Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana

GUSTAVO PALMIERI; SILVANA LAUZAN; CLAUDIO ABALOS; CAROLINA BARSKY; HERNÁN THOMAS

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina

CELS

Año: 2001; p. 69 - 146

El 2 de febrero de 2000, en la ciudad bonaerense de Dolores finalizó el juicio oral y público por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, sucedido el 25 de enero de 1997. Entre los condenados figuraban tres integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Daniel Prellezo, Aníbal Norberto Luna y Sergio Rubén Cammaratta. También fue condenado Gregorio Ríos, responsable de la custodia del empresario Alfredo Yabrán 'quien se había suicidado en 1998 cuando una comisión policial se dirigía a detenerlo por este crimen' y, además, los cuatro integrantes de la banda de delincuentes de Los Hornos a quienes Prellezo, instigado por Ríos, había contactado para participar de asesinato. En varios momentos del juicio se manifestó el modo en que la violencia policial se teje en una trama de violaciones a los derechos humanos e ilegalidades, donde los integrantes de las fuerzas de seguridad tienen un lugar protagónico y de articulación basado precisamente en el ejercicio de su función. El asesinato y la investigación que lo siguió mostraron que la ineficacia policial para garantizar los derechos ciudadanos es, en parte, la contracara del ejercicio de la violencia y de las prácticas de encubrimiento con que las instituciones de seguridad garantizan una situación de impunidad. En la medida que señalaron uno de los estrechos límites del Estado de Derecho en Argentina, casos como el de José Luis Cabezas o Sebastián Bordón funcionaron como desencadenantes de acciones de reforma policial; acciones que en mayor o menor medida dieron cuenta del riesgo que para la convivencia democrática significa el desarrollo de instituciones de seguridad que entienden al derecho como un obstáculo en su accionar. La gravedad, permanencia e inclusive el incremento de la violencia institucional durante el 2000 demostraron que el problema responde a patrones de conducta arraigados en el modo en que las instituciones ejercen la función de seguridad. El modo en que la violencia policial en Argentina se articula con relaciones institucionales y sociales puede explicar, en parte, la debilidad que muestran la mayoría de los procesos de reforma policial desarrollados a partir de los últimos tres años. Esta debilidad también responde a la incapacidad de los sectores políticos que buscaron desarrollar distintos cambios; esta incapacidad se debe, en parte, a una consuetudinaria delegación de las cuestiones de seguridad en los funcionarios policiales, y al temor por perturbar las rutinas tradicionales de intervención que generó el Estado autoritario. A este cuadro ya preocupante para la vigencia de los derechos humanos se suma la promoción que distintos funcionarios políticos han hecho del incremento de la violencia ejercida desde el Estado, de la reducción de los controles sobre las fuerzas de seguridad y de la violación de la ley como instrumentos adecuados para conjurar las demandas de seguridad de los habitantes. Varias de estas políticas y propuestas son analizadas en la primera parte de este capítulo, dedicada a mostrar cómo la violencia policial se presenta y articula en distintas jurisdicciones del país. Durante el 2000 ha resultado difícil encontrar acciones políticas promisorias o que por lo menos explicitaran la necesidad de reducir la violencia policial. En esta primera parte se analiza por un lado la jurisdicción nacional, no desde los hechos de violencia de las instituciones de seguridad dependientes del Estado Nacional, sino también desde la responsabilidad del gobierno federal en el desarrollo de políticas que incidan en el respeto y protección de los derechos humanos en las distintas jurisdicciones. Luego, el análisis de la situación en diversas provincias permite observar que el problema presenta graves dimensiones en distintos puntos del país y que en cada lugar se articula con similitudes y diferencias. La segunda parte contiene datos estadísticos que permiten observar desde una perspectiva cuantitativa, distintas dimensiones del fenómeno de la violencia policial. La información que se analiza en esa sección proviene del relevamiento sistemático de datos que el CELS realiza desde el año 1995. En la tercera parte, un análisis cualitativo sobre algunos casos de violencia policial permite observar el desarrollo de patrones que explican la continuidad del problema en Argentina. La cuarta y última parte señala algunas conclusiones y recomendaciones que pueden utilizarse para desarrollar acciones sobre el problema descripto.