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Los servicios de agua y saneamiento conforman miradores privilegiados de la acción estatal porque se vinculan a un derecho humano inalienable, integran eslabones centrales para el desarrollo económico, posibilitan la integración territorial y generan fuertes externalidades positivas en lo que concierne a la salud, a las condiciones de vida de la población y al ambiente.La provisión de estos servicios en la provincia de Buenos Aires (PBA) evidencia dos características centrales: por un lado, intervienen como operadores las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, además, de un conjunto de prestatarias privadas. Por otro existe una importante desigualdad territorial en el acceso ya que coexisten municipios donde la mayoría de los hogares accede a los servicios por redes y otros que resuelven el acceso por formas sustitutas frente a la inexistencia de las infraestructuras o la imposibilidad de conectarse a las mismas. El trabajo reconstruye y analiza el proceso de institucionalización de los servicios de agua y saneamiento en la PBA y sus intentos de coordinación. Parte de considerar que la política sectorial refiere a un proceso de toma de posición predominante estatal que incluye la planificación (de las fuentes de abastecimiento, planes y obras, etc.), la regulación, control y fiscalización, como así también la prestación concreta de los servicios (operación, mantenimiento de las instalaciones, expansión y mejoras). Asimismo, en tanto campo en el que intervienen colectivamente un conjunto heterogéneo de actores estatales y no estatales, la política sectorial requiere la coordinación de los programas, proyectos, actividades, intereses, fuentes de financiamiento, usos del recurso hídrico y, en general, de las reglas de juego formales e informales.

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