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En 1976 comenzó en Argentina un proceso de desmantelamiento de derechos sociales y de precarización de las relaciones laborales, que habiendo sido profundizado en los 90, se extendió hasta principios del nuevo milenio. Este proceso de tradujo en un aumento de la precariedad y la informalidad laboral, además de un fuerte incremento en los niveles de pobreza y desigualdad social (Oszlak, 2003). Frente a este proceso el desempleo y el hambre de convirtieron en los principales ejes de lucha social y las políticas focalizadas y la represión las únicas herramientas de los gobiernos liberales frente al creciente descontento (Cross, 2004; Farinetti, 1999). En diciembre de 2001 se expresó una profunda crisis social que llevó a la Argentina al borde la disolución social (Grimson, Castellani, & Roig, 2010). En 2003 la salida a esa crisis comenzó a vislumbrarse en el contexto de un intenso debate social y político que colocó el acceso al empleo y sus beneficios asociados como eje de encuentro entre las demandas sociales y las política públicas (Fernández Álvarez & Manzano, 2007). Asimismo, los sindicatos dejaron de ser los únicos interlocutores del estado en materia de integración social, a través de la incorporación de organizaciones de base territorial y movimientos sociales diversos (Freytes Frey & Cross, 2007). Como producto de este fructífero intercambio se definieron múltiples y muy variadas medidas, que fueron revisadas, ampliadas o discontinuadas en un proceso que sería imposible agotar en pocas líneas(Cross & FREYTES FREY, 2009). No obstante, se presentan a continuación los ejes programáticos que consideramos más innovadores y representativos en materia de ciudadanización del grupo más vulnerable (y vulnerado) de los sectores subalternos, los/as trabajadores/as informales, precarios o desocupados:

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