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En las últimas décadas del siglo XX, en el marco de las profundas transformaciones socioeconómicas y políticas que atravesó la sociedad argentina desde mediados de la década de 1970, se produjo un fuerte deterioro en las formas y condiciones de acceso al suelo y a la vivienda para amplios sectores de población (véanse Herzer y otros, 1998; Salvia, 2005; Di Virgilio, Rodríguez y Mera, 2016; Bonfiglio y Salvia, 2017, entre otros). Por un lado, el proceso de empobrecimiento que ?por diferentes causas y contextos? afectó a la población argentina entre mediados de 1970 y principios de 2000, deterioró fuertemente el poder de compra del salario con respecto al valor de las viviendas. Por el otro, el proceso de reforma del Estado impulsado a inicios de la década de 1990, descentralización mediante, reorganizó en gran medida la lógica de la políticas sectoriales y tuvo impactos en la producción de la vivienda social. Si bien entre 2003 y 2012 la política de los planes federales de vivienda intentó remediar la situación, sus logros fueron limitados.En el marco de la crisis económica de 2001-2002, la política de vivienda no fue sólo una respuesta al déficit habitacional persistente, sino, antes bien, un motor de de¬sarrollo de estrategias de intervención extrasectoriales (Varela y Fernández Wagner, 2012; Del Río, 2012). Luego de décadas marcadas por la escasa intervención pública en materia habitacional, en 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner lanzó la política de los planes federales de vivienda. La iniciativa ?que se implementó en sucesivas etapas hasta entrado 2013? restituyó la cuestión de la vivienda en la agenda pública y reposicionó al Estado como actor clave en el sector, en virtud del volumen de recursos destinados y del volumen de las soluciones habitacionales producidas (véase Rodulfo y Boselli, 2014). En este marco, las intervenciones sectoriales persiguieron tres objetivos: la generación de empleo, la disminución del déficit habitacional y la reactivación de la economía local a partir de la movilización del mercado de la construcción.A pesar de que los planes federales constituyeron una oportunidad única para la intervención de los poderes públicos en la producción del espacio urbano, las dinámicas del mercado inmobiliario continuaron definiendo las condiciones de acceso a la vivienda (Vio, 2009; Del Río, 2012; Del Río y Duarte, 2012). La falta de respuestas políticas integrales en relación con las situaciones de déficit habitacional desplegó, por ende, un escenario adverso. En este marco, el trabajo da cuenta de las características que adquiere la cuestión habitacional en la Argentina contemporánea. La cuestión habitacional en general, y de la vivienda en particular, constituyen componentes sustantivos en las condiciones de vida de los grupos sociales. De este modo, su centralidad no queda definida sólo por el acceso, sino sobre todo por las condiciones (igualdad de acceso, acceso a servicios de agua potable y saneamiento adecuados, acceso a financiación, implementación de medidas de accesibilidad para personas discapacitadas, oferta de viviendas asequibles, seguridad jurídica de la tenencia, etc.), y por las locaciones en las que se accede (véase Najman, 2017).

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