza en salud es impensable en sociedades jerárquicas, donde las relaciones sociales débiles refuerzan el poder de los más fuertes,  y las asimetrías entre los ciudadanos activos (informados) y los ciudadanos de segunda (marginados y estigmatizados).             El objetivo del presente trabajo es mostrar, a través del análisis práctico de la gobernanza en salud, cómo la falta  de justificación normativa de   modelos latinoamericanos conlleva la legitimación de las asimetrías de poder; la co-responsabilidad del paciente en el sistema de salud, y, lo que es más grave aún, la ignorancia de  las desigualdades estructurales y determinantes sociales de la salud que demandan la responsabilidad social  del Estado.