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Hace ya algunas décadas que la literatura puso en la mira el problema de la colaboración entre empresarios y Estado como un eje cardinal de los debates sobre las particularidades y los impulsos de los procesos de industrialización (Schneider, 1999). Indudablemente el marco legal y constitucional en que esa colaboración tiene lugar, adquiere una particular relevancia. Aunque desde una mirada institucionalista podría objetarse que en gobiernos de facto, inconstitucionales, basados en el poder militar, el crecimiento económico se encuentra limitado por la marca de la anormalidad y el peligro de la anomia, existen casos significativos que muestran que la existencia de un sistema democrático no es requisito indispensable para el despegue. Los ejemplos de los países del sudeste asiático como Corea del Sur y el más reciente de China vienen a la mente cuando se piensa en esta hipótesis.