Diseño para el ensayo y el error. La Justicia letrada y los jueces en el Territorio nacional de la Pampa (1884-1934)

MARISA MORONI

Tierra Adentro...Instituciones económicas y sociales en los Territorios Nacionales (1884-1951)

Prohistoria ediciones

Lugar: Rosario; Año: 2010; p. 183 - 201

A fines del siglo XIX, en un contexto de expansión estatal, asistimos a un proceso de configuración de un sistema de justicia de alcance nacional orientado a ejercer funciones represivas, judiciales y de seguridad de las personas. Como refiere Speckman, el inicio de un absolutismo jurídico determinó que la justicia oficial sería la instancia privilegiada para la resolución de conflictos y los jueces designados por el Estado los encargados de aplicar la ley, sin embargo, la imposibilidad de unificar la práctica judicial profundizó la distancia con respecto a la normativa legal. En este contexto, las elites estatales y políticas asumieron un papel cardinal en la imposición de la ley del Estado, en forma paralela, los sectores subordinados de la población desplegaron una serie de estrategias de adaptación y resistencia que evidenciaban la multiplicidad de sentidos en la recepción de los proyectos estatales. Afortunadamente, en las últimas décadas asistimos a un renovado interés por incorporar estos matices en los estudios que explican la relación entre Estado, ley y justicia. Se trata de desplazar la mirada hacia experiencias judiciales informales en la aplicación de la ley. En esta presentación examinamos algunos aspectos de la institución judicial, desde una perspectiva analítica que incorpora la intervención de los actores vinculados a la administración de justicia en el Territorio nacional de la Pampa y descree del éxito de las políticas diseñadas por burocracias especializadas. En sintonía con las interpretaciones postuladas por Garland para el campo del control del delito, en el caso que analizamos, el funcionamiento de la justicia estuvo directamente asociado a las características y problemas de orden político, cultural y económico que atravesaba el Territorio pampeano donde los actores y las agencias gubernamentales se enfrentaban a la precariedad de la estructura de justicia. En el año 1884, con la sanción de ley 1532 se inició el proceso de organización institucional de los territorios nacionales, entre ellos el de la Pampa, en consecuencia, se produjo la instalación y consolidación de un grupo de funcionarios e instituciones encargadas de gestionar su administración. Estos espacios permanecerían sujetos al tutelaje estatal hasta tanto una arbitraria combinación de factores económicos y sociales garantizaran una salida ordenada hacia la autonomía política. Los estudios que analizan la situación política de los territorios nacionales, indican que la combinación de un marco legal que descartaba las particularidades regionales, sumado a una excesiva dependencia del poder central y a la escasez presupuestaria crónica los convertía en unidades administrativas marginales que descansaban en una pesada burocracia centralizada asociada al patrocinio de los grupos dominantes de cada territorio. La mencionada ley 1532 determinaba que el Estado nacional designaba -entre otros cargos- al gobernador y al juez letrado. En las jurisdicciones con menos de 1.000 habitantes, el gobernador elegía jueces de paz y comisarios de policía, situación que provocaba frecuentes enfrentamientos con la máxima autoridad judicial. A comienzos del siglo XX, la pugna entre funcionarios recrudece cuando los gobernadores asumen la facultad de anular elecciones municipales y de jueces de paz, además de resolver conflictos vinculados con la interpretación o aplicación de las leyes y decretos vigentes. La problemática relación a la hora de designar o suspender en sus funciones a agentes judiciales o policiales estaba atravesada por el antagonismo que existía entre el poder político que detentaban los gobernadores y la competencia profesional de los jueces. Ambos se proclamaban responsables de la seguridad pública y, en el caso de los magistrados, desplegaban una serie de mecanismos de intervención amparados en saberes y criterios profesionales. Por otra parte, los gobernadores recurrían a un entramado de relaciones para consolidar un ámbito poder local con el objeto de disciplinar a la población. En 1901, la tensa relación entre el gobernador y el juez Baltasar Beltrán motivó la intervención del Inspector General de Justicia que llegaba con la misión de evaluar las causas del enfrentamiento entre funcionarios, al respecto la prensa adelantaba: “los motivos de desacuerdo entre la gobernación y el juez letrado originado en negativas de aquella a cumplimentar las disposiciones de este y a la interpretación de leyes y disposiciones que evidentemente no corresponden a la rama administrativa”. En este artículo examinamos el laberíntico proceso de conformación de la Justicia letrada en el Territorio nacional de la Pampa desde sus inicios en 1884 hasta mediados de la década de 1930 cuando se produce la conflictiva descentralización judicial que generó un intenso movimiento social y político protagonizado por jueces, abogados y otros actores que cuestionaban la propuesta estatal. Creemos que el análisis de la institución judicial no debe soslayar el papel de los funcionarios jerarquizados que llegaban bajo la advocación del Estado y ejercían su pericia profesional en un espacio que poseía un marco jurídico-legal específico. En este sentido, el juez letrado representaba al profesional que actuaba como monitor de los objetivos estatales de control, sin embargo, la práctica judicial evidenciaba una constante adaptación de la normativa estatal. Su función al “servicio del estado” no descartaba ambiciones personales de ascenso profesional fuera del ámbito marginal que representaban los territorios. Para ello contamos con la documentación oficial producida por la Gobernación de la Pampa, tanto las series de expedientes y decretos, notas varias, memorias e informes de gobierno, como los libros de registro y copiadores correspondientes a la justicia letrada y de paz. Asimismo, en relación al ejercicio de la justicia y al Colegio de Abogados, hemos examinado la representación que producía en la prensa local. Los ejes analíticos del estudio se concentran en tres aspectos, en principio, se reconstruyen los jalones constitutivos de la Justicia letrada en el Territorio. En segundo lugar, examinamos el papel que desempeñaron los primeros jueces en la interpretación y aplicación de la ley y la justicia. Por último, reflejamos las prácticas y estrategias corporativas desarrolladas por los profesionales del derecho en relación a la descentralización de la justicia en la década de 1930.