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Desde 2015 en la Provincia de Córdoba se han producido una serie de transformaciones y continuidades sumamente relevantes en relación al modo de gestionar la política securitaria. No es menor, en este sentido, reconocer la hegemonía establecida por una misma fuerza política durante los últimos 20 años, por lo que problematizar la seguridad es problematizar también el modo en que se dispone gobernar a las poblaciones. En este marco, durante el período 2004 ? 2015 la seguridad en Córdoba se caracterizó por un sesgo eminentemente punitivista, teniendo a la institución policial como actor protagonista para abordar el delito y los conflictos sociales. Esto se puede observar a partir de distintos elementos: un aumento sustancial de la cantidad de oficiales en las calles, un crecimiento sostenido de las partidas presupuestarias destinadas a seguridad en detrimento a otros rubros, prácticas policiales violentas como razzias, ?corralitos? públicos para los detenidos y casos graves de abuso policial e incluso de gatillo fácil. Este paradigma securitario comenzó a reconfigurarse en 2015 como consecuencia de la violencia con la que se ejerció y de las múltiples estrategias de denuncia y lucha antirrepresiva articuladas por organizaciones sociales, académicos, especialistas, entre otros. A partir de este momento, hubo una transformación en los modos de abordar la seguridad tanto por parte de los funcionarios provinciales como de la institución policial. De este modo, los discursos gubernamentales que sustentaban aquel modelo de ?mano dura? comenzaron a convivir y solaparse con discursos anclados en la prevención y la proximidad para abordar la cuestión de la inseguridad y los delitos en la Provincia. Es el objetivo de esta ponencia, entonces, mostrar a partir de un análisis de discurso la configuración de los modos de conceptualizar y abordar la seguridad a partir de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en la Provincia de Córdoba. La propuesta es, entonces, analizar los discursos enunciados tanto por las instituciones de gobierno como por la propia institución policial. Allí, la idea es reconstruir cómo se ha significado la cuestión de la seguridad desde el 2015 hasta la actualidad; la transición hacia un modelo de seguridad discursivamente anclado a conceptos como prevención, participación ciudadana e inclusión social; la adopción de un modelo de proximidad y el despliegue territorial de la fuerza policial provincial de manera diferenciada sobre cuadrantes geográficos que dividen el espacio urbano según factores de riesgo.

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