El orden o la libertad. La redefinición del espacio público porteño bajo el gobierno de Agustín P. Justo

GONZALEZ ALEMAN MARIANNE

General Sarmiento

Jornada; IV Jornadas "Política de masas y cultura de masas. América Latina en entreguerras: miradas locales, nacionales y transnacionales"; 2016

Universidad Nacional de General Sarmiento

Desde por lo menos los años 1850, las calles de Buenos Aires funcionaron como un espacio complementario al del voto; un espacio considerado válido, bajo ciertas condiciones, para la intervención ciudadana. Sin embargo, el derecho de reunión no fue objeto de una definición constitucional y legislativa hasta 1949. Durante la primera mitad del siglo XX, esta situación generó una relativa indeterminación conceptual y normativa en cuanto a la legitimidad y a la gestión concreta de los usos políticos de la calle. Entre 1932 y 1941, varios edictos policiales sobre reuniones públicas fueron impulsados desde el Poder Ejecutivo con el objetivo de precisar y prescribir las reglas del juego político callejero porteño. Estudiaremos estas empresas reglamentarias - cuyos fundamentos se inspiraban del pensamiento de los juristas franceses de aquél entonces - ubicándolas en el contexto de crisis política propio de los años 1930, tanto desde el punto de vista internacional como el local. En este marco, nuevas problemáticas - relacionadas con el impacto de los conflictos internacionales en la política argentina y con los cambios en las prácticas colectivas en la calle - influyeron en la forma en que las autoridades abordaron la gestión del espacio público. Centraremos el análisis en las reglamentaciones sucesivas del derecho de reunión y en sus fundamentos conceptuales, pero también en los debates públicos y parlamentarios que estas suscitaron. Se trata de dar cuenta de un momento particular de redefinición de las concepciones de lo político y, por ende, del rol tradicionalmente atribuido a la calle como espacio de intervención ciudadana.Frente a una realidad política europea percibida como un modelo a evitar, es en nombre de la defensa de la tradición republicana y liberal argentina que las nuevas normativas fueron justificadas desde el Poder Ejecutivo. Poco a poco, contribuyeron a reducir el perímetro de lo político en tres sentidos. En primer lugar, procuraron diferenciar la reunión pública de otros usos políticos de la calle percibidos como amenazantes. En segundo lugar, restringieron el acceso a la calle a un conjunto reducido de actores a partir de una diferenciación estricta entre el orden de « lo social » y de « lo político ». En particular, las movilizaciones obreras se vieron reducidas a una expresión puramente sectorial cuya voz no merecía ser expuesta en el espacio urbano de la cuidad, es decir en el campo lo político. Finalmente, al establecer diversas medidas de prohibición preventiva, las nuevas reglamentaciones otorgaron cada vez mayor peso al poder administrativo de la policía, dejando lugar a múltiples situaciones de excepción jurídica.