TERRITORIALIDAD Y ACCESO A LA TIERRA Luchas por legitimar el derecho a la tierra en el Chaco Salteño

BARBETTA, PABLO; GODOY GARRAZA, GASTÓN; MIONI WALTER

“Controversias y disyuntivas en el desarrollo rural del norte argentino”

Ciccus

Lugar: Buenos Aires; Año: 2013; p. 233 - 252

El Estado, en tanto estructura organizacional e instancia reguladora que se asienta sobre el mantenimiento del poder material y simbólico en un determinado territorio, y sobre su población y sus recursos, regula el derecho de acceso y explotación de los mismos (Naharro y otros, 2010). Sin embargo, la regulación pública de una cuestión no depende exclusivamente del accionar -directo e indirecto- del Estado sino que también es la resultante de la participación y/o luchas sociales por parte de otros actores involucrados. Ante el peligro de la expulsión de sus lugares históricos de uso, producción y vida, campesinos e indígenas del Chaco salteño inscriben su lucha en las disputas territoriales apelando a un catálogo de discursos socialmente legitimados que se respaldan en una legalidad estatal (Naharro y otros, 2010).  En este contexto, el Estado  juega un papel determinante en la territorialidad, es decir, en las relaciones espacializadas de poder material y simbólico (Manzanal, 2007), fundamentalmente a través de su faceta como administrador de justicia en las disputas que han llegado a instancias judiciales. Partimos de la idea de que cuando uno trata con sistemas legales debe hacerlo considerándolo como un orden parcial y un control parcial de la vida social a través de las reglas. Esto nos lleva a adoptar una visión de los órdenes social y simbólico existentes infinitamente vulnerables a ser desarmados, rehechos, y transformados y que, aun manteniendo y reproduciéndose ellos mismos, permaneciendo como son, deberían ser vistos como un proceso. En este contexto, para entender la relación existente entre la ley y la sociedad en estos términos, es que debemos interrogarnos acerca de cómo dichos procesos y contraprocesos operan juntos, y qué precondiciones existen para su reproducción y su transformación (Moore; 1983).  Así las disputas en torno a la propiedad de la tierra sólo pueden ser entendidas a partir del análisis y comprensión de la interrelación existente entre el funcionamiento interno del campo jurídico (las prácticas jurídicas imperantes, los procedimientos, los discursos jurídicos, etc.) y el contexto social más amplio (político, social, económico y cultural) en que dichas disputas tienen lugar, ya que tanto el territorio como el campo jurídico (Bourdieu, 1987) se configuran como un campo de fuerzas en pugna entre campesinos e indígenas y empresarios. En este contexto, nos interesa analizar y comprender: i) la organización y movilización social en torno a la cuestión; ii) el accionar estatal: la existencia de normas; adecuación de las mismas y de su instrumentación a los hechos de modo de lograr que se favorezca el acceso a la tierra de estos sujetos sociales; y iii) los indicios de un orden privado: acuerdos entre particulares, colonización de áreas del Estado, actores con mayor poder que aprovechan en su accionar la desigualdad social y económica e, incluso, contribuyen a incrementarla (Manzanal, 2010). En cuanto a la inscripción de las disputas territoriales entre el campesinado y pueblos indígenas y el empresariado en el campo jurídico, nos preguntamos cómo los distintos sujetos intervinientes (campesinos,  indígenas,  empresarios) representan esta relación y cómo los jueces se trasladan de estos lenguajes (los de las normas) de la imaginación a otro (el de la  toma de una decisión, un fallo), formando, por consiguiente, un determinado sentido de la justicia. En este trabajo nos interrogamos, por un lado, acerca de las disputas jurídicas por el acceso a la tierra de campesinos e indígenas en el Chaco salteño en un contexto de expansión de la frontera productiva y de  consolidación del agronegocio en tanto modelo de acumulación en el ámbito rural argentino y, por el otro, acerca del rol asumido en las mismas por el Estado a través de sus distintos órganos de gobierno  (el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial). Para ello, hemos dividido el trabajo en tres apartados: En el primero de ellos, haremos hincapié en las transformaciones socio – territoriales estructurales que implicó el posicionamiento del agronegocio, y sus consecuencias. En el segundo, analizaremos la inscripción de la disputa por el territorio en el campo jurídico con el objetivo de dar cuenta de algunas  situaciones problemáticas con las que se enfrentan campesinos e indígenas a la hora de acceder a la propiedad de la tierra[1]. El tercer y último apartado estará destinado a las reflexiones finales del trabajo.   [1] Como recaudo ético y político cuando se referencie a alguna causa judicial se lo hará con nombres de fantasía a menos que haya tenido notoriedad en el ámbito público.