INVESTIGADORES
BARBETTA Pablo Nicolas
artículos
Título:
Recursos Naturales/Bienes Comunes: planes hegemónicos y disputas-resistencias de los actores sociales
Autor/es:
GER-GEMSAL-CÁTEDRA DE SOCIOLOGÍA RURAL, BARBETTA, PABLO
Revista:
REALIDAD ECONOMICA
Editorial:
Instituto Argentino de Desarrollo Económico (IADE),
Referencias:
Lugar: Buenos Aires; Año: 2010 p. 89 - 126
ISSN:
0325-1926
Resumen:
Desde fines
del siglo XX y comienzos del XXI, una transformación diseñada desde los centros
globales del poder hegemónico se tradujo, como muy pocas veces antes, en los
territorios, en las relaciones políticas, económicas y sociales, así como en
las resistencias y mundos de vida de las poblaciones de toda América Latina.
Más allá del conocimiento de las estrategias geopolíticas, militares y
económicas de los centros de poder global, existe una forma sencilla de poner
en imágenes esta situación de nuestro continente. El Laboratorio
Latinoamericano de Geopolítica dirigido por la economista mexicana Ana Esther
Ceceña proveyó una serie cartográfica donde va demostrando como se superponen
las regiones de recursos naturales disponibles, con las nuevas bases militares
extranacionales y los proyectos de infraestructuras continental; el IIRSA
(Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana) para nuestra región.
Raúl Zibechi (2006) sostiene que el sur de América Latina es una de las
pocas regiones del planeta que combina los cuatro recursos naturales
estratégicos de esta etapa: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Y
lo mismo decimos nosotros para este sur del sur que es nuestro propio
territorio nacional. De allí que podamos advertir fácilmente no sólo la
presencia de las corporaciones transnacionales interesadas en los bienes
comunes (Repsol, Barrick Gold, Monsanto, etc.) sino los diseños políticos,
jurídicos y legales que se realizaron para habilitar la modificación de la
geografía, los cordones de infraestructura para sacar (o saquear) los recursos
naturales y profundizar la dependencia colonial de los grandes centro de poder
internacional.
Los territorios son disputados económicamente dentro de un plan de
dominación política mundial. La globalización como dispositivo ideológico
comunicacional, los efectivos procesos donde se jerarquizan las financiaciones
de los organismos de crédito como el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)o el Fondo Monetario Internacional (FMI), los
gerenciamientos comerciales de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) o los nuevos tribunales como el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), configuraron los nuevos
escenarios en los que los Estados nacionales sólo contribuyen con leyes que
habilitan las nuevas formas de inversión: leyes de privatización,
patentamientos, licencias de utilización de
semillas transgénicas, etcétera. El Estado también interviene en la búsqueda de
licenciamientos sociales cuando se necesitan (el caso de la minería) o en la de
disciplinamiento social en los muchos casos de poblaciones que resisten estas
inversiones.
Estamos
frente a procesos complejos que abarcan dimensiones económicas, sociopolíticas
y culturales. Asimismo, se basan en viejas concepciones del desarrollo, en una
ciencia acrítica (tecnociencia) al servicio de la innovación tecnológica de
los grandes grupos económicos y de prácticas de gestión acorde a ellas. Nuevas
redes como la Red
Internacional de Metodología de Investigación de Sistemas de
Producción/Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), complejos
programas para el alivio de la pobreza rural del Banco Mundial, así como
organismos que se centran en una gestión de los recursos y de la biodiversidad,
sustentadas en instituciones como el BM, el G8 o varias ONGs como la World Wildlife
Fund, World Conservation Union o el World Resourse Institute, constituyen la
mano izquierda de esta política de los grandes intereses internacionales. Estos
programas proponen desarrollos territoriales, sustentabilidad dentro del
modelo neoliberal y siguen realizando inventarios de la biodiversidad
latinoamericana y mundial para continuar con la actual política de apropiación,
patentamientos o biopiratería de la flora y la fauna nativas.
En los países centrales existen regulaciones o controles que tienden a
limitar estas actividades extractivas y esto conlleva un aumento de sus costos
y una reducción de las ganancias. Como consecuencia, sea por la escasez o por
sus efectos contaminantes, las empresas que utilizan los recursos naturales a
escala global tienden a instalarse en los países afuera de sus territorios de
orígenes, donde los mundos sociales de quienes toman las decisiones están a
salvo y, como dice Ceceña, el otro nacional pierde expresión e importancia (Ceceña,
2004).
Si bien los intereses de estas corporaciones, sobre todo las dedicadas
al gas y petróleo, podían ser registrados en los comienzos del período
democrático, fue con el gobierno de Carlos Menem cuando los fuertes cimientos
legales de este modelo de acumulación económica se establecieron. En efecto, en
1991, el entonces presidente firma el decreto de desregulación económica y unos
años después las leyes de la autorización de las semillas transgénicas,
habilitando en el sector agrario la instalación del modelo sojero. Del mismo
modo en 1993 se aprueba la ley de inversión minera, otras de reordenamiento
minero y regímenes de financiamiento; en 1995 se actualiza el código de
minería; y en 1996 se genera el tratado binacional con Chile para la
explotación de Pascua Lama; asimismo, desde 1991 comienzan también los procesos
de privatización de YPF, privatización del servicio del agua y de la energía
eléctrica (véase Giarracca y Wahren, 2005; Giarracca y Del Pozo, 2005). Y tal
vez lo más grave de todo haya sido el consenso alcanzado en la Asamblea Constituyente
de 1994 para declarar la provincialización de los recursos naturales y
establecer una obligatoria privatización (en la forma de consignaciones) de los
mismos. Esta decisión habilitó una inédita concentración de poder económico en
los gobiernos provinciales justificado bajo el manto del federalismo.
Esta
nueva configuración del control y uso del territorio, ,colocó a los
gobernadores con sus luchas por los cargos y reelecciones, con sus golpes
palaciegos, etc.- en un lugar central de la arena política en la Argentina del siglo XXI.
Por dos razones: la primera, es la posibilidad que les preseta a los
gobernadores de establecer alianzas económicas con fuertes actores económicos
transnacionalizados y, la segunda, es que queda en manos de los poderes
judiciales provinciales y de las fuerzas represivas la gestión de los
conflictos con las poblaciones que preservan su derecho sobre la tierra, como
es el caso de los campesinos e indígenas frente al avance del agronegocio (véase
Barbetta, 2009), o con aquellas poblaciones que cuidan los cerros, los ríos y
el medio ambiente en general como los casos de los conflictos cordilleranos y
patagónicos en contra de la minería a cielo abierto (véase Giarracca y Hadad,
2009).
Otro
elemento común de análisis en esta problemática de los bienes comunes reside en
el tipo de ganancias y sobreganancias que la producción basada en recursos
naturales genera. En efecto, estas producciones extractivas tienden a generar
super ganancias, o rentas diferenciales a escala mundial que en la mayoría de
los casos son apropiadas por estas grandes empresas y por un puñado de países del
norte global. La Argentina,
país con tradición agrícola, ha establecido desde su conformación como nación
los derechos de exportación y es lo que estuvo en conflicto el año 2008 por las
retenciones a la soja; en el caso minero una batería legal impide al gobierno
nacional un canon de retenciones razonables para la exportación de minerales.
La
explotación de los recursos naturales genera no sólo fabulosas ganancias sino
sobreganancias que denominamos rentas porque se trata de recursos no
producidos por el trabajo humano: son la tierra, el agua, los ríos cercanos,
los cerros, etc. Por más dinero que genere el norte, por más capital que
acumule, por más que suban las bolsas de valores, no puede recrear los montes
nativos que son los que cobijan la biodiversidad, los ríos con agua potable, la
tierra fértil, etcétera.
Otro argumento que deseamos poner en debate es el que formula una
tecno-ciencia al servicio del capital concentrado. Se argumenta que esos
recursos sin las nuevas tecnologías no son explotables y no sirven para nada.
Esto supone una gran falacia: desde que el hombre es hombre se relacionó con
los bienes naturales y con los otros seres vivientes para la propia
reproducción de la vida material, generando técnicas y herramientas para su uso
en forma sustentable. El resultado es que unas culturas los cuidaron y aún los
poseen y otras las del norte- los esquilmaron. Ceceña en su informe del
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica nos acerca una interesante
descripción que Mann acerca del Amazonas, excepcional región actualmente casi
en guerra por las últimas decisiones del gobierno peruano:
durante mucho tiempo
unos pobladores inteligentes, que conocían trucos que nosotros aún estamos por
aprender, utilizaron grandes parcelas de la Amazonía sin destruirla. Ante un problema
ecológico, los indios lo resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la
creaban. Estaban en pleno proceso de formación de la tierra cuando apareció
Colón y lo echó todo a perder.
(Mann, 2006: 410 citado en Ceceña, 2007).
En este escenario general acerca de la problemática
de la tierra y de los cerros acechados por la minería a cielo abierto,
presentamos los casos de estudio por el
tipo de sujeto de las protestas y disputas (campesinos, indígenas, asambleístas).