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La política ambiental es una de las áreas de política pública que desafía con mayor fuerza la capacidad de acción estatal. En primer lugar, porque para desarrollar políticas ambientales se requiere un modelo de análisis de las interrelaciones entre sociedad y naturaleza apoyado en el conocimiento científico de las características de los ecosistemas que se quiere proteger o sobre los que se pretende intervenir. En segundo lugar, porque la mayoría de los problemas ambientales son de origen económico, lo que lleva directamente a la cuestión de la intervención del estado en la economía y a las regulaciones que sustentan las inversiones económicas. Finalmente, la política ambiental desafía la gestión interjurisdiccional porque la geografía de los recursos naturales casi nunca respeta los límites políticos que separan municipios, provincias y países. En una metrópolis con graves problemas ambientales como la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), esto adquiere la mayor relevancia. La jurisdicción municipal ?al menos en teoría- debe establecer acuerdos de trabajo con dos gobiernos de nivel subnacional (Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) en el marco de una fuerte injerencia política del gobierno nacional, derivada ésta ?entre otras cosas- del hecho de que la Ciudad de Buenos Aires (CABA) es la Capital Federal desde hace más de cien años y de que sólo goza de autonomía para los asuntos locales desde 1996.En Argentina, la nación tiene supremacía normativa en materia de política ambiental y las provincias poseen el dominio originario de los recursos naturales y la primacía ejecutiva de él derivada (Gutiérrez, 2012). Por su parte, los municipios bonaerenses dependen normativamente de la provincia, tienen delegadas importantes competencias ambientales y no poseen autonomía financiera. Esto genera condicionantes importantes para la gestión ambiental metropolitana de Buenos Aires, donde se conjugan: 1) superposición vertical de jurisdicciones (nación, provincia, CABA y municipios bonaerenses) con autoridad y servicios en el mismo territorio y 2) alta fragmentación horizontal del territorio (más de 30 municipios bonaerenses). Todo esto se traduce en una multiplicidad de agencias burocráticas, organismos públicos descentralizados o autárquicos y empresas privadas de servicios con competencias ambientales de diverso tipo.Durante la última década, la cuestión ambiental se ha transformado en un asunto público crecientemente problematizado en la RMBA. En 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia en una causa judicial por daño ambiental colectivo en la que un conjunto de ciudadanos había demandado a los gobiernos competentes y a empresas localizadas en la cuenca Matanza-Riachuelo, exigiendo la recuperación y saneamiento de esta última. A partir de entonces, el proceso judicial generó tensiones y movimientos en la gestión ambiental de la región y en la distribución de las competencias metropolitanas para la implementación de la política ambiental. El emergente político-institucional más significativo de ese proceso ha sido la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), un organismo interjurisdiccional cuya función principal es coordinar acciones para el saneamiento de la cuenca, con competencia en el área sur de la CABA y catorce municipios del llamado Conurbano Bonaerense (i.e. el conjunto de municipios de la provincia de Buenos Aires que, junto con la CABA, conforman la RMBA) (Merlinsky, 2013).En el caso de los municipios metropolitanos que integran la cuenca Matanza-Riachuelo, el proceso señalado ha impulsado nuevas acciones en materia de saneamiento de basurales a cielo abierto, control de la contaminación industrial y ordenamiento ambiental del territorio. Si bien los resultados de este proceso son todavía difíciles de evaluar, es importante destacar que los municipios de la cuenca han tenido que incorporar nuevas funciones y programas para dar respuesta a los reclamos en la instancia judicial y para coordinar sus acciones con ACUMAR.Este proceso de cambio institucional (al cual es necesario sumar importantes transformaciones normativas de nivel nacional y provincial ocurridas desde 1994) ha traído al centro de la escena el debate sobre la política ambiental interjurisdiccional. Sin embargo, ACUMAR sólo tiene jurisdicción sobre una parte de la RMBA, pudiéndose conjeturar por tanto que la política ambiental municipal ha tenido impulsos diferentes en las distintas cuencas hidrográficas de la región .Este trabajo se concentra en el análisis de las políticas ambientales implementadas en el período 2009-2013 en localidades bonaerenses ubicadas en distintas cuencas hidrográficas de la RMBA: los municipios de Avellaneda y General San Martín. Avellaneda se encuentra en la cuenca Matanza-Riachuelo y General San Martín en la cuenca Reconquista. Se trata de dos municipios que tienen una dinámica histórica de urbanización y un nivel de complejidad ambiental similares, pero que, recientemente, han seguido una trayectoria diferente en materia de política ambiental. En el primer caso, se trata de un municipio que ha tenido que responder al proceso de judicialización del saneamiento del Matanza-Riachuelo; en el segundo, como veremos, la cuestión ambiental ha tenido, en el período bajo estudio, una baja visibilidad en la agenda política municipal.El propósito del trabajo es determinar de qué manera los gobiernos municipales ejecutan (como parte de su actividad ?regular?) las políticas ambientales que son de su competencia y cómo articulan con los otros niveles de gobierno. Buscamos identificar los principales avances y déficits de la política ambiental de los municipios frente a diferentes escenarios y oportunidades en materia de gestión interjurisdiccional de las cuencas hidrográficas metropolitanas. Nuestro propósito de mayor alcance es comprender la problemática ambiental metropolitana y, por esa vía, aportar al emergente campo de estudio de las políticas ambientales en Argentina.

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