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Durante la última dictadura militar se produjeron notables cambios en el funcionamiento de la economía argentina como resultado de la aplicación de una serie de reformas inspiradas en una nueva corriente de la tradición económica liberal surgida en el mundo académico norteamericano entre las cuales se destacan, tanto por su alcance como por sus resultados, la apertura comercial y la reforma del sistema financiero. En efecto, según diversos investigadores estos importantes cambios en el rumbo económico transformaron el modelo de acumulación centrado en la industrialización sustitutiva produciendo una modificación en el eje de valorización del capital, que se desplazó desde el sector industrial hacia el financiero; una transformación regresiva y heterogénea del aparato industrial observable en la reducción del producto industrial y en el alto nivel de concentración de la actividad; la consolidación de una estructura de distribución de los ingresos también regresiva, que implicó una sustantiva disminución de la participación de los asalariados en el ingreso nacional; y una crisis externa y fiscal sin precedentes, derivada, entre otras razones, del alto nivel de endeudamiento público, de la estatización de los pasivos privados y de un persistente proceso de fuga de activos líquidos. Esta nueva orientación de la gestión económica llevada adelante por el equipo liderado por Martínez de Hoz entre 1976 y 1981 combinó algunos aspectos tradicionales del ideario económico liberal, como el principio de subsidiaridad del Estado y la lucha contra la inflación y el déficit fiscal, con otros aportes más novedosos originados en la Escuela de Chicago, como por ejemplo, el denominado enfoque monetario del balance de pagos[ que se aplicó recién hacia fines de 1978 ante los escasos éxitos logrados en el control del proceso inflacionario. Sin embargo, la gestión económica estatal llevada adelante durante la dictadura no puede ser considerada como una gestión liberal ortodoxa en términos estrictos, ya que existieron importantes divergencias al interior de la alianza gobernante y dentro del gabinete económico mismo, con respecto al rol que el Estado debía jugar en el proceso económico. Estas discrepancias impidieron desmantelar las diferentes políticas de intervención estatal que se venían realizando desde hacía varios años, como por ejemplo, la promoción industrial, la obra pública y el desarrollo de proyectos mixtos de inversión (privado-estatal) en áreas especialmente seleccionadas. Incluso, como se verá más adelante, varias de ellas se ampliaron sustantivamente durante el período de análisis. Por lo tanto, es posible afirmar que esta etapa del manejo de la política económica se caracterizó por un elevado nivel de pragmatismo, mediante el cual se generó una superposición de medidas que procuraban disminuir el peso del aparato estatal en la economía (como por ejemplo la privatización total y periférica de ciertas actividades y/o empresas estatales) con políticas de fuerte nivel de intervención económica (tales como los planes de obras públicas de gran envergadura, la promoción industrial y la ampliación del complejo militar-industrial liderado por Fabricaciones Militares y otras empresas estatales productoras de insumos básicos como SOMISA, YPF y Gas del Estado). Este carácter dual del nuevo modelo fue señalado tempranamente por varios analistas y más recientemente por Pucciarelli. En efecto, para este autor durante la dictadura se configuró un modelo muy particular, el modelo liberal corporativo, que se distingue de los anteriores por combinar las nuevas orientaciones de la tecnocracia liberal liderada por el ministro Martínez de Hoz con las ideas intervencionistas de varios sectores de las Fuerzas Armadas y las viejas prácticas corporativas de ciertas fracciones de la gran burguesía y de la tecnoburocracia estatal. Precisamente, en este trabajo se pretende demostrar que este nuevo modelo signado por la superposición contradictoria de orientaciones en la gestión económica estatal, permitió consolidar y agudizar una característica central del régimen de acumulación de capital: la expansión de un sector de las grandes empresas que operan en el mercado local en base a la obtención de altos márgenes de ganancia extraordinaria originados en la existencia de contextos privilegiados de acumulación creados y sostenidos por el accionar del aparato estatal.

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