Construir el ambiente: sociedad, estado y políticas ambientales en Argentina

GUTIÉRREZ, RICARDO A.

Teseo

Lugar: Buenos Aires; Año: 2018 p. 508

978-987-723-168-7

En 1994, tuvo lugar la innovación institucional más importante hasta hoy día en lo que respecta a la protección ambiental: la consagración constitucional del derecho al ambiente sano introducida mediante la reforma de ese año . Esa innovación fue resultado de las negociaciones interpartidarias que permitieron y definieron la reforma constitucional, impulsada por el presidente Carlos Menem (1989-1999). Tres años antes, Menem había creado, además, la secretaría ambiental nacional con el propósito de dar mayor impulso a las políticas ambientales, encauzarlas dentro de la nueva agenda ambiental internacional y acrecentar las posibilidades de financiamiento externo asociadas a esa agenda. Pero no fue el primer presidente argentino que buscó promover la protección del ambiente . Veinte años antes, a comienzos de 1972, Juan Domingo Perón difundió, desde su exilio en Madrid, el Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, en el que advertía sobre la ?marcha suicida que la humanidad ha emprendido [hacia] la destrucción de la tierra? . Perón no dudaba en afirmar que el problema ambiental era ?el? problema de la época, frente al cual todos los otros problemas que ocupaban a los políticos eran ?asuntos pequeños y gallináceos, diríamos así, que andan al ras del suelo?. Llegado a la presidencia en 1973, Perón fue consecuente con su prédica ambientalista. En ese mismo año creó, con rango ministerial, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Argentina se unía, así, al pelotón de los países pioneros en la creación de las primeras instituciones ambientales a lo largo del planeta (la secretaría ambiental británica, primera en la lista mundial, fue fundada en 1970 y la famosa Environmental Protection Agency estadounidense en 1972). Paralelamente, las cuestiones ambientales ingresaron en el Congreso Nacional mediante la formación de una comisión ambiental en cada cámara y varios proyectos de ley fueron debatidos con la participación de la nueva secretaría. Pero todo el proyecto ambientalista de Perón se desmoronó con su muerte en 1974 y el golpe militar de 1976. La flamante área ambiental dentro del estado nacional fue desjerarquizada y desarticulada por los gobiernos subsiguientes al de Perón y recién recobró impulso con la re-creación, nuevamente con rango ministerial, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en 1991 (rebautizada en 1996 como Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible). Junto con la re-creación de la secretaría ambiental nacional en 1991, la reforma constitucional de 1994 tuvo dos efectos importantes. Por un lado, impulsó el desarrollo de las políticas ambientales, dado que el artículo 41 obliga al estado nacional a garantizar el nuevo derecho al ambiente sano y a legislar estándares mínimos de protección ambiental (llamados presupuestos mínimos) que deben ser aplicados por las provincias en todo el territorio argentino. Por otro lado, gracias a que el artículo 43 define al ambiente sano como un derecho colectivo y habilita para su protección las figuras del amparo y de la acción colectiva, la reforma ofreció herramientas que luego serían muy importantes para quienes crecientemente comenzarían a movilizarse en defensa del ambiente en torno a causas o controversias concretas (Gutiérrez e Isuani 2014). En un sentido y en el otro, las nuevas herramientas legales han sido centrales en varias oportunidades sea para obligar al estado a asumir sus responsabilidades constitucionales como para legitimar los reclamos y derechos de los actores sociales movilizados en torno al ambiente.Tomando, entonces, la reforma de 1994 como un parteaguas, este libro tiene por objetivo estudiar la trayectoria de las políticas ambientales argentinas de determinadas áreas desde mediados de los años 1990. Nuestro interés se centra en la relación entre actores estatales y sociales porque creemos que allí está la clave para entender el origen, la trayectoria y los efectos de la política ambiental. Esto no implica desestimar condicionantes estructurales de tipo económico, político o institucional. Es solo que esos condicionantes nunca alcanzan para explicar el despliegue de un determinado proceso social, para lo cual siempre es necesario indagar en la relación entre los actores involucrados en ese proceso, siendo que los resultados de esa relación difícilmente se derivan automáticamente de condicionantes estructurales. En cualquier caso, aunque queramos pensar que los condicionantes estructurales lo explican todo, nunca podremos saber cómo efectivamente lo hacen a menos que determinemos cómo operan a través de la relación de los actores involucrados. Por todo ello, este libro busca responder las siguientes preguntas: ¿qué formas asume la relación entre actores estatales y sociales involucrados en la cuestión ambiental?, ¿cómo incide esa relación en el proceso de política ambiental y en sus resultados y efectos?