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La Revolución de Mayo de 1810 provocó no sólo la división de la sociedad entre quienes se opusieron y quienes se adhirieron a ella, sino que, con el correr de los meses alcanzó al mismo grupo revolucionario que se vio escindido en torno el rumbo que debía seguir el nuevo gobierno. En adelante, las disputas facciosas se convirtieron en un rasgo inherente de la política de este período que los contemporáneos no dejaron de advertir. Merced a su conocimiento de la historia clásica, los hombres cultos de la época compartían la idea de que partidos y facciones habían sido connaturales a la democracia ateniense y a la república romana y las experiencias revolucionarias más recientes como la francesa o la norteamericana, no hacían más que confirmar que éstos seguían siendo elementos comunes a los gobiernos que fundaban su legitimidad en la soberanía popular. A grandes rasgos puede observarse que cuando los actores políticos del período hablan de partido/facción, términos que usan frecuentemente en forma intercambiable, lo hacen en, al menos, tres contextos que involucran de distinto modo al sistema político. En primer lugar, partidos y facciones son protagonistas exclusivos en las situaciones de conflicto que amenazan la supervivencia del orden vigente. En segundo lugar, estas voces son objeto de análisis en el marco del debate acerca de las formas de gobierno que se da, especialmente, durante la primera década revolucionaria. Y por último, desde la Revolución de Mayo en adelante, aparecen vinculadas a la implantación del sistema republicano representativo. La variedad de estos contextos, sin embargo, no oculta el común repudio hacia los partidos/facciones. La clave para entender este rechazo de los partidos se encuentra muy ligada al modo en que los hombres de la época entendían la sociedad y el cuerpo político, concepción que se fundamenta en la primacía de los valores de unidad y armonía. Toda división es nefasta pues engendra el caos y la anarquía. En consecuencia, hay un consenso muy extendido acerca de que los gobiernos deben estar por encima de los partidos, que no representan más que el interés de unos pocos, para favorecer, en cambio, los intereses de todos, designados sucesivamente como bien común, voluntad general, voto público u opinión pública.

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