Regularización de la informalidad urbana: notas para el estudio de las acciones emprendidas en la provincia de Buenos Aires, Argentina

RELLI, MARIANA

Montevideo, Uruguay

Congreso; 12º Encuentro de Geógrafos de Latinoamérica; 2009

Universidad de la República, Uruguay

La producción de ciudades, en general, y de las áreas residenciales, en particular, está regulada por un conjunto de normas (leyes nacionales y provinciales, ordenanzas municipales) que indican las características que deben tener los loteos y las construcciones de vivienda, equipamiento e infraestructura desde el punto de vista urbanístico (normas de subdivisión de terrenos y construcción de inmuebles) y los requerimientos ambientales para la localización de los distintos usos urbanos (residencial, industrial, comercial, productivo, recreativo, etc.). Por otro lado, este conjunto de normas también regula los aspectos dominiales, referidos a la titularidad de los inmuebles y su registro. Todo lo que se produzca fuera de los marcos normativos es calificado de ilegal, irregular o informal porque no cumple con las formalidades de la ley. La irregularidad urbana es un hecho jurídico, es decir, “implica la calificación de un determinado espacio urbano o de un inmueble en particular en términos del no cumplimiento de normas jurídicas que regulan las relaciones de propiedad o las formas de producción del espacio urbano aplicables en cada caso” (Duhau 2003). En las ciudades latinoamericanas coexisten dos formas de urbanización: la urbanización convencional y la urbanización espontánea o popular, esta última, protagonizada por quienes no pueden comprar una vivienda en el mercado ni son beneficiarios de políticas habitacionales públicas, es decir, quienes están impedidos de habitar la ciudad por la vía formal. Urbanización espontánea e informalidad urbana suelen ser dos características de las áreas de residencia de los sectores sociales excluidos. En Argentina, las formas de hábitat informal más extendidas son las villas miseria, los asentamientos, los loteos irregulares y los loteos clandestinos; los encontramos mayoritariamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las grandes ciudades del país, tales como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Gran La Plata, entre otras. Su informalidad puede estar referida al dominio, a las condiciones urbanoambientales o a ambas conjuntamente. Frente a la informalidad del hábitat popular, el Estado no ha permanecido neutro. Sea operando activamente -alentando la radicación o la erradicación de villas y asentamientos- o, simplemente, dejando hacer, los actores estatales tienen grandes responsabilidades en cuanto a la existencia, consolidación, represión, legalización o regularización de las diferentes formas de hábitat informal. En la década del 90, en Argentina -como en otros países de América Latina- fueron alentadas diversas políticas de regularización ex post que actúan sobre los problemas de dominio y/o sobre las condiciones urbanas y ambientales de los asentamientos. Dichas acciones fueron impulsadas desde los organismos internacionales de crédito (BID, BM) e implementadas por los actores gubernamentales locales. En el trabajo de investigación “Políticas de regularización de asentamientos informales en el Gran La Plata durante la década del ‘90. Sus impactos en la situación dominial y en el mejoramiento urbano ambiental” (CEUR/CONICET) intentamos realizar un aporte al conocimiento de las políticas, programas y herramientas de regularización de asentamientos informales ejecutados por los organismos del Estado en el aglomerado del Gran La Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina) y de sus impactos en cuanto a la formalización de los asentamientos populares y el mejoramiento de sus condiciones urbanoambientales. En el Gran La Plata -aglomerado conformado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada- encontramos acciones desde todos los niveles del Estado: mínimas intervenciones del Programa Arraigo (de regularización de asentamientos sobre tierras de dominio privado del Estado Nacional), aplicaciones de la ley 24.374 (de regularización de ocupaciones sobre tierras privadas), expropiaciones de tierras por parte del gobierno provincial para su posterior transferencia a los ocupantes en procesos de regularización y otras acciones puntuales desde los gobiernos municipales. En esta oportunidad, queremos compartir el estado de avance de una de las líneas de la investigación que llevamos adelante: el análisis de las políticas, los programas y otras herramientas jurídicas diseñadas para la regularización de asentamientos informales, distinguiendo los niveles a los que pertenecen las instituciones estatales que tienen injerencia en el territorio local. El rastreo de información nos permitió realizar una descripción de dichas operatorias en función de los objetivos que persiguen, los tipos de asentamientos donde intervienen, el perfil de la población a la que van dirigidas, los actores no estatales a los que se convoca y los recursos que utilizan. La descripción realizada nos sirve de insumo básico para el análisis reflexivo del marco normativo e institucional en el que se inscriben las operatorias de regularización del hábitat informal.