Jueces, policía y la administración de justicia criminal en Buenos Aires, 1810-1850+

OSVALDO BARRENECHE (AUTOR DEL CAPÍTULO)

Violencias, justicias y delitos en la Argentina

Manantial

Lugar: Buenos Aires; Año: 2002; p. 73 - 92

Los estudios basados en los archivos policiales han servido para analizar los mecanismos de control social y las prácticas penales puestas en marcha por los gobiernos surgidos del proceso de independencia en América Latina. En una investigación de ese tenor que tomaba el caso de Buenos Aires, se concluyó que estos procedimientos o prácticas legales no se transformaron en herramientas que facilitasen la formación de un estado representativo y democrático. Otros estudios similares han visto también aspectos que reflejan la continuidad de esas medidas de control en regímenes de diverso signo político como los de Rivadavia y Rosas. Pero es necesario ir mas allá de la aplicación de esas políticas de acción policial para interpretar la relación de dicha tarea tan funcional a las urgencias en materia de seguridad de esos gobiernos republicanos, con otros engranajes de la administración de justicia criminal. Recién ahí tendremos un panorama completo sobre esta etapa formativa y crucial del sistema penal argentino moderno. Es por eso que el presente trabajo analiza algunas características de la administración de justicia criminal en Buenos Aires a través de aspectos vinculados a las prácticas penales y procesales aplicadas por funcionarios judiciales, policiales y autoridades ejecutivas durante las primeras décadas republicanas.      A diferencia de México, que tuvo una Suprema Corte de Justicia desde mediados de la década de 1820, esta instancia judicial superior no fue creada hasta 1862 en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue así que la Cámara de Apelaciones o Tribunal de Justicia porteño debió cumplir tal rol durante esas décadas, lo que no habría sido suficiente para garantizar los derechos ciudadanos en el sistema de justicia criminal. La justicia penal republicana retuvo la capacidad de interpretación de las leyes en casos concretos que tenían los tribunales coloniales, pero al mismo tiempo esta atribución se vio disminuida por la creciente injerencia de los otros poderes en instancias claves del proceso penal, lo que implicaba muchas veces la adopción de medidas reñidas con las debidas garantías procesales.      La justicia criminal se opuso en general a estas medidas extraordinarias aunque más no fuera para reafirmar su rol dentro de las instituciones emergentes. Sin embargo, esta política institucional contribuyó a crear esa imagen de ineficiencia judicial que, quizás alimentada a propósito por los demás poderes, dio origen a la intervención de otros funcionarios para solucionar dichas cuestiones. En este sentido, el estudio de las prácticas penales a través de las fuentes judiciales sin duda contribuye a comprender mejor los aspectos esenciales de esta etapa histórica y nos permite estudiar la interacción de magistrados, auxiliares judiciales, autoridades ejecutivas y policiales en la administración cotidiana de la justicia criminal republicana.