Recursos Naturales/Bienes Comunes: planes hegemónicos y disputas-resistencias de los actores sociales

GER-GEMSAL-CÁTEDRA DE SOCIOLOGÍA RURAL, BARBETTA PABLO

REALIDAD ECONOMICA

IADE

Lugar: Buenos Aires; Año: 2010 p. 20 - 31

0325-1926

Desde fines del siglo XX y comienzos del XXI, una transformación diseñada desde los centros globales del poder hegemónico se tradujo, como muy pocas veces antes, en los territorios, en las relaciones políticas, económicas y sociales, así como en las resistencias y mundos de vida de las poblaciones de toda América Latina. Más allá del conocimiento de las estrategias geopolíticas, militares y económicas de los centros de poder global, existe una forma sencilla de poner en imágenes esta situación de nuestro continente. El Laboratorio Latinoamericano de Geopolítica dirigido por la economista mexicana Ana Esther Ceceña proveyó una serie cartográfica donde va demostrando como se superponen las regiones de recursos naturales disponibles, con las nuevas bases militares extranacionales y los proyectos de infraestructuras continental; el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) para nuestra región. Raúl Zibechi (2006) sostiene que el sur de América Latina es una de las pocas regiones del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos de esta etapa: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Y lo mismo decimos nosotros para este “sur del sur” que es nuestro propio territorio nacional. De allí que podamos advertir fácilmente no sólo la presencia de las corporaciones transnacionales interesadas en los bienes comunes (Repsol, Barrick Gold, Monsanto, etc.) sino los diseños políticos, jurídicos y legales que se realizaron para habilitar la modificación de la geografía, los cordones de infraestructura para sacar (o saquear) los recursos naturales y profundizar la dependencia colonial de los grandes centro de poder internacional. Los territorios son disputados económicamente dentro de un plan de dominación política mundial. La “globalización” como dispositivo ideológico comunicacional, los efectivos procesos donde se jerarquizan las financiaciones de los organismos de crédito como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)o el Fondo Monetario Internacional (FMI), los gerenciamientos comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los nuevos tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), configuraron los nuevos escenarios en los que los Estados nacionales sólo contribuyen con leyes que habilitan las nuevas formas de inversión: leyes de privatización, patentamientos, licencias de utilización de semillas transgénicas, etcétera. El Estado también interviene en la búsqueda de “licenciamientos sociales” cuando se necesitan (el caso de la minería) o en la de disciplinamiento social en los muchos casos de poblaciones que resisten estas inversiones. Estamos frente a procesos complejos que abarcan dimensiones económicas, sociopolíticas y culturales. Asimismo, se basan en viejas concepciones del desarrollo, en una ciencia acrítica (“tecnociencia”) al servicio de la innovación tecnológica de los grandes grupos económicos y de prácticas de gestión acorde a ellas. Nuevas redes como la Red Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de Producción/Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), complejos programas para el “alivio de la pobreza rural” del Banco Mundial, así como organismos que se centran en una gestión de los recursos y de la biodiversidad, sustentadas en instituciones como el BM, el G8 o varias ONGs como la World Wildlife Fund, World Conservation Union o el World Resourse Institute, constituyen “la mano izquierda” de esta política de los grandes intereses internacionales. Estos programas proponen “desarrollos territoriales”, “sustentabilidad” dentro del modelo neoliberal y siguen realizando inventarios de la biodiversidad latinoamericana y mundial para continuar con la actual política de apropiación, patentamientos o “biopiratería” de la flora y la fauna nativas. En los países centrales existen regulaciones o controles que tienden a limitar estas actividades extractivas y esto conlleva un aumento de sus costos y una reducción de las ganancias. Como consecuencia, sea por la escasez o por sus efectos contaminantes, las empresas que utilizan los recursos naturales “a escala global” tienden a instalarse en los países afuera de sus territorios de orígenes, donde los mundos sociales de quienes toman las decisiones están a salvo y, como dice Ceceña, “el otro nacional” pierde expresión e importancia (Ceceña, 2004). Si bien los intereses de estas corporaciones, sobre todo las dedicadas al gas y petróleo, podían ser registrados en los comienzos del período democrático, fue con el gobierno de Carlos Menem cuando los fuertes cimientos legales de este modelo de acumulación económica se establecieron. En efecto, en 1991, el entonces presidente firma el decreto de desregulación económica y unos años después las leyes de la autorización de las semillas transgénicas, habilitando en el sector agrario la instalación del modelo sojero. Del mismo modo en 1993 se aprueba la ley de inversión minera, otras de reordenamiento minero y regímenes de financiamiento; en 1995 se actualiza el código de minería; y en 1996 se genera el tratado binacional con Chile para la explotación de Pascua Lama; asimismo, desde 1991 comienzan también los procesos de privatización de YPF, privatización del servicio del agua y de la energía eléctrica (véase Giarracca y Wahren, 2005; Giarracca y Del Pozo, 2005). Y tal vez lo más grave de todo haya sido el consenso alcanzado en la Asamblea Constituyente de 1994 para declarar la “provincialización” de los recursos naturales y establecer una obligatoria privatización (en la forma de consignaciones) de los mismos. Esta decisión habilitó una inédita concentración de poder económico en los gobiernos provinciales justificado bajo el manto del federalismo.             Esta nueva configuración del control y uso del territorio, ,colocó a los gobernadores –con sus luchas por los cargos y reelecciones, con sus golpes palaciegos, etc.- en un lugar central de la arena política en la Argentina del siglo XXI. Por dos razones: la primera, es la posibilidad que les preseta a los gobernadores de establecer alianzas económicas con fuertes actores económicos transnacionalizados y, la segunda, es que queda en manos de los poderes judiciales provinciales y de las fuerzas represivas la gestión de los conflictos con las poblaciones que preservan su derecho sobre la tierra, como es el caso de los campesinos e indígenas frente al avance del agronegocio (véase Barbetta, 2009), o con aquellas poblaciones que cuidan los cerros, los ríos y el medio ambiente en general como los casos de los conflictos cordilleranos y patagónicos en contra de la minería a cielo abierto (véase Giarracca y Hadad, 2009). Otro elemento común de análisis en esta problemática de los bienes comunes reside en el tipo de ganancias y “sobreganancias” que la producción basada en recursos naturales genera. En efecto, estas producciones extractivas tienden a generar super ganancias, o “rentas diferenciales a escala mundial” que en la mayoría de los casos son apropiadas por estas grandes empresas y por un puñado de países del “norte global”. La Argentina, país con tradición agrícola, ha establecido desde su conformación como nación los derechos de exportación y es lo que estuvo en conflicto el año 2008 por las retenciones a la soja; en el caso minero una batería legal impide al gobierno nacional un canon de retenciones razonables para la exportación de minerales. La explotación de los recursos naturales genera no sólo fabulosas ganancias sino sobreganancias que denominamos “rentas” porque se trata de recursos no producidos por el trabajo humano: son la tierra, el agua, los ríos cercanos, los cerros, etc. Por más dinero que genere el norte, por más capital que acumule, por más que suban las bolsas de valores, no puede recrear los montes nativos que son los que cobijan la biodiversidad, los ríos con agua potable, la tierra fértil, etcétera. Otro argumento que deseamos poner en debate es el que formula una tecno-ciencia al servicio del capital concentrado. Se argumenta que esos recursos sin las nuevas tecnologías no son explotables y “no sirven para nada”. Esto supone una gran falacia: desde que el hombre es hombre se relacionó con los bienes naturales y con los otros seres vivientes para la propia reproducción de la vida material, generando técnicas y herramientas para su uso en forma sustentable. El resultado es que unas culturas los cuidaron y aún los poseen y otras –las del norte- los esquilmaron. Ceceña en su informe del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica nos acerca una interesante descripción que Mann acerca del Amazonas, excepcional región actualmente casi en guerra por las últimas decisiones del gobierno peruano: “…durante mucho tiempo unos pobladores inteligentes, que conocían trucos que nosotros aún estamos por aprender, utilizaron grandes parcelas de la Amazonía sin destruirla. Ante un problema ecológico, los indios lo resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la creaban. Estaban en pleno proceso de formación de la tierra cuando apareció Colón y lo echó todo a perder. (Mann, 2006: 410 citado en Ceceña, 2007). En este escenario general acerca de la problemática de la tierra y de los cerros acechados por la minería a cielo abierto, presentamos  los casos de estudio por el tipo de sujeto de las protestas y disputas (campesinos, indígenas, asambleístas).