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Preguntarse cómo se producen comunalidad(es), es también cuestionarse por las prácticas en las que se reproducen estas relaciones sociales. El interrogante se sostiene sobre el supuesto de que la comunalidad, en tanto relación social, es un producto histórico que resulta de la dialéctica entre condiciones objetivas y sistemas de disposiciones de los agentes (Bourdieu, 2007). En efecto, se trata de integrar en el análisis las instituciones como sistemas de regulación del comportamiento y de reconocer la agencia, es decir las elecciones de los agentes sociales frente a condiciones de posibilidad estructuradas, sin privilegiar ninguno de estos aspectos. Existe un complejo de condiciones y procesos contemporáneos frente a los que cabe preguntarse cómo se producen comunalidades en el espacio rural de Santiago del Estero. En esta provincia existen amplias superficies de tierra y monte que están bajo alguna forma de posesión comunal (De Dios, 2006; Jara y Paz, 2014; Paz, 2013; Rivas, 1997), cuyos orígenes se remontan a instituciones del mancomún en el período colonial (Farberman, 2016). Allí se advierte la persistencia de prácticas de trabajo colectivo entre pobladores rurales, no exclusivamente indígenas. Además, se observa la prevalencia de situaciones de inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y procesos como la expansión de la frontera agro-ganadera y forestal, que impulsan el despojo de los poseedores y la mercantilización de los bienes comunes, dando lugar a múltiples variantes de luchas por lo común (Estrada, 2010; Gómez Herrera y Villalba, 2018; Paz et.al., 2015; Pernícula et.al., 2011). Otro aspecto significativo en la estructuración de comunalidades es la intervención estatal en el marco de distintos programas de desarrollo rural, en la promoción de lógicas y formas de organización comunitaria (Gómez Herrera y Díaz Habra, 2017). El objetivo de este trabajo es analizar las prácticas de producción, preservación, ampliación y control de bienes comunes, como también en la construcción de un sentido de pertenencia en torno a estas actividades en el espacio rural de Santiago del Estero, a partir de la conformación de encierros comunitarios y ganaderos en parajes de los departamentos Figueroa y Moreno. La significatividad de estas experiencias en torno al interrogante de conocimiento reside en diversos elementos. Primero, los orígenes de ambas experiencias están ligados a los conflictos por la tenencia de la tierra y a las intervenciones de agentes estatales en parajes cuyos poseedores hacen uso compartido de bienes naturales, como la tierra, el monte y el agua, para el desarrollo sus prácticas productivas. Segundo, el cerramiento ?con alambrado perimetral? de superficies de tierra rural de uso común por parte de un grupo de familias poseedoras, sin título de dominio de la tierra, se presenta como una táctica de defensa frente a las tentativas de despojo. En la actualidad, se registra la existencia de diecinueve encierros comunitarios en los departamentos Figueroa y Moreno, pero en este trabajo se abordan experiencias sobre la constitución de cuatro encierros en los parajes de Santa Catalina-Santa Rita y ?El Rejunte? (departamento Figueroa) y en los parajes El Hoyo y El Puesto (departamento Moreno). La elección de estos cuatro casos está basada en las diferencias que presentan respecto a los siguientes criterios: a) las circunstancias en las que surgen ligadas a conflictos por la tierra; b) los diferentes perfiles productivos que presentan, ya que algunos tienen una orientación predominantemente ganadera bovina y forestal, mientras que otros combinan estas actividades con la apicultura; c) la trayectoria de las experiencias es otro criterio considerado en la elección de las experiencias estas prácticas estos casos, debido a que los encierros comunitarios de los parajes El Hoyo, como el conformado por los pobladores de Santa Catalina y Santa Rita, son experiencias pioneras, mientras que el encierro en el paraje El Puesto y el llamado El Rejunte son más recientes. Se realizó un abordaje metodológico cualitativo de los casos de estudio. La contextualización de los casos se realiza a partir de fuentes secundarias como el Censo Nacional Agropecuario 2002, el Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogar 2010 y el informe del Registro Nacional de Agricultores Familiares 2013. El desarrollo de la investigación implicó un trabajo de campo que fue desarrollado en un período comprendido por los años 2014-2016 e involucró el registro de observaciones y entrevistas en profundidad, individuales y grupales, como también la realización de talleres. Se entrevistaron a los pobladores que residían en los parajes al momento de la investigación. Además, se realizó entrevistas a los extensionistas de la actual Subsecretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación (ex Programa Social Agropecuario) que tienen entre ocho a veinte años de antigüedad en el ejercicio de este trabajo e intervienen en los parajes (o lo hicieron en algún momento), principalmente durante los conflictos por la tierra y la puesta en marcha de los encierros comunitarios que se analizan en este trabajo. Son cuatro los ejes en torno a los que se estructura este trabajo. En primer lugar, se expone una serie de argumentos sobre las potencialidades heurísticas de un análisis de las relaciones comunales centrado en las prácticas. En segundo lugar, se realiza una caracterización del área y de los casos de estudio a partir de aspectos socio-demográficos, agroecológicos y económicos-productivos, que permitan dar cuenta de las condiciones en las que se estructuran las relaciones comunales en estos contextos rurales. En tercer lugar, se analizan las prácticas de luchas por lo común, partiendo de la descripción de diversos elementos que moldearon el escenario en el que emergen los encierros comunitarios. Se destacan los roles de mediadores técnicos y políticos que operan, en ámbitos estatales y organizaciones campesinas, en la gestación y desarrollo una estrategia legal y productiva en defensa de la tierra. También se analizan los roles de las mujeres rurales en la promoción y despliegue de prácticas organizativas en defensa de bienes comunes, que son claves en la reproducción social de sus familias y el grupo al que pertenecen. Por último, se da cuenta de la estructuración de una economía de recursos compartidos (Farberman, 2006) a partir de prácticas de trabajo colectivo institucionalizadas en las poblaciones rurales y otras, promovidas desde la institucionalidad estatal a partir de la puesta en marcha de emprendimientos productivos de gestión asociativa.