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Para la cosmovisión liberal clásica la educación es una de las tareas ineludibles que compete al Estado. Partiendo de premisas instrumentales, durante el siglo xx las sociedades occidentales adjudicaron a la educación un rol prometeico, capaz de resolver o morigerar los más diversos problemas sociales, desde las deficiencias en la salud pública hasta el avance del crimen y el desempleo. Así, se fue imponiendo la idea de que por sí misma la educación podría ser capaz de garantizar un mayor grado de desarrollo económico y de inclusión social. Hasta hace poco tiempo las políticas de inclusión, que tenían como eje la educación, recomendadas por los organismos multilaterales de crédito y desplegadas por gobiernos latinoamericanos, se concentraban en la formación básica. Sin embargo, desde hace una década la educación superior ha venido adquiriendo una importancia creciente, como lo muestran los programas de cuotas en Brasil y los programas de becas en Argentina, entre otros ejemplos. i enmarcamos este cambio dentro de los procesos de masificación de la educación universitaria que se iniciaron a mediados del siglo xx, parece claro que el análisis de las políticas que ponen el foco en la universidad representan una oportunidad inestimable para la reflexión no solo sobre las propias instituciones universitarias sino también sobre el Estado y las visiones normativas que estructuran el discurso de las agencias estatales, sobre todo en términos del concepto de equidad. Así, junto con otros colegas de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Rosario hemos iniciado un proyecto de investigación que intenta responder al siguiente interrogante: ¿en qué medida las políticas de inclusión dirigidas a la educación superior desarrolladas en la última década en la Argentina implican un avance en la democratización y la inclusión?

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