La justicia en el ojo de la tormenta: lucha facciosa y delitos políticos en el marco de la organización del estado provincial Mendoza, 1824-1825

MOLINA, EUGENIA

Mar del Plata

Jornada; V Jornadas de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX. I Jornadas Internacionales de Trabajo y Discusión sobre el siglo XIX. "A doscientos años de la Asamblea de 1813"; 2013

Grupo de Estudios del Siglo XIX, CEHis, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET/Agencia de Promoción Científica

Este trabajo se inserta en un proyecto más amplio que apunta a reconstruir los procesos de construcción del poder y la legitimidad en el período extendido entre las reformas borbónicas y la consolidación de los estados provinciales. En él hemos elegido como forma de abordaje las posibilidades metodológicas ofrecidas por la historia social de la justicia, en cuanto permite seguir los trayectos de institucionalización de ésta en una mediana duración y en diversos contextos de legitimación (del principio monárquico a la soberanía popular, pasando por la complejidad revolucionaria), a la vez que los discursos y las prácticas de los actores implicados en la experiencia judicial. La ponencia que proponemos busca profundizar el análisis de la administración de justicia y su proceso de organización en el marco de la lucha facciosa local en el momento de configuración del estado provincial, cuestión que venimos estudiando desde hace un tiempo aunque desde otros aspectos (ordenamiento de la justicia inferior, criminalidad, puniciones). En este sentido, la justicia conformó un ámbito sobre el que la élite depositó una serie especial de expectativas vinculadas con lo que ella entendía como un gobierno bien constituido y con la necesaria atención a un espacio comunitario clave en el que el peso de la imagen del rey, como su último garante, todavía hallaba sus ecos. En efecto, en el bienio 1824-1825 cristalizaron los intentos ensayados desde 1820 de crear un diseño institucional que se ocupara de la justicia en primera instancia y las apelaciones a ella, junto con el elenco de otros funcionarios y auxiliares que completaran los escalones inferiores de la administración y las situaciones especiales (pobres, menores, esclavos, aguas). Esta cristalización, no obstante sus regulares fisuras, se relacionaba con la desaparición definitiva del cabildo, la cual fue sancionada por la Sala de Representantes en 1825, en una decisión que buscó poner orden en la superposición de jurisdicciones que se venía creando desde un año antes, cuando se instalaron jueces en lo civil y criminal hallándose todavía en funciones los alcaldes de primer y segundo voto. De hecho, también simultáneamente, en 1824, se había instalado un juez de policía, se había incorporado a los comisarios como nuevos agentes intermediarios entre los decuriones (jueces menores) y aquél en los cuadros urbanos e inmediatos al casco de la ciudad, y se había nombrado un defensor de menores, pobres y esclavos. Esta medida de eliminación del cabildo de la estructura local de gobierno intentaba organizar la administración de justicia a partir de una serie de criterios que tenían que ver con una justicia focalizada en sus funciones, separada por ello de las preocupaciones de policía (que quedaban bajo la órbita del ejecutivo), desempeñada por letrados y respetuosa de las leyes pero también de las libertades individuales. Estas expectativas aparecían integradas en el discurso de un sector de la élite local, precisamente aquél que llegó a hegemonizar el poder entre 1824, cuando los acontecimientos que acompañaron el desplazamiento del gobernador Pedro Molina terminó por allanarle el camino, hasta al menos 1828, cuando los coletazos político-militares generados por el rechazo de la Constitución de 1826 en sus diversos impactos regionales, atravesaron la vida pública mendocina. Sin embargo, la hegemonía que alcanzó este grupo compenetrado con las aspiraciones de separación de poderes y libertades individuales, fue resistida regularmente, como lo muestran algunos procesamientos por conspiración que no sólo hallamos en las fuentes judiciales sino que también fueron referidos y discutidos en la prensa local. Y es precisamente en ellos en lo que esta ponencia busca detenerse. En efecto, nos centraremos en tres expedientes que procesaron a un grupo de vecinos de la ciudad por acciones proyectadas o concretadas contra el gobierno, con el objetivo de analizar no sólo la trama política que se halló en su seno (la cual se vinculaba con la detección y aislamiento de opositores para consolidar el propio control de gobierno por la facción de turno), sino también los propios argumentos jurídicos y procedimientos judiciales que se utilizaron. Creemos que una lectura densa de estos documentos, contextualizada en la red de relaciones políticas y los procesos de institucionalización de la administración de justicia, nos permitirá comprender el modo en que las élites pos revolucionarias construyeron su legitimidad, en tanto en ella la cuestión de la justicia representaba un rol fundamental, conectado con las funciones de un estado provincial que debía proceder a organizar un poder antes derivado de la figura real como única fuente de delegación jurisdiccional, pero también porque aquélla hacía a las propias experiencias de la población que debía resolver sus conflictos cotidianos. El trabajo estará organizado en al menos tres apartados: el primero dedicado a una descripción de los expedientes en estudio, el segundo a su contextualización en la coyuntura política e institucional, y el tercero a la reconstrucción del universo jurídico y normativo que sirvió de marco al procesamiento y castigo de los acusados Se utilizarán fuentes conservadas en el Archivo Histórico de la Provincia correspondientes a Sección Sumarios Civiles y Militares (carp. 446, doc. 5 y 12) y Judicial Criminal (carp. 1-B). También fuentes éditas, sobre todo, las Actas de la Legislatura de Mendoza y el periódico El Eco de los Andes (1824-1825).