Una revisión crítica del CI en Telesalud.- Capítulo revisado y actualizado

DE ORTÚZAR MARÍA GRACIELA ET-AL

Libro ICT UNPA Ciencias Sociales y Humanidades

UNPA

Lugar: RIO GALLEGOS; Año: 2012; p. 103 - 139

El tema que nos ocupa aquí es el análisis del consentimiento informado electrónico -CIE- en el marco general de telesalud. El CIE es, básicamente, un instrumento ético-legal que permite expresar la  autonomía del paciente para elegir o rechazar un tratamiento, droga o protocolo de investigación en el marco de la Sociedad del Conocimiento- SC-. Por otra parte, la TS es, en términos generales, el ejercicio de la medicina a distancia a través del uso  de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs-. La aplicación de TICs a salud implica: 1-el acceso técnico,  la capacitación/actualización permanente de  profesionales de salud (teleeducación sanitaria y acceso a bases de datos); 2- la posibilidad de  realizar interconsultas con otros expertos (teleconsulta) y tratar a pacientes a distancia (telepráctica sanitaria); 3- la capacitación informacional de los pacientes para prevención en salud, su participación  en la toma de decisiones en el sistema de salud, y el fomento del diálogo entre el médico y el paciente, en un contexto de relación de igualdad (modelo de autodeterminación informativa). En el presente trabajo nos limitaremos a analizar el punto 3, y dentro del mismo, el uso ético-social del CIE. A través del CIE se expresaría la autonomía del paciente; su decisión libre e informada. Ahora bien, si el CI  utilizado tradicionalmente en medicina es un procedimiento altamente complejo e idealizado, el CIE parecería, en principio, más dificultoso. La puesta en práctica del CIE exige hacer  frente no sólo a la situación de vulnerabilidad que provoca la misma enfermedad  en el paciente; sino también  estudiar las condiciones que se requieren para garantizar el ejercicio real del CIE en una SC inclusiva. En pos del esclarecimiento de estos problemas, el presente  análisis  se centrará en: (I) la fundamentación ético y social del CIE, sosteniendo que su impulso debe ser moral, no meramente formal o legal; y (II) la determinación de las condiciones de aplicabilidad del mismo  en la SC.