“El Movimiento Campesino de Santiago del Estero, entre el juarismo y la subjetivación política”,

BARBETTA, PABLO

Buenos Aires

Jornada; IV Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fac. de Ciencias Sociales (UBA); 2007

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fac. de Ciencias Sociales (UBA)

Los escenarios agrarios y las ruralidades en América Latina asisten a un proceso de transformación con motivo de la aplicación, a partir de alrededor de la década de 1970, de políticas económicas de corte neoliberal. La apertura de las fronteras para la importación y exportación de productos agrícolas; la eliminación de los organismos de regulación estatal; y la prioridad dada a los productos de exportación de grandes, medianos agricultores que cuentan con inversiones en tecnología, etc., influyeron para que las agriculturas campesinas y de pequeños productores se hicieran más frágiles o que directamente desaparecieran del escenario rural (Chonchol; 2000). Es así como a partir de la década de los años ochenta, la tierra se profundizó como el símbolo de las demandas de las organizaciones rurales latinoamericanas, fundamentalmente campesinas. Argentina no estuvo ajena a este proceso. Un ejemplo es la provincia de  Santiago del Estero, que es una de las provincias más ruralizadas y con mayor presencia del campesinado del país[1], la implementación de las políticas neoliberales configuraron el escenario en donde se manifiestan los conflictos por la propiedad de la tierra: la expansión de la frontera agropecuaria supuso un desplazamiento coactivo de sectores campesinos, los cuales poseían una tenencia precaria de la tierra. Es así como a partir de la década de 1970, la provincia fue escenario de desplazamientos y de desalojos judiciales de muchos campesinos, cuando empresas –en su mayoría no radicadas en la provincia- reclaman como propias, las tierras ocupadas legítimamente por los pobladores. Durante esta década y hasta mediados de los ochenta, se registraba una situación de “exclusión silenciosa” en donde la violencia social aún no se plasmaba en el surgimiento de un conflicto  visible ni en la construcción de un antagonismo, porque una de las partes no reclama por sus derechos como legítimos ocupantes de las tierras (Alfaro, 2000). Esta situación pudo manifestarse en la medida en que, a pesar de la importancia del sector de pequeños productores dentro de la provincia, y a diferencia de otras regiones del Norte país (Tucumán por ej.), no se registró antes de mediados de los ochenta la influencia de un accionar gremial campesino. Esta situación de relativa ausencia de organizaciones campesinas supuso, como sostiene Alfaro una sociedad civil de muy escasa densidad asociativa (Alfaro; 2000). En esta ponencia nos interesa particularmente indagar el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) que surge a fines de la década de 1980 cuando ONG’s, la mayoría ligadas, a una labor pastoral y social promovieron la conformación de equipos de apoyo y de promoción rural y comenzaron a trabajar con campesinos y otros sectores sociales subordinados de la estructura agraria santiagueña. El contexto político en el cual surgió y se consolidó la organización, estuvo dominado por más de veinte años por Carlos Arturo Juárez[2], cuyo rasgo principal fue la represión sistemática de las libertades civiles y políticas y una cultura política, cuya característica más importante era la constante legitimación de las relaciones sociales de desigualdad a partir por ejemplo, de relaciones de patronazgo y clientelismo. En la actualidad, y desde principios de 2002, la organización se encuentra fracturada. La ruptura del MOCASE significó la conformación de dos organizaciones con claras diferencias en cuanto a la forma organizativa, las estrategias, los recursos y los grupos de apoyo.A pesar de estas diferencias, ambas organizaciones mantienen los mismos objetivos por los cuales surgió el MOCASE. Nuestro análisis se limitará al período que corresponde desde sus inicios hasta el momento de la separación el MOCASE. Al momento de la ruptura, la organización estaba compuesta por 13 organizaciones zonales, participando en él alrededor de cinco mil familias.  A lo largo de doce años de existencia, se ha llevado adelante un destacado proceso de expansión de la organización, no sólo al ampliar su presencia territorial en la geografía provincial, sino también por el desarrollo de una amplia red de relaciones con otras organizaciones e instituciones tanto de nivel local, nacional e internacional. Desde sus comienzos, el MOCASE asumió como estrategia central la lucha por la tenencia de la tierra y por las condiciones de vida de las familias campesinas. El MOCASE es una organización de segundo grado que nuclea a organizaciones campesinas de los distintos departamentos provinciales cuyos delegados conforman una mesa provincial, que se reúne mensualmente y funciona como un espacio de intercambio y discusión que abarca una serie de temas tal como lo muestran las distintas áreas de la mesa provincial. La lucha por la tenencia de la tierra se desarrolla, en gran medida, en el ámbito judicial mediante la presentación de demandas, recursos de amparo, apelando a la “ley de posesión venteañal”; pero, existen momentos de una fuerte conflictividad cuando se resisten los intentos de desalojo. El MOCASE es una organización que ha sabido exceder  el mero reclamo gremial incursionando en una serie de experiencias que apuntan a lograr el cambio social. En este escenario de transición, de conflictividad, de transformaciones estructurales, pero también de nuevas configuraciones, nos interesa abordar las prácticas sociales y los sentidos que surgen del proceso de organizacional de los campesinos santiagueños alrededor del MOCASE, haciendo hincapié en sus formas de organización colectiva y de protesta, sus prácticas en torno a la producción y al consumo, y sus relaciones con otros actores: el Estado, los partidos políticos, otras organizaciones gremiales o sociales, etc. Partimos de una geografía conceptual que propone abordar el estudio de las sociedades capitalistas contemporáneas a partir de la construcción de un “mapa de estructura-acción”, el cual distingue seis espacios estructurales. Éstos últimos abarcan a “los conjuntos más elementales y más sedimentados de las relaciones sociales en las sociedades capitalistas contemporáneas” (Santos, 2001:272). Entre ellos se encuentran: a)      el espacio doméstico, que comprende el conjunto de relaciones sociales de producción y reproducción de la domesticidad y del parentesco, entre marido y mujer, entre cada uno de ellos y los hijos y entre unos y otros y los parientes; b)      el espacio de la producción que supone el conjunto de relaciones sociales desarrolladas en torno de la producción de valores de cambio económicos y de procesos de trabajo; c)      el espacio del mercado, que implica el conjunto de relaciones sociales de distribución y consumo de valores de cambio a través de las cuales se produce y reproduce la mercantilización de las necesidades y de los medios para satisfacerlas; d)     el espacio de la comunidad que se constituye en las relaciones sociales desarrolladas en torno de la producción y de la reproducción de territorios físicos y simbólicos y de identidades e identificaciones con referencia a orígenes o destinos comunes; e)      el espacio de la ciudadanía que comprende el conjunto de relaciones sociales que constituyen la “esfera pública”  y, en particular, las relaciones de producción de la obligación política vertical entre los ciudadanos y el Estado y por último, f)       el espacio mundial es la suma total de los efectos internos de las relaciones sociales por medio de las cuales se produce y reproduce una división global del trabajo[3] (Santos; 2001).  En las sociedades capitalistas contemporáneas cada uno de estos espacios están atravesados  por múltiples dimensiones de desigualdad y opresión; razón por la cual se constituyen en la matriz de luchas emancipatorias más relevantes. Como el poder es siempre ejercido en constelaciones de poderes, dichos espacios no pueden ser tomados aisladamente. Es decir, ya que estos espacios son inestables e incompletos, ninguno de ellos dispensa el concurso de los demás para ser eficaz y por lo tanto una práctica emancipatoria debe abarcarlos en su conjunto (Santos; 2001). Es aquí donde el concepto de autonomía adquiere especial relevancia. Según Castoriadis (1990) implica la posibilidad de darse uno mismo sus leyes o más precisamente “es el actuar reflexivo de una razón que se crea en un movimiento sin fin, de una manera a la vez individual y social” (pág. 84). En el aspecto interno, la formación de una instancia reflexiva y deliberante, genera una subjetividad liberadora que en búsqueda de la verdad y la elucidación de su deseo, le permite al individuo alterar su comportamiento así como también crear nuevos sentidos no dictados con anterioridad. Sin embargo, la búsqueda de la libertad y la verdad no puede desarrollarse sin remitirnos al espacio de lo social. En otras palabras, “para que los individuos pretendan que surja la autonomía, es preciso que el campo social –histórico ya se haya auto –alterado de manera que permita abrir un espacio de interrogación sin límites” (Castoriadis; 1990: 85).  En el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la construcción de procesos autónomos se expresa en dos planos. Por un lado, a través de un determinado sistema de reglas internas, líderes e ideologías, diferenciándose de las organizaciones formales (como por ejemplo, partidos y grupos de interés) en base a dos criterios: movilizan a sus miembros encaminándolos a la acción colectiva y, en esta acción persiguen un objetivo político (buscan alguna forma de bien común novedosa) (Kriesi; 1999). Estas organizaciones se sitúan por fuera del sistema institucional formal –el del Estado, los partidos políticos, sindicatos-, ya que buscan romper y superar ciertas reglas de juego de este sistema. Hacen hincapié en una nueva lógica de acción institucional, donde la identidad se constituye en incentivo para la acción, reemplazando, de este modo, al viejo concepto de participación. Por el otro, a través de emprendimientos productivos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas. En otras palabras, la aparición en el espacio público de organizaciones como el MOCASE ponen en cuestión las formas políticas hegemónicas al mismo tiempo que abren un debate en cuanto a los sujetos y a los sentidos de las prácticas sociales definidos por ellos. Si tenemos en cuenta que la legitimación de las relaciones sociales de desigualdad y el conflicto para transformarlas son un asunto central para la cultura política (Alvarez, Dagnino y Escobar; 1998), debemos dar cuenta del proceso por el cual los diferentes grupos sociales construyen o reconstruyen identidades para sí en los conflictos y negociaciones tanto con los grupos dominantes como con el estado. Sin embargo, como sostiene Gledhill (1994) “dichos procesos (...) raramente suponen un rechazo radical de la semiología de la dominación” (pág. 194). En este sentido, nos preguntamos cómo y en qué medida las prácticas sociales que despliega el MOCASE logran excavar las profundas estructuras de dominación de la sociedad santiagueña, posibilitando la institución de espacios más igualitarios. El trabajo estará dividido en tres apartados. El primero de ellos remite al mapa estructura –acción y a las relaciones sociales establecidas entre los diferentes sujetos de la estructura agraria santiagueña. En el segundo apartado se analizará las interacciones entre la lógica política y la lógica policial. El tercero estará destinado a las conclusiones.   [1] Según datos del Censo de 2002, las explotaciones con límites definidos de menos de 100 héctareas, representaban el 62.90% de las explotaciones provinciales y ocupaban el 3.59% del total de la superficie. Además, Santiago del Estero es una de las provincias con mayores porcentajes de tenencia precaria de la tierra (55,56 %).      [2] En 2004 fue intervenida la provincia a partir de un Informe del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para Santiago del Estero (2004), el cual destacaba:  ·         en cuanto al poder judicial: por un lado, la ausencia de independencia respecto del poder político que se manifiesta en los mecanismos institucionales para la elección y remoción de jueces y, por el otro, su baja eficiencia en el cumplimiento en tiempo y forma del estudio y la resolución de casos presentados. En este sentido, el porcentaje de sentencias condenatorias en relación a hechos delictuosos en el período 1991-2002 nunca fue superior al 4%. ·         La existencia de un aparato de inteligencia interna, la Subsecretaria de Informaciones del Gobierno, a cargo de Crio. (Re) Musa Azar, personaje vinculado a la última dictadura militar. Dicho organismo se encargaba de recopilar información (existían unos 40  mil expedientes) sobre “posibles opositores” al régimen. ·         Un extendido clientelismo construido en base al empleo público ·         la existencia de una relación de “alineación automática” entre la gobernación y la legislatura provincial, ·         la vinculación entre grupos económicos y los gobiernos provinciales. Los dos casos más paradigmáticos son los de Vicente Curi, principal beneficiario de las licitaciones para obras públicas y luego el Grupo Ick quien, en el tren de las privatizaciones durante el gobierno de Carlos Menem, obtuvo las principales empresas públicas (entre ellas, el Banco de Santiago, las empresas de electricidad y agua) y los medios de comunicación (gráficos, televisión y radio).   [3] Dicho espacio queda afuera de los objetivos del presente trabajo. Por lo tanto, no será tomado en cuenta.