Revisando la bibliografía académica sobre las dificultades de acceso al suelo urbano para los sectores populares y las toma de tierras en Latinoamérica

BACHILLER, SANTIAGO

Cipolletti

Congreso; VI Jornadas de Historia de la Patagonia; 2014

Universidad Nacional del Comahue

El acceso a la tierra constituye uno de los principales problemas sociales contemporáneos, afectando con particular virulencia a los sectores populares. El objetivo general de la ponencia es indagar cómo la bibliografía académica debatió sobre los problemas de acceso al suelo urbano y las disputas por el reconocimiento al ?derecho a la ciudad? (Oszlak, 1991) expresadas a partir de los procesos de toma de tierras. Entre el 40 y el 50% de la población mundial que vive en las grandes ciudades reside en asentamientos informales: por lo menos la mitad de dichos barrios se originaron de forma sin autorización ni planificación oficial a partir de procesos de tomas de tierras (Mertins et. al., 1988). Según estimaciones conservadoras, en Latinoamérica al menos 1 de cada 4 ciudadanos solamente tiene acceso a la tierra urbana y a la vivienda a través de procesos informales; de tal forma, autores como Edesio Fernándes (2008) han llegado a sostener que la informalidad y las tomas de tierras representan la forma latinoamericana de producir espacio urbano. Las causas de los procesos de tomas de tierras han sido uno de los temas más estudiados. Las dificultades de acceso al suelo urbano no sólo responden a procesos históricos ligados con la herencia colonial sino también, y especialmente, a las condiciones de urbanización capitalista, las cuales combinan un régimen de propiedad privada del suelo urbano con dispositivos que permiten la producción y acumulación de rentas extraordinarias mediante el proceso de urbanización (Cravino y Fernández Wagner, 2014; Clichevsky, 2004). Por consiguiente, existen tres grandes lógicas de coordinación social del acceso al suelo urbano. El Estado y el mercado representan las formas convencionales de acceso al espacio urbano. La tercera lógica social va por fuera de los dos marcos convencionales, y en Latinoamérica ha sido caracterizada como la ?lógica de la necesidad?. La misma opera mediante el mercado informal del suelo, el cual está fuera de las regulaciones institucionales y de los sistemas de controles tradicionales y propios del Estado y del derecho (Abramo, 2009). En síntesis, para muchos ciudadanos el acceso formal al suelo urbano es inalcanzable, por lo que la ocupación irregular de tierras en áreas sin servicios, ambientalmente degradadas, o expuestas a desastres naturales, es el modo predominante de acceso a la ciudad (Cravino y Fernández Wagner, 2014). A comienzos de los años 1970, las discusiones se articularon en torno a los procesos de autoconstrucción de las viviendas y la mercantilización del suelo urbano ocupado por los sectores populares. Entonces, se argumentó en pos de la racionalidad y las dinámicas de construcción de la ciudad por parte de quienes se vieron forzados a tomar tierras, sosteniendo que las políticas no deben erradicar sino mejorar los asentamientos apoyándose en lo hecho por la gente. Dichas posturas supusieron un rechazo a los sistemas centralizados de provisión habitacional hasta entonces vigentes (Davies, 2008). A principios de los 1980´, surgieron múltiples críticas a dichos planteos, las cuales se sintetizan en el siguiente argumento: tras los elogios a la mercantilización y autoconstrucción subyace una ideología que da por sentado que la integración se reduce a lo económico, que sacraliza la propiedad, y que no comprende las dinámicas informales (Fernández Wagner, 2008). Desde sus orígenes, las sociabilidades generadas en los espacios urbanos que surgieron a partir de tomas de tierras fue un tema prioritario en los debates académicos. Asistimos a procesos donde la autoconstrucción y/o la autoayuda son fundamentales, y se basan en diversas formas de solidaridad barrial (Lomnitz, 1973). No casualmente, Abramo (2009) sostiene que la literatura latinoamericana sobre el uso del suelo urbano nace estudiando movimientos sociales, para virar luego hacia el urbanismo. Asimismo, diversos estudios se han centrado en la noción de producción social del hábitat, en los procesos de autogestión y participación popular, recordando que la producción popular de la vivienda y del hábitat es un acto social y no individual (Rodríguez, 2005). Las políticas estatales vinculadas con las tomas de tierras han sido otro eje prioritario para la bibliografía académica. Es posible mencionar la existencia de estudios sobre el clientelismo político que se genera en los espacios urbanos surgidos a partir de tomas de tierras. Entonces, se analiza cómo la obtención de servicios e infraestructura urbana, así como de la mensura del terreno y de un título de propiedad, se canalizan a partir de un vínculo de reciprocidad asimétrica entre el asentamiento y ciertas figuras políticas que responden a determinadas facciones político partidarias (Auyero, 2001). Son dignas de destacar aquellas investigaciones que prestaron atención al modo en que la mayor presencia estatal en el territorio altera la naturaleza de los mecanismos de participación y las formas de organización barrial previas (Merklen, 2011; Cravino, 2009). También han sido prolíficos los estudios sobre los programas de relocalización o erradicación. En Argentina, la versión más brutal de los programas de erradicación tuvo su epicentro en la última dictadura militar; entonces, los espacios que nacieron de tomas fueron identificados como ámbitos propicios para las acciones demagógicas, asistencialistas y subversivas, como un cáncer social a extirpar (Hermitte y Boivin, 1985). Resultan especialmente interesantes los trabajos que analizan cómo las formas expulsivas contemporáneas no siempre se materializan en desalojos, sino que se expresan de un modo más sutil, escudándose detrás de discursos ambientalistas (Carman, 2011) o apelando a la ?revalorización cultural? (Carman, 2006) de zonas codiciadas por los intereses inmobiliarios y especulativos. Las políticas de regularización de las tierras es otro eje que generó una amplia bibliografía; en muchos casos, en estas discusiones se filtró otro concepto clave, como es la informalidad. Los debates sobre la regularización de asentamientos surgidos a partir de tomas de tierras tuvieron su epicentro durante los años 1980 y 1990; en los mismos, el eje articulador giró en torno a las condiciones de legalidad, dando por hecho que la entrega de títulos de propiedad garantizaría la inserción en el sistema. Para estas posturas, los Estados debían financiar la reducción de la pobreza convirtiendo lo informal en formal (Fernández Wagner, 2008). Las críticas a estos planteos fueron múltiples, destacándose el surgimiento de consecuencias no deseadas, como los procesos de gentrificación, la proliferación de un mercado de subalquiler de habitaciones con la consiguiente conformación de una nueva y amplia subclase explotada (Davis, 2008), la generación de áreas legalizadas pero no necesariamente sostenibles (Fernandes, 2008), etc. La ilegalidad fue otro ítem que disparó una serie de debates, destacándose los estudios que problematizaron las categorías estigmatizantes que recaen sobre quienes ocuparon las tierras, tales como la de ?usurpadores? (Catenazzi y Reese, 2010). Otros trabajos se preguntaron por la forma en que la noción de derecho aparece en los procesos de producción de asentamientos, resaltando la existencia de múltiples sensibilidades legales presentes en el proceso (Canestraro, 2012; Carvalho, 1993; Azuela, 1989; Rincón, 2006). La literatura académica detecta un cambio significativo en los procesos de tomas, el cual comienza a expresarse en los años 1970 y 1980 y guarda relación con el incremento en las dificultades para los sectores populares por acceder a la tierra. En nuestro país, este escenario llevó a diversos autores a señalar que las tomas que se produjeron a principios de los 1980 implicaron la conformación de un nuevo tipo hábitat popular: los asentamientos. La novedad estuvo planteada en oposición al tipo de hábitat hasta entonces más representativo de los espacios urbanos degradados, es decir, en oposición a las villas miseria. Quienes argumentan remarcando la distancia entre asentamientos y villas encuentran diferencias en distintos niveles de análisis: en el contexto histórico de surgimiento de los diversos hábitats populares, en la configuración espacial, en las características sociológicas de los residentes y en las representaciones sobre el lugar (Merklen, 2011; Varela y Cravino, 2008). En paralelo al avance de las políticas neoliberales y la lógica de mercado, la década de 1990 fue equivalente a un incremento exponencial de las dificultades de acceso al suelo urbano para los sectores populares. La mayor conflictividad en la apropiación y el uso de la tierra también se asoció con la suburbanización de los sectores de altos ingresos en barrios cerrados (Catenazzi y Reese, 2010). No casualmente, en los 1990 comenzó una tendencia que nunca se detuvo, ligada con la proliferación de estudios sobre la segregación urbana (Roberts, 2006; Svampa; 2001). Por el contrario, durante la etapa de postconvertibilidad las tomas de tierras por parte de los sectores populares se incrementaron (Cravino, 2009). Desde entonces, se observan otra serie de problemas asociados con las dificultades de acceso al suelo urbano: una alta tasa de movilidad de los terrenos; nuevos procesos de gentrificación; la subdivisión de los terrenos de por sí reducidos, en búsqueda de una ganancia monetaria a partir del alquiler de piezas (con el consiguiente surgimiento de conflictos entre ?propietarios? e inquilinos); mayores niveles de hacinamiento; la expulsión a nuevas periferias; etc. (Del Río, 2012; Rodríguez, 2010). Paradójicamente, dichos procesos coexistieron con las notables mejoras en materia habitacional impulsadas por los gobiernos kirchneristas. Son numerosos los estudios que se focalizaron en la evolución reciente de las políticas habitacionales (Cravino, 2012; Varela y Fernández Wagner, 2012; Ostuni, 2012).