¿Es posible concertar las políticas educativas?

FILMUS, DANIEL

La concertación de políticas educativas en Argentina y América Latina

Miño y Davila

Lugar: Buenos Aires; Año: 1995; p. 1 - 10

La investigación y la evaluación educativas juegan un importante papel en la creación de igualdad de posibilidades para la concertación.El artículo comienza haciendo un repaso del concepto de gobernabilidad, alerta sobre la utilización restringida de dicho concepto y las perspectivas alternativas que se presentan, que incluyen la participación de los actores sociales. Posteriormente analiza el rol de la educación en torno a la construcción de una gobernabilidad democrática, que no queda restringido a la mera reproducción social .Por último, sostiene que plantear la problemática del aporte de la educación a la gobernabilidad democrática implica necesariamente debatir acerca de las condiciones de la misma en los propios sistemas educativos. Dicha gobernabilidad no puede ser únicamente producto de la capacidad de las autoridades educativas para ser obedecidas por sus propios atributos, sino de la capacidad de todos los actores del proceso educativo de articularse en dirección a llevar adelante los cambios, sin amenazas constantes a la interrupción del proceso que siembren incertidumbre en el conjunto de la sociedad, para lo cual analiza tanto el contexto de la concertación y los factores que permiten proponer el desarrollo de procesos de amplia concertación de políticas educativa como los elementos que exigen avanzar en estrategias de concertación para transformar los sistemas educativos.Concluye en que los últimos años se han desarrollado incipientes experiencias de concertaciones, acuerdos, pactos y consensos educativos en un conjunto de países de la región y que los estudios que se realicen sobre la temática pueden crear las condiciones de transparencia para que los distintos actores puedan negociar y acordar sobre la base de un conocimiento certero de la realidad educativa y de las decisiones posibles ante cada situación. Tanto la necesidad de contar con información precisa respecto de la situación del sistema educativo, la eficiencia en la utilización y distribución de los recursos y los logros respecto a los aprendizajes de los niños, como el manejo democrático de esta información, son funciones indelegables aunque no exclusivas del Estado. Poner estos datos en manos de la sociedad es uno de los principales aportes que la comunidad científica y el propio Estado pueden realizar para fortalecer el papel de los actores que deben protagonizar los procesos de construcción de la gobernabilidad democrática de los sistemas educativos, a fin de saldar las importantes deudas que se mantienen con el pasado y enfrentar los nuevos desafíos educativos que se plantean a partir de las transformaciones de fin de siglo.